El pasado 10 de julio la vicepresidenta del Estado Español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestaba que pelearía por el indulto para las seis trabajadoras de La Suiza. Hoy, casi dos meses después, esas seis trabajadoras siguen en prisión en tercer grado con condenas de tres años y medio.
De la denuncia a la prisión
Todo comienza en 2016, cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza, en Xixón, decide denunciar el acoso sexual y la explotación laboral sufridos en su centro de trabajo. La denuncia legal vino acompañada de concentraciones a las puertas del centro, actos de solidaridad, que hoy el juez Lino Rubio, conocido como «el juez asturiano que más inocentes ha metido en la cárcel», utiliza como “pruebas de delito” hablando de desórdenes públicos agravados, coacciones graves y un delito contra la administración de justicia.
La sentencia, firme desde el pasado noviembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional rechazaba el recurso de amparo del Tribunal Supremo, que ratificaba a su vez la condena de la Audiencia Provincial que había confirmado la pena del Juzgado de lo Penal Nº1 de Xixón de 2021. Un recorrido judicial en el que, instancia tras instancia, todas las resoluciones han ido reforzando la criminalización en lugar de revertirla. En ellas se criminaliza la organización sindical y las protestas, se vulnera la defensa de los derechos laborales y se deja, finalmente, desprotegidas a las trabajadoras frente al acoso y la explotación. Primero, porque convierte en delito unas concentraciones organizadas para visibilizar y denunciar la explotación y el acoso que sufría una trabajadora (en estado de embarazo). Y segundo, porque acompaña ese fallo con una condena completamente desorbitada: más de 250.000 euros en multas y tres años y medio de prisión.
Esta sentencia que dicta que luchar por tus derechos y denunciar la explotación es motivo de cárcel supone una amenaza directa contra toda la clase trabajadora. Pero también confirma algo fundamental: la justicia no es neutral, es de clase. Por eso, cuando la organización y la respuesta colectiva en las calles tocan los intereses del patrón, el Estado, con su poder judicial, siempre se pone de su lado y responde con represión.
La movilización amplia como respuesta
Y, sin embargo, la movilización sigue siendo la vía y la respuesta a esa represión. Las compañeras de la CNT lo han demostrado impulsando una respuesta unitaria con el conjunto de las organizaciones de la izquierda: CCOO, UGT, USO, CGT, CNT, CSI, CT, ISA, RCT, SF y SUATEA, que lograron reunir en las calles de Xixón a miles de personas: 5.000 en septiembre de 2024 y más de 8.000 el pasado junio.
Para nosotras es necesario que esas movilizaciones continúen y que se extiendan a todos los territorios del Estado Español, no solo como un gesto de solidaridad, sino también porque la represión no se limita a este caso de Xixón: son muchas las luchas obreras y sociales que están siendo golpeadas en todo el Estado como los casos de los 3 trabajadores de AirBus en Puerto Real, las 7 compañeras de Somosaguas en Madrid, los 23 detenidos en la huelga del metal en Cádiz, los 3 del SAT en Granada, las 6 antifascistas de Zaragoza, los activistas de “Rodea el Congreso”, el caso de Alfón, el caso de Pablo Hásel, las compañeras estudiantes de las acampadas pro-Palestina en Sevilla y Valencia, las compañeras de Futuro Vegetal, y los numerosos casos de infiltraciones policiales y vigilancia encubierta que vienen saliendo a la luz en distintos movimientos sociales. Lo que hoy vivimos en Asturias es parte de una ofensiva más amplia y, precisamente por eso, es imprescindible que las resistencias no queden aisladas, sino que confluyan en una respuesta amplia, unitaria, fuerte y cohesionada.
Porque, al final, este caso de represión no es más que la punta del iceberg de un sistema capitalista en crisis, con un gobierno que se dice progresista pero que en vez de apoyar las luchas, las reprime. Un gobierno que no solo no ha derogado la ley mordaza más allá de pequeños cambios que no modifican sus puntos más lesivos, sino que durante las legislaturas de Pedro Sánchez se han puesto el 64% de las sanciones, sanciones que han aumentado un 25% en el último año,silenciando cualquier voz que se enfrente al poder de la patronal para explotar a los y las trabajadoras.
Un gobierno que no vale ni para indultar
Porque, pese a los discursos de “progreso” desde el Ministerio de Trabajo, la maquinaria represiva del gobierno PSOE–Sumar sigue funcionando a pleno rendimiento, al mismo tiempo que organizaciones que han participado en los gobiernos como Podemos, y que podrían haber derogado esa ley en su momento, ahora se aprovechan de la situación para mostrar su apoyo público a las compañeras, sacando rédito político y anticipando posibles elecciones.
Frente a todo esto, y ante quienes quieren hacernos creer que basta con depositar un voto cada cuatro años y esperar a que otros mejoren nuestras condiciones de vida, debemos dar una respuesta inmediata. Una respuesta que pase, en primer lugar, por continuar con la lucha de Las 6 de La Suiza hasta conseguir su libertad total, porque vivimos en una situación de clara escalada represiva. La clase trabajadora y la juventud debemos de ser conscientes y estar convencidos de que, solo mediante la movilización y las huelgas podremos cambiar nuestras vidas. El juego institucional no aporta respuestas a nuestros problemas. No hay atajos posibles. Para defender nuestras condiciones de trabajo y de vida no hay otra solución que la organización y la movilización. El Estado y sus respectivos gobiernos lo saben y por eso nos reprimen. No podemos permanecer impasibles mientras una judicatura, que nunca fue depurada durante la Transición, nos sigue encarcelando. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
