El pasado 22 de julio, el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que ahora deberá seguir los cauces parlamentarios. Dicho proyecto de ley vendría a sustituir la Ley de Secretos Oficiales vigente, con algunas modificaciones, desde el franquismo.
¿Una ley reparadora?
La Ley de Secretos Oficiales, heredada plenamente del franquismo y aprobada nada menos que en 1968, dejaba todo el poder para decidir qué se clasificaba o no en manos del Consejo de Ministros y de la Junta de Jefes del Estado Mayor, con amplio margen para que fuera clasificada cualquier cosa que “pudiera dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. Además, se establecían condenas de prisión para todos aquellos y aquellas que revelasen secretos oficiales. Con algunas modificaciones en 1978, el espíritu de la ley ha seguido vigente hasta la actualidad. Es decir, una norma que roza lo discrecional y que ha servido para tapar la impunidad del aparato del Estado español durante el franquismo, la Transición y la actualidad.
¿Supone el nuevo Proyecto de Ley una reparación frente a esta norma anquilosada, insistimos una vez más, heredada de la dictadura? La respuesta debe ser que no ya que, aunque cambian los mecanismos de desclasificación, las instituciones implicadas y se establecen plazos legales, en el fondo sigue legislándose en pos de un manto de oscuridad y falta de transparencia sobre hechos tan trascendentales como los ocurridos durante la Transición, el Golpe de Estado de 1981 o el terrorismo de Estado que supusieron los GAL, por poner algunos ejemplos.
El proyecto establece hasta cuatro niveles de información considerada como clasificada: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido. El plazo máximo para la desclasificación se establece en 45 años, aunque este sería ampliable a 60 para la información considerada “Alto Secreto”; 35 años (con posible prórroga de 10) para la considerada “Secreto”; entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, para la “Confidencial”; y entre 4 y 5 años, también sin posibilidad de prórroga, para la información bajo el sello de “Restringido”. Además, se prevé que la publicación automática de información pueda ser suspendida si se aprecia, de manera motivada, que pone en riesgo o amenaza la seguridad nacional. Así mismo, aunque se eliminan las penas de cárcel, se establecen multas de entre 30.000 y 2,5 millones de euros para aquellas personas que publiquen información clasificada.
Es decir que, lejos de reparar el despropósito de seguir con una norma heredada del franquismo, se propone una ley que, a todos los efectos, puede seguir cumpliendo el mismo papel de encubrir la impunidad del mismo y de aquellos que la protagonizaron.
El problema inacabado: la Transición
El debate sobre la necesidad de legislar en esta materia viene de lejos, tratándose de otra de esas promesas del actual gobierno que se ha acabado dilatando hasta ahora. Y una vez más, el PSOE, junto a sus socios de gobierno, ha mostrado que este ejecutivo siempre se instala en el mal menor, procurando no tocar nunca los pilares básicos del régimen del 78, como la monarquía o la Transición.
Porque efectivamente, de lo que va esta ley, como en otras ocasiones, es de nuevo del problema de la Transición. Un proceso vendido como ideal y modélico, en el que supuestamente fuerzas de diferente ideología supieron llegar a un consenso para pasar de “la ley a la ley” sin violencia, evitando así que el franquismo sobreviviera y dando la democracia a los “españoles”, sobresaliendo entre todas las figuras la de un rey que supo estar a la altura en 1981 (y que recientemente ha sido defenestrado por aquellos que lo protegían dado que ponía en peligro a la misma monarquía).
Pero la realidad fue otra bien distinta. La de un régimen, el franquista, asesino e impune, y una élite que había vivido de él y que vio peligrar sus estatus frente a las grandes movilizaciones obreras y juveniles de los años 60 y 70, verdaderas impulsoras de lo que debería haber sido la caída del régimen. Y que ante ese peligro, dicha élite entendió que era mejor llegar a acuerdos y controlar el proceso que ser barridas (miraban con atención a lo que pasaba en el mundo, y muy de cerca a lo que había y estaba pasando en Portugal). Y para ello contaron, porque si no hubiera sido imposible, con el beneplácito de las direcciones de las organizaciones en las que esos trabajadores y trabajadoras depositaban su confianza, partidos como el PSOE y el PCE, o sindicatos como CCOO y UGT, que galvanizaron y fueron parte el proceso de la Transición a pesar de los años de represión de la dictadura franquista, de la violencia de la extrema derecha y de los cuerpos policiales, y de la impunidad de todo un régimen como el de Franco.
La consecuencia, la construcción de un régimen “democrático” heredero del franquismo, en el que hubo continuidad en instituciones judiciales, Fuerzas de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y en empresarios que se hicieron de oro con el beneplácito y las corruptelas del franquismo, y que seguirían haciéndose de oro con el régimen del 78. Por tanto, nada de lo que ocurre hoy en día, con corrupción entre políticos, fuerzas de seguridad impunes, tribunales usados como arma política, chats de militares donde se vanaglorian del “espíritu del 36” o el ascenso de la extrema derecha se explica sin esta “Transición” y sin las políticas que, en vez de cuestionarla, no hacen más que apuntalarla. A ella y a los empresarios y señoritos que de ella se beneficiaron y benefician. Y con esta ley, de aprobarse, el Estado, heredero del franquismo, tendrá la capacidad de seguir cubriendo con un velo qué ocurrió en esos años tan trascendentales.
