El próximo 5 de abril, como ya pasara el 29-J, el 13-O o el 30-N, una nueva convocatoria pondrá el problema de la vivienda en el centro a lo largo de todo el Estado español, con el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”. Una vez más, saldremos a la calle para exigir una vivienda digna, que sea un derecho y no un privilegio o una mercancía.
Es imposible vivir así…
Aunque disponer de un techo debería ser un bien de primera necesidad, la realidad es que en la sociedad en la que vivimos no es más que una mercancía, mercancía a la que cada vez nos cuesta más acceder. Si de lo que hablamos es de comprar, entre el año 2014 y 2024, el precio de una vivienda en el Estado español se habría encarecido en un 29%, subida evidentemente mayor que nuestros salarios.
Pero no solamente lo han hecho los precios de compra, sino también los de los alquileres: en 2019, el 41% de los inquilinos (más de 3 millones de personas), dedicaba más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, de los cuales casi la mitad (1,4 millones) llegarían a destinar más del 50% a este fin. En el año 2023, se necesitó una media del 43% del salario para hacer frente al alquiler. Si se analizan los precios, estos han subido, entre los años 2013 y 2023, alrededor de un 77%, frente a unos salarios que no han aumentado más del 33%. Es decir, es imposible vivir así.
…excepto para unos pocos
Y, en el sistema en el que vivimos, quien no paga, no tiene derechos. Es decir, mientras la vivienda sea un negocio, una propiedad en manos de unos pocos, el conjunto de las/los trabajadores tendrá que dedicar cada vez más parte de su salario a poder disponer de un techo. Pero, ¿qué salario? ¿el salario precario de trabajos muchas veces a tiempo parcial, dónde no se respetan los descansos, los horarios y los convenios? ¿los salarios que han perdido poder adquisitivo frente a unos precios que no han dejado de crecer?
Esa es la lógica perversa del sistema. Si cobramos menos, si un día nos vamos al paro, si los precios siguen subiendo, entonces no podremos pagar nuestra vivienda. Y su solución, a un problema que no hemos creado nosotros/as, no será otra que los desahucios. De hecho, entre el año 2008 y 2019, se estima que 1,7 millones de personas sufrieron un desahucio, llegándose a alcanzar la cifra de 70.257 en el año 2012 (alrededor de 192 al día). Todavía en el 2019, se ejecutaron 54.006 (superior a los 49.227 del 2010, en plena crisis). De hecho, en 2024, han aumentado un 18,3%.
La otra cara de esta realidad, es que unos pocos se lucran con nuestra necesidad de tener un techo. Y cuando decimos unos pocos no es una frase hecha. Ejemplo de ello es el mercado de alquileres, el cual no ha dejado de crecer (entre 2008 y 2020 se ha pasó un 11,2% de inquilinos/as a un 19%): en el Estado español, el número de caseros no supone más del 5,8% de la población, de los cuáles un 79% posee una vivienda, mientras que el 21% restante acumulan el 60% del parque total. Es decir, que trabajamos donde podemos y cuando podemos para que nuestro salario precario vaya a llenar los bolsillos de unos cuantos rentistas.
Frente a esto, no hay otra manera: el 5 de abril, todas/os a la calle
Bastaría con prohibir los desahucios, intervenir el mercado, limitar los precios de alquiler y poner las viviendas que ya existen (hay construcciones de suficientes en el Estado español) al servicio de las y los trabajadores. Sin embargo, no hay ningún gobierno, incluido el actual, que haya llevado a cabo políticas que den una verdadera solución a estos problemas, como muestra el ejemplo la más reciente “Ley de vivienda” de 2023. Desde entonces, ni se ha acabado con los precios abusivos en alquileres, ni se ha puesto vivienda pública a disposición de las y los trabajadores (el parque de vivienda social no da cobertura a más de un 1,6% de la población), ni se ha acabado con los desahucios, que simplemente se encuentran aplazados por una moratoria con fecha de caducidad. Y esto porque, poner en práctica estas medidas, pasa necesariamente por enfrentarse a los intereses de los propietarios, de los fondos buitre y de los bancos, a lo cual no ha estado dispuesto ningún gobierno.
Y, sin embargo, no hay otra manera. Frente al problema de la vivienda (como a tantos otros), solamente las movilizaciones han demostrado ser de utilidad para nuestra clase. Sin plataformas como la PAH o Stop Desahucios ni siquiera se hubieran llevado a cabo las tibias medidas que existen, y miles de personas se hubieran visto solas frente a los abusos de bancos, propietarios y la violencia de los desahucios, perdiendo sus casas y su futuro; y sin estos y otros colectivos de vivienda, no se estaría poniendo sobre la mesa el problema de la vivienda. Por ello, es necesario reforzar lo que ya existe y centralizar aún más las diferentes iniciativas y colectivos de vivienda, construyendo un movimiento unitario y estructurado, desde barrios y empresas hasta centros de estudio, coordinado a nivel estatal y que se plantee la necesidad de una movilización sostenida en el tiempo, planteándose un calendario que incluya, además de manifestaciones, la necesidad de una huelga general como herramienta de las/los trabajadores para imponer unas medidas que no les serán regaladas.
Y para ello es necesario salir a la calle el 5 de abril, siendo más gente que nunca, exigiendo la prohibición de los desahucios, la intervención del mercado y de los precios de alquiler o la expropiación de las viviendas vacías en manos de banqueros, fondos buitres y grandes tenedores para un parque de vivienda pública.
