Traducción de un artículo de Richard Wagman
Hace 80 años, el 27 de enero de 1945, el Ejército rojo liberaba Auschwitz-Birkenau, el campo de la muerte nazi más grande. Al darse cuenta con horror, el mundo, de la extensión de los crímenes hitlerianos, hubo un sobresalto moral en contra de todas esas atrocidades que desembocó, a partir del final de la guerra de 1945, en el juicio de Nuremberg. El tribunal reconoció como culpables a decenas de jefes del Tercer Reich condenándolos con penas que iban desde la pena de muerte hasta la reclusión criminal a perpetuidad. El tribunal creaba entonces la noción de crimen contra la humanidad y denunciaba el antisemitismo, aunque hubiese habido también otras víctimas del genocidio (gitanos, homosexuales, discapacitados…). Por mucho que los nazis asesinaran también a opositores políticos, esta categoría no fue, sin embargo, designada en su conjunto como un grupo humano diferenciado.
Tres años más tarde, la Asamblea general de una nueva organización – la ONU – adoptaba la Convención por la prevención y la represión del crimen de genocidio. Definía ese crimen hablando de “todo acto cometido con la intención de destruir, del todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. El juicio de Nuremberg se convirtió, en estos aspectos, en una referencia ineludible y, desde entonces, otros procedimientos serán llevados a cabo, para juzgar crímenes de este tipo, por parte de una nueva instancia de la ONU, la CIJ (Corte Internacional de Justicia), así como por parte de Tribunales especiales creados por el Consejo de seguridad de la ONU en situaciones específicas, como el Tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el de Ruanda (TPIR).
En el papel y en la teoría, se trataba de una evolución positiva del derecho internacional humanitario. Sin embargo, en el terreno de la guerra y por tanto en la práctica, su eficacia ha demostrado tener grandes límites. Sobre todo en lo que se refiere a su parte preventiva ya que desde el genocidio judío, muchos otros genocidios y purificaciones étnicas se han ido perpetrando en el planeta. Se recuerda especialmente la masacra de los Tibetanos por parte del régimen maoísta desde 1959, el asesinato de un tercio de la población camboyana por parte de los jemeres rojos a partir de 1975, la de los Tutsis en Ruanda en 1994, la de los musulmanes en Bosnia durante la guerra de los Balcanes en 1995, o de la carnicería en Darfur por parte del régimen de Omar el-Bechir en Sudán a partir de 2003. Sin hablar de las atrocidades cometidas en contra de los Uigur por parte de China a partir de 2009, ni del asesinato y la expulsión de los Rohinyá por parte del gobierno birmano desde 2013. Algunas de estas masacres tienen que ver, a nivel jurídico, directamente con crímenes de guerra mientras que otras encajan directamente en la denominación de genocidio. Está claro que esta última calificación es la que se debe aplicar al Estado de Israel por la masacre llevada a cabo en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La intencionalidad de eliminar algunas poblaciones o de forzarlas al exilio mediante el terror es el factor determinante para definir si se da o no un crimen genocida.
Los genocidios existen desde siempre, incluso antes de que existiera el capitalismo. Sin que el crimen de genocidio fuese el motivo, la trata de negros que duró tres siglos eliminó a una parte significativa de la población africana. Sin olvidar las guerras coloniales con sus masacres respectivas, llevadas a cabo por las potencias europeas en África o Asia. En cuanto al continente americano, los colonizadores ingleses, franceses, españoles y portugueses son responsables de la casi desaparición de naciones enteras entre los nativos americanos, y no especialmente por medio de la guerra. Las epidemias importadas por colonos europeos – en contra de las cuales las poblaciones del Nuevo Mundo no tenían ningún tipo de inmunidad – han matado más que los enfrentamientos armados. Sin embargo se puede decir que los europeos cometieron varios genocidios sobre el continente americano al haber habido también guerras de conquista. Sin olvidar también, la eliminación de una buena parte de los aborígenes en Australia por parte de los colonos ingleses.
La Convención de la ONU de 1948 identifica 5 actos constitutivos de genocidio: asesinato, vulneración severa a la integridad física o mental, condiciones de existencia que conllevan la destrucción física de las personas, medidas que ponen trabas a los nacimientos y generan desplazamientos forzosos de niños. Todos esos factores están presentes en la agresión israelí en Gaza. Sobre todo el bloqueo de ayuda humanitaria (alimentos, agua, medicamentos, carburante), sin olvidar la destrucción completa del sistema hospitalario en el norte de ese territorio, la destrucción o el daño de la mayoría de los hospitales en el sur, la demolición o los daños infligidos al 70% del hábitat y el desplazamiento forzoso de las poblaciones de un lugar a otro de este enclave palestino. Sin olvidar las declaraciones incriminantes de los dirigentes israelíes que no dejan lugar a dudas en cuanto a sus intenciones: “Luchamos contra animales humanos”, “No hay inocentes en Gaza”, “Hay que destruir este territorio sin ningún tipo de piedad”, “Todos los Palestinos más allá de la edad de los 4 años están implicados”, “Vamos a abrir las puertas del infierno”, “Que las epidemias los rematen”, etc.
La denuncia interpuesta en contra de Israel por parte de Sudáfrica – apoyada a posteriori por Irlanda -, las denuncias privadas interpuestas en jurisdicciones nacionales por parte de numerosos abogados y las acusaciones llevadas a cabo por ONG’s como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han conducido a la apertura de una instrucción por parte de la Corte Internacional de justicia. Todo esto es fruto de la evolución del derecho internacional, el cual por primera vez, se eleva en contra de un país considerado como “occidental” (aunque esté situado en el Oriente árabe). El Tribunal penal internacional ha emitido incluso órdenes de detención en contra del general Yoav Gallant, ministro israelí de Defensa y en contra de Benyamin Netanyahou. Es la primera vez que una medida de este tipo es tomada en contra del jefe de un gobierno “occidental” en activo. Por una vez, voces del “sur global” se hacen oír para romper el monopolio de las cancillerías occidentales en lo que se denomina púdicamente la “Comunidad internacional”. No hay nada como las movilizaciones populares para que las cosas se muevan.
La historia nos dirá lo que está por venir. Deseando que desemboque en cambios revolucionarios a favor de los derechos de autodeterminación de los pueblos oprimidos, y de manera más general a favor de los derechos de los y las trabajadoras del mundo entero.
