Andalucía se encuentra hoy en el ojo del huracán sanitario: el escándalo de los cribados de cáncer de mama ha desvelado un problema que va más allá de errores administrativos puntuales. No es un fallo técnico: es la consecuencia directa de años de recortes, privatizaciones y abandono institucional de la sanidad pública. Lo que está en crisis es el mantenimiento de los servicios públicos: su financiación, sus profesionales, sus protocolos, y su capacidad de garantizar derechos básicos como el diagnóstico precoz.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya ha reconocido que son 2.317 mujeres las que han sufrido retrasos o falta de comunicación tras mamografías con resultados dudosos. Pero asociaciones como Amama estiman que la cifra real podría llegar hasta 20.000 mujeres y que algunas ya han muerto por ello. Y detrás de todo esto hay decisiones políticas que recortan, externalizan, desvían recursos y favorecen lo privado mientras lo público se deteriora.
Tras las denuncias de las asociaciones de mujeres el gobierno de Juanma Moreno se ha visto obligado a reconocer los errores y ha prometido circuitos preferentes para contactar con las afectadas. Las protestas se han multiplicado, con manifestaciones de hasta 30000 personas en Sevilla frente al Palacio de San Telmo exigiendo responsabilidades. Pero el daño ya está hecho. La dimisión de la consejera de Salud no borra años de deterioro estructural: falta de radiólogos, contratos precarios, listas de espera que se alargan y protocolos desactualizados. Todo esto no sucede por casualidad, sino porque los presupuestos públicos se diseñan con una lógica de ahorro que termina saliendo carísima: cada euro que se recorta en prevención se paga después en tratamientos más largos, más costosos y, sobre todo, en vidas.
Pero el PP no ha inventado la degradación del sistema de sanidad pública andaluza; simplemente la ha acelerado. Los recortes no son nuevos, también el PSOE, durante sus décadas de gobierno andaluz, dejó un sistema lleno de contratos temporales, personal agotado y una gestión que priorizó la contención del gasto. Entre 2004-2013 el SAS, con María Jesús Montero a la cabeza, perdió 7773 profesionales, con un recorte de 1496 millones de € entre 2008 y 2013. Cuando la izquierda institucional abandona la defensa de lo público, la derecha tiene la coartada perfecta en su lógica privatizadora: “como lo público no funciona, hay que externalizarlo”. Lo que en realidad significa: “como tenemos un ansia insaciable de obtener beneficios, busquemos nuevos nichos de mercado y lucrémonos también de lo público”. Y así, paso a paso, la sanidad privada crece sobre las ruinas de la pública. Los datos son claros: el gasto destinado a los conciertos con la sanidad privada en Andalucía aumentó en un 1.6% entre 2004 y 2013 con los gobiernos del PSOE y ha aumentado más del 37% con el gobierno del PP.
Los conciertos con clínicas privadas y la externalización de servicios diagnósticos se venden como soluciones “eficientes”. Pero lo que realmente hacen es trasladar dinero público a manos privadas, fragmentar la atención y en una lógica clasista, dejar a quienes no pueden pagar un seguro privado fuera del sistema. Cuando los hospitales privados se llenan de pruebas que deberían hacerse en los públicos, la igualdad ante la enfermedad desaparece. Cuando la empresa privada entra en la sanidad, el beneficio económico se pone por encima de la salud y la vida de las personas.
El escándalo con los cribados del cáncer de mama tiene una lección clara: la detección precoz salva vidas. Y esa detección depende de un sistema público fuerte, bien financiado y controlado democráticamente. No puede depender del presupuesto de un partido ni del interés de una empresa. Cada retraso en una mamografía, cada llamada que no llega, cada paciente que muere esperando es un recordatorio de lo que ocurre cuando la salud se convierte en mercancía.
Hoy las reclamaciones se están traduciendo en demandas: Amama prepara ya más de 150 demandas individuales contra la Junta de Andalucía. Por eso este escándalo no debería cerrarse con una dimisión ni con una rueda de prensa. Debería abrir una reflexión colectiva: ¿queremos que la sanidad sea un derecho universal o un negocio? Si aceptamos que la privatización es inevitable, asumimos también que unas vidas valen más que otras. Y eso, en la sociedad igualitaria que aspiramos construir, es inaceptable.
