De estos polvos, estos lodos
El pasado 20 de noviembre, 50 años después de la muerte de Franco, el Tribunal Supremo (TS) hizo público el fallo que condenaba al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación y a pagar 10.000 euros al delincuente confeso y actual pareja de Ayuso, Alberto González Amador, el cual habría defraudado más de 350.000 euros.
Desde ese día, son muchos los/as tertulianas que se indignan y hablan, incluso, de “golpe judicial”. Parece como si, de pronto, todos se hubiesen caído de un guindo al comprobar que, efectivamente, la justicia no es igual para todos y que ésta, está controlada por jueces que hacen y deshacen en función de unos intereses políticos y económicos ajenos a los de la mayoría de la población. La novedad reside aquí en que, esta vez, le ha tocado a un fiscal en lugar de a un sindicalista, a un rapero o a un independentista.
Y esto se explica porque en el Estado Español, la justicia no solo no es neutral como en cualquier otro estado capitalista, sino que además está, en el Estado Español, impregnada de un pasado franquista, al haber permanecido al frente de la judicatura los mismos jueces que actuaban durante la dictadura. Al igual que pasa con el aparato militar o policial, la Transición nunca rompió con los cimientos de las instituciones franquistas. Así pues, el Tribunal de Orden Público (TOP) fascista sólo cambió de nombre para pasar a llamarse Audiencia Nacional (AN), mientras 10 de los 16 jueces del TOP se reconvertían directamente en magistrados del TS y de la AN tras la muerte del dictador. La ley de amnistía de 1977 que hizo imposible que se pudiera juzgar a los verdugos de la dictadura, sí hizo, en cambio, posible que los jueces, militares, policías y guardias civiles franquistas se blanquearan de un día para otro, convirtiéndose del día a la mañana en defensores de la democracia. Para mear y no echar gota. Al final, de lo que se trataba era, sin duda, de que “cambiara algo, para que no cambiase nada”. Y lo mismo ocurrió con las empresas que hicieron fortuna durante la dictadura gracias a su apoyo directo al régimen fascista y que son, hoy, muchas de las que cotizan en el IBEX 35 y cuyos nombres nos suenan a todos: Naturgy, OHL, Iberdrola, Acciona, ACS, etc…
Una justicia a dos velocidades
Bajo el sistema capitalista, existe por tanto una justicia a dos velocidades. La justicia que condena a años de cárcel a sindicalistasi, antifascistasii o raperosiii y la que es indulgente con las empresas que pagan sobornos a políticosiv y que no duda en cambiar sentencias que perjudican a la bancavpor “su enorme repercusión económica y social”. Sin embargo, la izquierda institucional que gobierna o ha gobernado nunca ha puesto el grito en el cielo ni ha actuado en contra de esa realidad. Y es que a cualquier Gobierno le viene bien poder controlar la calle y reprimir a su antojo cuando las protestas se van de madre. No hay más que ver la respuesta del Gobierno PSOE-SUMAR durante la pasada huelga del metal en Cádiz: tanquetas y detenciones. No es de extrañar entonces que 6 años después del primer gobierno de coalición, la Ley Mordaza sigue viva y coleando y que los indultos a los activistas encarcelados por luchar nunca hayan llegado.
Pero la justicia no es sólo un ariete para que los capitalistas asienten su dominación de clase. También es un lugar de pugna entre los partidos del régimen del 78 que la utilizan para enfrentarse políticamente. En ese sentido, en noviembre de 2023, Aznar hizo un llamado a todos los sectores de las instituciones del Estado proclives a sus postulados para que “el que pudiera hacer, hiciera”.El fallo contra el Fiscal General del Estado se enmarca en esa lógica. Y para “hacer”, el PP y VOX cuentan con un ejército de magistrados con una larga trayectoria reaccionariavi.
Hay que depurar el aparato del Estado de franquistas
La Transición nunca depuró a los franquistas del aparato del Estado. Los jueces, militares, guardias civiles y policías de entonces son los que han ido formando a los jueces, militares, guardias civiles y policías de ahora. Quizás eso explique que cerca de un 50% de los militares y policías sean votantes de la extrema derecha (VOX y SALF) y que la derecha en su conjunto (con el PP incluido) cuente con un aplastante respaldo del 77% mientras se pilla por un grupo de Whatsaap, a altos mandos retirados del ejército, llamando a fusilar a “26 millones de hijos de puta” y a “dar un golpe de estado”.
Hace falta depurar de una vez el aparato del Estado aunque solo sea por decencia. Sin embargo, eso no lo va a hacer este Gobierno. Sería reconocer que la Transición ha sido un paripé y sería ir en contra de los cimientos del régimen del 78 y del propio sistema capitalista de los que son evidentemente partícipes.
Para luchar consecuentemente contra estos cimientos del régimen del 78 y contra un sistema capitalista que se apoya en el Estado para mantener a salvo los intereses económicos de una minoría de capitalistas, es imprescindible una movilización sostenida de la clase trabajadora y de la juventud que combine reivindicaciones como la derogación de la Ley Mordaza y la liberación inmediata de decenas de activistas políticos encarcelados por movilizarse pero con la mirada puesta en la lucha contra un sistema injusto que solo genera explotación, guerras, opresiones, extrema derecha y destrucción del planeta mientras se apoya en un Estado y en una instituciones que sólo existen para favorecer y proteger los intereses de los más ricos.
i Por ejemplo los “6 de la Suiza” condenados a tres años y medio de cárcel por organizar concentraciones frente a una pastelería y denunciar el acoso laboral y sexual padecido por una trabajadora.
ii Los “6 de Zaragoza” son antifascista que entraron a prisión en abril de 2024 por participar en una manifestación en contra de Vox en enero de 2019 que acabo con enfrentamientos con los antidisturbios. Dos de ellos eran menores de edad. A día de hoy dos han sido indultados debido a las presiones en solidaridad con su causa. Los demás siguen en la cárcel.
iii El caso más sangrante es el de Pablo Hasel que lleva ya 4 años en la cárcel por escribir unas canciones en contra de la monarquía. Puedes acceder a un artículo amplio sobre el caso de Pablo Hasel publicado por IZAR consultando la revista nº88 (marzo 2021) en esta página web.
iv La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó con más de 200 millones a las grandes constructoras por amañar contratos públicos durante 25 años. Fue una condena administrativa y no penal. Las sanciones son minucias para este tipo de empresas. Dragados, la constructora del grupo ACS de Florentino Pérez, solo tuvo que abonar el equivalente al 1,74% (57,1 millones) de su beneficio neto anual por 25 años de conductas fraudulentas. Hoy esas empresas siguen optando a contratos del Estado.
v El 18 de octubre una sentencia del Tribunal Supremo establecía que eran los bancos y no los clientes quienes debían pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Un día después se dejó en suspenso la resolución y el presidente de la sala, Luis María Diez Picazo, convocó un pleno para estudiarla, al entender que suponía “un giro radical” en la jurisprudencia y por su “enorme repercusión económica y social”. Las presiones ejercidas por la Banca lograron que en noviembre de ese mismo año la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto Tribunal decidiese dar marcha atrás a la decisión tomada volviendo a repercutir sobre el cliente el impuesto sobre las hipotecas.
vi Si nos paramos solo en los que han dictaminado esta sentencia, nos encontramos con Manuel Marchena, juez del que el PP dijo en un chat privado que “les permitiría controlar la sala segunda desde atrás”, refiriéndose al control de la Sala Penal del Tribunal Supremo que trata todos los grandes casos de corrupción y penales en el Estado Español. Marchena fuel el juez que archivó, por cierto, las causas contra Fernández Díaz (Ministro del Interior en el primer Gobierno de Rajoy) por los casos de espionaje a los dirigentes independentistas catalanes. Otro de los magistrados es Antonio del Moral, miembro activo del Opus Dei y conocido también por absolver a la alcaldesa de Jerez del PP, María José García Pelayo, por concesión de contratos a miembros de la trama Gürtel “ya que no sabía lo que firmaba”. Cierran el grupo de estos 5 magistrados, Juan Ramón Berdugo, juez que confirmó la absolución de Camps por el caso de los trajes y que condenó a un año de cárcel al cantante de Def con Dos por unos tuits; Carmen Lamela, que inició desde la Audiencia Nacional el proceso contra los Jordis por el Procès y fue la instructora del caso de Altsasu, que condenó con hasta 10 años de cárcel a unos jóvenes vascos por una pelea en un bar con guardias civiles de paisanos alegando que se trataba de terrorismo; y por último, Andrés Martínez Arrieta, presidente del Tribunal, que absolvió a cuatro guardias civiles de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Guipuzkua por torturas a dos miembros de ETA, siendo posteriormente condenado el Estado Español por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocerse dichas torturas.
