Hace tan solo unos meses, los gobiernos europeos agitaban el espantajo de la guerra inminente con Rusia justificando un brutal gasto público para alimentar la maquinaria bélica. Hoy, mientras nos hacen mirar al Este, todo el oeste de la península ibérica arde, de norte a sur: pueblos evacuados, bosques calcinados y vidas en riesgo frente a la auténtica amenaza inmediata a la seguridad: la crisis climática y ecológica que atravesamos bajo las lógicas capitalistas.
En lo que llevamos de 2025, en el Estado español se registran 230 incendios forestales y el récord histórico de superficie arrasada: casi 400.000 hectáreas quemadas [1] que deja cuatro muertes humanas, 34.000 desalojos, miles de animales calcinados y vidas destrozadas. Esta catástrofe coincide con la mayor ola de calor en cincuenta años, que ha dejado al menos 23 muertes por golpes de calor [2], varias de ellas en el tajo, tras el junio más cálido desde que existen registros [3]. Junto a precipitaciones inusuales en junio y julio, una humedad relativa por debajo del 30% y vientos fuertes que dificultan su extinción, estas condiciones crean el caldo de cultivo perfecto para la propagación del fuego, situando todo el Mediterráneo en riesgo extremo y que también devasta regiones en Turquía, Grecia, Portugal o Italia.
Pero lejos de reducir esta barbarie a una mera catástrofe natural como apunta Pedro Sánchez, culpando únicamente al clima de los incendios en un gesto de simular conciencia ecologista para encubrir su inacción, esta catástrofe tiene responsables. Por un lado, los capitalistas, cuya destrucción de la naturaleza inherente a este modelo productivo agudiza la crisis climática y crea las condiciones para incendios cada vez más frecuentes y devastadores. Pero la crisis climática no va prendiendo mecherazos en los montes. De ahí que, por otro lado, convenga destacar la responsabilidad de los distintos actores que obstaculizan la prevención y extinción de los incendios o que directamente los provocan, como demuestra el incendio de Aliseda (Cáceres) provocado por cazadores [4], esos que “mejor conocen y cuidan el campo”. Más de la mitad de los incendios son intencionados, donde agricultores, ganaderos y cazadores suman el 47,7 % de los fuegos de causa conocida [5], pero no en el marco de paranoia mediática sobre las renovables o pirómanos psicópatas, sino principalmente por conflictos entre sectores, usos del suelo, rentistas, terratenientes y competidores. Estas expresiones de la competencia capitalista son complejas de analizar, pero previsibles: basta recordar las amenazas para exterminar especies amenazadas como el buitre negro o el lobo ibérico [6], cosa que solo se explican bajo la lógica del productor privado e independiente en el campo, es decir, la lógica capitalista. Y es que, aunque se caricaturice el llamado “mundo rural” como un todo homogéneo, operan antagonismos de clase más o menos desarrollados, con pequeños propietarios sometidos a las presiones del modelo agroalimentario capitalista, rentistas absentistas y una clase trabajadora precarizada. Los incendios intencionados son, a menudo, la expresión desesperada y reaccionaria de contradicciones entre estos grupos, todos aplastados por la misma lógica mercantil. El capital estructura el territorio: monocultivos para beneficio privado promovido por la PAC (Política Agraria Común), vaciado de tierras en manos de propietarios ausentes que son “manos muertas” que las controlan a distancia, especulación urbanística y ausencia de una planificación consciente en favor del bien común. Pero también atraviesa la ideología y determina actos personales, lo que lleva a agricultores y ganaderos a quemar terrenos, voluntaria o accidentalmente, bajo la lógica de un mercado asfixiante. No son caprichos de un pirómano ni de un mal político, sino manifestaciones directas de las relaciones sociales capitalistas. En este sentido, Mañueco y Quiñones no son simples negligentes ―su gobierno sobrevivirá a los incendios como el de Mazón ha sobrevivido a la DANA―, son representantes políticos de los intereses económicos que devastan los montes y reordenan el territorio según las necesidades del capital.
Asimismo, repitiendo la maniobra de PP-VOX tras los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra y Aliste (Castilla y León), ahora acusan nuevamente al “terrorismo climático” (sic) de legislar para provocar incendios, ya sea por impedir de alguna manera la limpieza de montes o por promover hipotéticas macroplantas de renovables. Así, promueven el negacionismo climático y se extiende la anti-política más reaccionaria que ya presenciamos con la DANA, bajo consignas distorsionadas como “solo el pueblo salva al pueblo” o, ahora, con el propio Abascal difundiendo que “está ardiendo todo menos lo único que tiene que arder”, con lo que la extrema derecha canaliza el descontento por las desastrosas respuestas institucionales para difundir un discurso aparentemente independiente y contra el Estado pero que, realmente, se demuestran dirigirse solo contra lo público.
No obstante, la política forestal de los capitalistas es inexistente hasta que surge una oportunidad de negocio, como ocurre con la biomasa forestal que, a través de empresas como SOMACYL [7] se convierte en un nicho para la generación de calor bajo la lógica de la rentabilidad. En lugar de concebir los bosques como un bien común, sólo los atienden en tanto que pueden insertarlos en la financiarización verde y subirse al carro de mercantilizar la “transición ecológica”. Pero esta tendencia privatizadora no es nueva, ya se ha impuesto mediante la externalización de servicios esenciales, como los dispositivos de extinción de incendios [8] o las ambulancias [9]. En este sentido, las BRIF (Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales) llevan décadas reclamando un estatuto propio, estabilidad laboral y condiciones justas frente a una subcontratación que perpetúa la precariedad y la temporalidad, cuando deben ser personal laboral de la administración, con derechos equiparables al resto de personal esencial y parte de un servicio verdaderamente público. Y es que, mientras las instituciones capitalistas gestionan el territorio para beneficio privado, las y los trabajadores arriesgan sus vidas con condiciones “indignas, peligrosas e inaceptables”, como denuncia la Coordinación Estatal de Bomberos Forestales de CGT [10]. Los bomberos forestales siguen siendo personal precario, temporal, subcontratado, con plantillas recortadas y sin estabilidad ni derechos reconocidos, a pesar de la ambigua Ley 17/2015 que los reconoce como profesionales esenciales. Y al igual que las llamas, esta tendencia privatizadora trasciende fronteras, como evidenciaron de manera descarada los devastadores incendios de Los Ángeles a principios de este año con bomberos privados protegiendo propiedades de lujo mientras los servicios públicos colapsaban y la red de agua fallaba.
Ante a esta barbarie, quienes sufren sus consecuencias desarrollan la lucha de clases más inmediata, como la lucha de los bomberos forestales ―reprimidos en València o que en Madrid se han visto forzados a pausar la huelga para responder a la inacción gubernamental ante los incendios―, o muestras de solidaridad con voluntarios que salen a defender los montes y protestas en Ponferrada, León, Valladolid y en 26 municipios gallegos que señalan a los responsables y exigen más medios. Ante esto, los distintos gobiernos, impotentes para responder a esta crisis del capitalismo, solo pueden recurrir al oportunismo electoral prometiendo más vigilancia y sanciones como hace Moreno Bonilla [11], medidas ya tipificadas como delito desde hace décadas y sin efecto alguno. Un sistema incapaz de prevenir solo puede pretender contener la crisis aumentando el control social. De la misma manera, el gobierno PSOE-SUMAR, mientras trata de ocultar su responsabilidad poniendo el foco en pactos de Estado [12] o evaluaciones de “impacto sociolaboral” [13] ―lo que quiera que signifique eso―, su greenwashing se desploma ante la cruda realidad: siguen financiando combustibles fósiles, legislando contra la naturaleza, omitiendo cualquier medida de prevención real, garantizando que el negocio de la extinción y la reconstrucción sea rentable y destinando los fondos públicos que generamos la clase trabajadora a apagar fuegos en vez de a evitarlos [14] y a comprar cazas Eurofigther en vez de hidroaviones. No como una mala priorización presupuestaria, sino como síntoma estructural de la función del Estado dentro de este modelo productivo y del orden imperialista.
Frente a esto y a quienes evaden el problema o legislan sin afrontar la raíz de la crisis, necesitamos una organización social capaz de revertirla. Solo una planificación consciente del territorio, orientada al beneficio colectivo, podrá enfrentar la crisis climática y ecológica poniendo en el centro la reforestación racional y diversificada, la gestión eficiente de la biomasa forestal, medidas reales de mitigación y adaptación, unos servicios públicos sólidos y empleo digno en zonas vaciadas, la integración de las y los bomberos forestales como sector público estable y con recursos, la expropiación sin indemnización de los terratenientes absentistas y destinar los fondos del rearme militar a prevención de incendios.
Lo que parece una tragedia desafortunada, es en realidad la materialización de la tendencia histórica del capitalismo, que tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos. Ante esto, solo una organización social que coloque la producción y la gestión democrática del territorio bajo control colectivo podrá detener la barbarie de los incendios y abrir la posibilidad de una relación consciente con la naturaleza. Para ello, es urgente levantar un programa de lucha mediante la movilización sostenida que prenda y apunte a abrasar hasta los cimientos la raíz del problema: la propiedad privada y la lógica de la ganancia.
[1] https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/
[2] https://www.eldiario.es/sociedad/23-muertos-golpes-calor-verano-segundo-letal-2023_1_12541369.html
[3] https://www.aemet.es/es/noticias/2025/07/resumen_jun_2025
[5] https://civio.es/medio-ambiente/2016/11/24/motivaciones-de-incendios-intencionados/
[10] https://fetap-cgt.org/2025/08/13/incendios-forestales-terrorismo-de-estado-y-falta-de-gestion/
[12] https://climatica.coop/pacto-de-estad-emergencia-climatica-acuerdo-ya-firmado/
