Tal día como hoy, 19 de diciembre, hace 25 años fallecía a la edad de 54 años el granadino Carlos Cano, cantautor y, ante todo, cultivador de la copla andaluza, un género que recuperó de las garras de la propaganda franquista y que reivindicó para la crítica social. Aunque nunca militó formalmente en ningún partido político, Carlos fue toda su vida un militante del andalucismo de izquierdas, un proyecto político que resumió en que él no perseguía «una Andalucía libre, sino una Andalucía de hombres y mujeres libres». Nieto de un maestro químico que murió fusilado en la tapia del cementerio de San José tras intentar impedir que la fábrica de pólvora de El Fargue cayera en manos de los fascistas, Carlos llevó su conciencia de clase a la música, un compromiso que le costó la represión política en ocasiones, como cuando lo apresaron por cantar a los albañiles asesinados por la policía en la huelga de la construcción de Granada o fue declarado persona non grata en Madrid por participar en un homenaje a García Lorca. Es por eso que en IZAR, cuando decidimos impulsar el ateneo La Morrallita en Granada, le dimos el nombre de la canción homónima de Carlos. Sus letras reflejan que la lucha por la autodeterminación de Andalucía en los 1970 —que culminaría con el reconocimiento de su nacionalidad histórica en la Constitución y con su autonomía tras el referéndum del 28 de febrero de 1980— fue también el vehículo de aspiraciones más hondas y radicales por otro tipo de sociedad, como desde IZAR explicamos en nuestro cuadernillo La lucha por la autodeterminación deAndalucía, número 16 de la serie La Actualidad de la Revolución.
Una de sus canciones políticas más conocidas quizá sea La murga de los currelantes, escrita en 1977. Esta canción enumera toda una tabla reivindicativa social que, según el autor, podría realizarse bajo el autogobierno andaluz: reforma agraria («Maroto, siembra la tierra que no es un coto»), reparto del trabajo («s’acabe el paro y haiga trabajo»), servicios públicos («escuela gratis, medicina y hospital»), ruptura con las instituciones políticas heredadas de la dictadura frente a la llamada «reconciliación nacional» propugnada por las fuerzas reformistas de la Transición («y es que las dentaúras ya no están duras pa’ estas huesuras, y llega la rotura»), la consecuente depuración de cargos públicos corruptos y cleptócratas y el cese de sus redes clientelares («Manuel, ¿con el cacique qué vas a hacer?»)… Sorprendentemente, hace unos días, en el Parlamento andaluzesas letrillas salieron de la boca del portavoz de Vox, un partido que rechaza toda la simbología autonómica andaluza. El vocero de la extrema derecha se apropió de la canción de Carlos Cano para enumerar las promesas incumplidas del autonomismo andaluz según, claro, su programa político: liberalización del suelo para pelotazos inmobiliarios, sobreexplotación agrícola desregulada y mayor flexibilización de las condiciones laborales —algo que, por otro lado, coincide plenamente con las políticas de PSOE y PP en la Junta de Andalucía—.
Es destacable que esta resignificación en clave reaccionaria de La murga de los currelantes no se dio un día cualquiera, sino la víspera del 4 de diciembre, cuando se recuerda el asesinato del joven malagueño de 18 años Manuel José García Caparrós, obrero de Cervezas Victoria y sindicalista de CCOO, al que la Policía Armada le metió un tiro cuando un grupo intentó colgar una arbonaida en la fachada de la Diputación durante la manifestación de 1977 en favor de la autonomía andaluza en Málaga. En esa manifestación Caparrós fue el único muerto de muchos heridos por porras, balas de goma y armas de fuego. A día de hoy, mientras Moreno Bonilla conmemora oficialmente esa fecha como el Día de la Bandera, el PP en el Congreso sigue bloqueando la desclasificación del expediente policial del asesinato de Caparrós y Vox ha menospreciado abiertamente la petición de la familia. La placa que recuerda a Caparrós en Málaga es continuamente vandalizada por la extrema derecha.
Lo cierto es que La murga de los currelantes hace una lista de tareas pendientes de la clase obrera andaluza que sigue vigente. Andalucía sigue siendo una de las regiones más pobres de Europa: cada año, varias localidades andaluces registran las rentas per cápita más bajas de la Unión Europea, entre las cuales figuran pueblos agrícolas como Zafarraya y Vícar, donde la concentración de riqueza en unas cuantas empresas agroexportadoras contrasta con los ejércitos de jornaleros, muchos de ellos migrantes, precarios y sin derechos, que se hacinan en esas infraviviendas que de vez en cuando los capataces y sus matones incendian para disciplinarlos, y que nos recuerdan a El Salustiano de Carlos, ese emigrante andaluz que proveyó de mano de obra barata a la industria alemana buscando mejores salarios. Andalucía es, de hecho, la comunidad autónoma con más paro, lo que mantiene una remesa estructural de trabajadores disponible en todo momento para cubrir la alta demanda de contratos temporales, lo que la sitúa a la cabeza de todo el estado. Esta situación es sobre todo sangrante para la juventud, cuya tasa de desempleo fluctúa todos los años entre el 40% y el 30% según la temporada. El empobrecimiento y el paro son consustanciales al modelo del pelotazo urbanístico y la turistificación, esa «modernización andaluza» inaugurada simbólicamente con la Expo del 92, que condena a la clase trabajadora a subsistir en ciudades inhabitables con los precios de la vivienda muy por encima de la media española, con una subida del 13% en el último trimestre y un incremento del alquiler del 20% en un año. Málaga es la quinta ciudad española con el alquiler más caro, y por poco le sigue Sevilla. Además, las condiciones de vida de la clase trabajadora andaluza están empeorando como consecuencia del desmantelamiento gradual y la privatización de los servicios públicos, lo que viene acompañado de la reforma fiscal de PP y Vox por la que la Junta de Andalucía, solamente en el año 2022, dejó de recaudar unos 750 millones de euros de las rentas más altas.
Al mismo tiempo, la autonomía andaluza, con su encaje en el Estado español y su integración en la Unión Europea, sí que ha reportado sustanciosos beneficios a la burguesía andaluza, ésa que históricamente reinvertía el excedente agrario en centros industriales fuera de Andalucía y que contribuyó al expolio de recursos sin procesamiento local, condenando a esta tierra al subdesarrollo capitalista. Andalucía es una economía terciarizada, muy dependiente del capital extranjero como antaño y con muy poco tejido industrial, concentrado fundamentalmente en el sector agroalimentario. La producción industrial roza el 10% del PIB, seis puntos por debajo de la media española, y sectores estratégicos como el naval y el metalúrgico sufren progresivamente cierres y deslocalización, solo frenados por la combatividad sindical de sus trabajadores. Y esto sucede no a pesar de, sino gracias al desarrollo de infraestructuras logísticas mediante los fondos de cohesión europeos, encaminados a favorecer el tráfico de mercancías en los mismos términos de desequilibrio estructural que han favorecido desde siempre la acumulación de capital de la burguesía en Andalucía.
Hoy como ayer, el latifundio es una fuente de poder y riqueza de las clases dominantes andaluces. La Política Agraria Común, que se vende como una herramienta para paliar los desajustes entre competidores en el mercado europeo, apuntalan la desigualdad: el 20% que más tierra posee se lleva el 80% de las ayudas, entre los que destacan aristocráticos apellidos compuestos que hunden sus raíces en la colonización de esta «Castilla La Novísima», que sirvió de ensayo general para la de América, ambas hoy vindicadas —no por casualidad cuando las potencias imperialistas europea y estadounidense atraviesan un proceso de decadencia y auge reaccionario y quieren morir matando— por esa corriente propagandística nacionalcatólica que representa el panfleto superventas Imperiofobia y Leyenda Negra, premiado por la Junta de Susana Díaz. La reforma agraria, una demanda histórica del movimiento jornalero andaluz, se convirtió significativamente en una ley autonómica en 1984 que prometió la expropiación de tierras (comprándolas con dinero público) y su redistribución, en medio de ese auge de la movilización por la autodeterminación andaluza. Sin embargo, esa legislación, bajo la gestión del más leal aperador andaluz, el PSOE, no solo no cristalizó en ningún cambio sustancial en favor de la clase obrera, sino que permitió más saqueo de caudales públicos por parte de terratenientes y una mayor concentración de suelo a manos de banqueros e inmobiliarias. Los viejos señores a caballo del campo andaluz conviven hoy con fondos buitre que especulan con fincas rústicas revalorizadas por el modelo agroexportador y la burbuja de las energías renovables; esos nuevos colonos que, como cantaba Carlos, embrujados por el arte y la gracia de Andalucía vienen a aprender «sevillanas de Chamberí» y administrar el saqueo.
El extractivismo en Andalucía no solo ha cambiado de rostro, sino que está alterando también el paisaje por completo. La especulación se abre paso incendiando montes. El monocultivo y la industria agroalimentaria intensiva requieren recursos hídricos que secan comarcas enteras, como es el caso del subtropical en La Axarquía, además del abuso de agroquímicos, que se suma al hecho de que el 30% de las depuradoras andaluzas vierten aguas contaminadas, un atentado ecológico que se ha detectado especialmente en zonas hoteleras de la costa. Obras civiles como la variante del AVE a su paso por Loja ponen en riesgo acuíferos con el objetivo de acortar la distancia entre los destinos turísticos de Málaga y Granada. En definitva, y como ejemplifican la movilización de los vecinos del barrio malagueño de Mangas Verdes y la lucha de los vecinos de Monachil contra las tomas de Cetursa para fabricar nieve artificial en la estación de esquí de Sierra Nevada, el agua es hoy en Andalucía un bien en disputa entre el voraz sector hostelero-turístico y la clase trabajadora.
Las vistas aéreas de Doñana tomadas por el fotógrafo del CSIC Héctor Garrido son un retrato fidedigno de la destrucción y el expolio del suelo andaluz en busca de la ganancia capitalista que han garantizado los distintos gobiernos autonómicos, incluido el del PSOE durante 40 años, que, aunque ahora se rasgue las vestiduras ante la gestión de los pozos ilegales por el PP, no solo permitió esos riegos sino que los financió con fondos europeos además de autorizar un almacén de gas en el parque. El gobierno de Moreno Bonilla es continuador de las mismas políticas de recortes y saqueo que vimos con Chaves o Griñán y Valderas (IULV-CA). La autonomía, tan soñada y peleada por los andalucistas, en vez de dar la soberanía a la clase trabajadora andaluza, terminó por reforzar el viejo poder. Casi proféticamente, en 1977, cuando la lucha abría nuevos horizontes de transformación social, Carlos Cano le pidió a la política no fuera «esaboría». En sus últimos discos Carlos cantó a la Yugoslavia en guerra y a Lucrecia Pérez, trabajadora doméstica inmigrante asesinada por una banda de neonazis; hoy atravesamos una coyuntura en la que los asesinos de Lucrecia Pérez y los ricos que iban de safari humano a Sarajevo están en gobiernos desplegando sus programas políticos. Defender Andalucía, que cantaba otro granadino, el cantaor Enrique Morente,pasa necesariamente por pasar a la ofensiva contra este sistema de explotación y opresión, algo que solo lograremos desde nuestro bando social y mediante la lucha y la organización independiente de la clase trabajadora: «Lo primero, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros… La que da la batalla y no recibe una medalla… De esa misma morralla, morrallita soy yo».
