La impunidad del fascismo durante la Transición española
La llamada «Transición democrática» en el Estado español no fue el proceso de reconciliación y apertura que nos venden. En realidad, fue un pacto entre las viejas estructuras del franquismo y una nueva clase política dispuesta a preservar el orden económico y social heredado. El principal objetivo de este supuesto «cambio» fue evitar cualquier ruptura con el régimen dictatorial y garantizar la continuidad del capitalismo, mientras la violencia de la extrema derecha fue utilizada como una herramienta para reprimir los movimientos populares.
Durante este período, los sectores más combativos de la clase obrera, los estudiantes y los militantes revolucionarios fueron los principales objetivos de una violencia dirigida, no aleatoria. La represión, lejos de ser un fenómeno aislado, fue una herramienta del Estado para frenar el avance de las fuerzas progresistas y asegurarse de que el franquismo, aunque con nuevos ropajes, siguiera siendo la base sobre la que se estructuraba la sociedad española.
Los grupos fascistas y su rol en la Transición
Diversos grupos de extrema derecha jugaron un papel clave en la represión de los movimientos sociales durante la Transición. Entre los más notorios estuvo Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar, que combinó la acción política con la violencia en las calles, sirviendo como refugio para nostálgicos del franquismo y responsables de crímenes como el asesinato de Yolanda González.
Otro actor relevante fue el Batallón Vasco Español (BVE), un grupo parapolicial que operaba en Euskadi y que ejecutó numerosos atentados contra militantes abertzales, sindicalistas y activistas de izquierda. A su lado, la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) se dedicó a asesinatos y atentados contra intelectuales, periodistas y dirigentes de izquierda, consolidándose como herramienta clave en la guerra sucia del Estado.
En el ámbito juvenil y universitario, el Frente de la Juventud y el Frente Nacional de la Juventud sirvieron de cantera para los escuadrones fascistas, participando en asaltos y agresiones en facultades y barrios obreros.
El terror fascista contra la clase trabajadora y los movimientos sociales
Uno de los crímenes más brutales fue el ataque del 24 de enero de 1977 en Madrid, cuando un comando fascista irrumpió en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha y asesinó a cinco personas vinculadas al Partido Comunista de España (PCE) y a Comisiones Obreras (CCOO). La matanza de Atocha no fue un crimen aislado, sino un ataque planificado para desmantelar el movimiento obrero y frenar cualquier intento de organización revolucionaria. Se convirtió en un símbolo de la brutalidad con la que el Estado respondió a la lucha por los derechos de la clase trabajadora.
Otro asesinato clave fue el de Yolanda González, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El 1 de febrero de 1980, fue secuestrada y ejecutada por elementos fascistas vinculados a Fuerza Nueva, dejando claro que la represión no se limitaba a las luchas laborales o las barricadas, sino que se dirigía también contra quienes militaban por una alternativa política revolucionaria. Los responsables, vinculados al aparato de seguridad del Estado, nunca fueron juzgados.
Estos crímenes no fueron casos aislados. La extrema derecha continuó perpetrando atentados con total impunidad, como los sucesos de Montejurra en 1976, el atentado con bomba contra la revista El Papus en 1977 y los múltiples ataques a los militantes de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y otros movimientos de izquierdas.
La Ley de Amnistía de 1977: la gran carta de impunidad
Uno de los pilares que consolidó la impunidad de los crímenes fascistas fue la Ley de Amnistía de 1977. Vendida como un acto de reconciliación, esta ley no solo liberó a los presos políticos del franquismo, sino que exoneró a los torturadores, policías y escuadristas que defendieron el régimen. Este pacto de silencio entre las élites franquistas y la nueva clase política permitió que los responsables de la represión continuaran operando dentro del aparato del Estado, sin temor a ser juzgados.
La Ley de Amnistía no fue una medida de ruptura con el pasado dictatorial, sino una estrategia para garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes contra la humanidad. Las víctimas del fascismo tuvieron que enfrentarse al olvido institucional, mientras que los verdugos ocupaban cargos en la administración, las fuerzas de seguridad y el poder judicial.
La represión como herramienta de control social
Mientras la extrema derecha actuaba con total impunidad, el Estado intensificó su represión contra los movimientos obreros, comunistas y revolucionarios. Las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas, las torturas en comisarías fueron una práctica habitual y la criminalización de la protesta se convirtió en norma. El Estado no solo permitió la existencia de grupos paramilitares fascistas, sino que los utilizó como una herramienta más para frenar cualquier intento de transformación social y política.
La Transición española lejos de significar una ruptura con el franquismo, consolidó la continuidad del régimen bajo la fachada de una democracia parlamentaria. El terror fascista no terminó en 1982; sigue siendo un desafío pendiente para quienes luchan por una verdadera ruptura con el sistema heredado del franquismo.
