La noche del pasado 18 de enero tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) un accidente ferroviario, cuando tres vagones de un tren Iryo descarrilaron e invadieron la vía contraria chocando. Pocos segundos después, un tren Alvia que iba en sentido contrario colisionó con los vagones provocando 45 muertos (incluido el maquinista del Alvia) y 123 heridos (20 aún continúan hospitalizados al cierre de este artículo), convirtiéndose en el siniestro ferroviario más grave desde el ocurrido en Santiago de Compostela en julio de 2013. Dos días después, se desprendía un muro de contención sobre la vía de la línea R4 de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) y un tren chocaba con los escombros en un accidente en el que el maquinista, al parecer en prácticas, perdía la vida y 37 pasajeros resultaron heridos, cinco en estado grave.
Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria – IZAR nos dirigimos a los familiares y amigos/as de las víctimas y heridos/as en primer lugar para expresar toda nuestra solidaridad como organización.
Las consecuencias de la privatización
Mientras continúan las investigaciones, en el accidente de Rodalies la climatología podría ser la causante de la caída del muro, debido a las fuertes lluvias que caían sobre Barcelona, aunque en un vídeo de la sexta un vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos rechaza que “fueran suficientes como para derribar el muro.”
En el caso de Adamuz, las hipótesis de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apuntan a una rotura o alteración de la vía. Las marcas en las ruedas de otros trenes que circularon previamente por ese tramo, lo que podría indicar que la vía ya estaba bastante defectuosa, y las soldaduras de carril que se han visto en las imágenes de la Guardia Civil, con una distancia entre ambas que está prohibida por la normativa técnica que regula el mantenimiento y montaje de la vía ferroviaria.
Ya en verano, desde el sindicato de maquinistas (SEMAF) señalaba que “el mal estado de infraestructura estaba dañando los trenes” y que “el uso intensivo que están teniendo las líneas con tantas operadoras requiere que el mantenimiento sea bastante mayor”, pidiendo “una reducción de la velocidad a modo de prevención”.
Una tragedia que tiene responsables
El proceso de privatización del sistema ferroviario se inició en 1990 y se ha ido llevando a cabo con los gobiernos de diferente pelaje que se han ido sucediendo desde entonces. Las dos versiones del gobierno más progresista de la historia (PSOE-Unidas Podemos y PSOE-Sumar) no solo no han revertido estas políticas, sino que han puesto su guinda con la liberalización de la alta velocidad en el 2021, provocando que cada año aumente el número de trenes que circulan por la red ferroviaria, lo que genera un mayor desgaste en las vías, sin que las inversiones en los trabajos de mantenimiento se hayan equiparado a dicho aumento.
Según los últimos datos de Adif, en 2024 hubo un 22% más de viajeros circulando que en 2023 y un 77% más que en 2019. Un incremento que no se ha visto reflejado en un crecimiento de las inversiones necesarias para la conservación de la red. De hecho, a pesar de que en los tramos que conectan Madrid con Málaga y con Sevilla el número de viajeros ha aumentado más del 13% (casi un 18% en el caso de Madrid-Sevilla), SEMAF denuncia una financiación insuficiente, manteniendo sistemas de señalización obsoletos como el LZB y teniendo un solo tren auscultador para toda la red y los problemas a la hora de obtener repuestos.
Mientras tanto, se ha regado con decenas de millones de dinero público a cuatro empresas para la renovación del tramo en el que se ha producido el accidente de Adamuz: Ferrovial, OHLA, FCC-Convensa (multadas por manipular licitaciones públicas por más de 20 años) y Azvi (implicada en el caso Koldo). Pero este debate sobre las causas de las privatizaciones del sector y los beneficios de las empresas no les interesa ni a los gobiernos, como vimos en las declaraciones de Óscar Puente, Pedro Sánchez, Juanma Moreno o Díaz Ayuso; ni a los bulos de la extrema derecha.
Mientras la clase trabajadora en Adamuz corría a ayudar como fuera tras el accidente, las empresas de transporte buscaban sacar tajada de esta tragedia aumentando los precios de los vuelos y los coches de alquiler, especulando con los días que estaría suspendido el servicio de trenes.
Por unos servicios públicos 100% y en manos de los y las trabajadoras
Adamuz como Tempe (Grecia) en 2023 son el resultado de la lógica capitalista, que convierte los servicios como el transporte o la sanidad en negocios de los que sacar el máximo beneficio. Todo vale para aumentar los dividendos, mientras la clase obrera paga el pato, recortando las inversiones hasta poner en riesgo la vida de las personas como en el caso de los cribados en Andalucía y ahora en el servicio ferroviario. Por eso es tan necesario tener unos servicios públicos de calidad, que estén en manos de los y las que los usan y los hacen funcionar. Esto es algo que solo puede conseguir el conjunto de los y las trabajadoras, que por el papel que juega en la producción son quienes tienen la capacidad de revertir esta lógica criminal del sistema capitalista y generar una nueva sociedad comunista, que ponga los intereses de la mayoría por encima de los intereses de unos pocos ricachones parásitos que viven a nuestra costa. Desde IZAR apoyamos la huelga en el ferrocarril los días 9, 10 y 11 de febrero, que debería servir como punto de apoyo para la convocatoria de una huelga general en el Estado español.
