Millones para los capitalistas
El pasado 10 de diciembre, The Economist nombraba al Estado español como la mejor economía del año 2024 de entre todos los países de la OCDE, reforzando aquella afirmación de Pedro Sánchez de que “la economía española no va como una moto, sino como un cohete”. Y, sin duda, esto es así cuando vemos que los beneficios que este año se van a repartir en la Bolsa ascienden hasta los 34.600 millones de euros, un 25% más que en 2023, superando incluso sus ganancias pre-pandemia. No hay duda de que cuantos más años gobierna el gobierno progresista, más se enriquece la Bolsa y el Ibex 35, que también apunta a un beneficio récord este 2024.
Pero no solo los empresarios rompen sus récords, la Iglesia católica española recaudó más de 380 millones de euros en la última campaña de la renta, un incremento del 6,6% o lo que es lo mismo, unos 23,6 millones de euros más que el año anterior según datos de la propia Conferencia Episcopal.
A su vez, la deuda del Estado español se sitúa en 1.636.116 millones, alcanzando el 104,4% de su PIB, siendo uno de los países con más deuda pública del mundo. Y mientras, este gobierno no para de regalar dinero a los empresarios, anunciando otros 4.500 millones de euros en subvenciones para ellos, que se suman a los más de 11.000 millones que les dieron a las empresas durante el Covid o a los más de 44.000 millones que costaron los ERTE. Una lluvia de millones públicos que también llegan a la Iglesia, pues aparte de lo que reciben de la renta también se llevan el 50% de la casilla de fines sociales, aportaciones por sus centros de enseñanza concertada, por los profesores de religión, subvenciones para mantener sus edificios y obras de arte, para pagar eventos religiosos y a funcionarios capellanes, ayudas que les caen como la de la PAC, así como el beneficio de exenciones y otros beneficios fiscales y administrativos; Europa Laica estima que la Iglesia recibe unos 12.000 millones de euros anuales de las arcas públicas. Y mientras a esta gente se le riega con millones, para los y las trabajadoras solo quedan cuatro gotas.
Miseria para la clase trabajadora y la juventud
Ya vimos en un artículo anterior como el gobierno está acordando con la Comisión Europea rebajar la deuda aplicando nuevos recortes, a la vez que la situación de la clase trabajadora y la juventud sigue empeorando.
El paro supera los 2,6 millones de personas y, según datos de USO, la mitad de los parados registrados (45,9%) llevan más de un año buscando empleo y un 30,2% supera los dos años en esta situación. Las mujeres se ven particularmente afectadas por el paro de larga duración, ya que una de cada dos mujeres en paro lleva más de un año inscrita en los servicios de empleo, duplicando casi la tasa de los hombres en la misma situación. Además, de los contratos realizados en octubre, solo el 17,4% fueron indefinidos a tiempo completo. La mayoría se concentraron en modalidades de tiempo parcial o fijos discontinuos, lo que supone un incremento interanual del 15,9% respecto a 2023 y un 30,2% en comparación con 2021.
Una precariedad que asola a nuestra juventud, pues el 61,7% de los/as jóvenes en el Estado español tiene un contrato temporal y los salarios para las personas entre 16 y 29 años son, de media, un 35% más bajo. Las familias formadas por jóvenes de este tramo de edad tienen una renta un 15% inferior a la media estatal, un descenso aún mayor para las familias jóvenes sin formación superior, con una renta que cae a un 40% por debajo de la media.
Así, mientras el Estado español es uno los países donde más poder adquisitivo pierde la clase trabajadora con respecto al precio de los alimentos, que han subido un 14% más que los salarios entre 2019 y 2024 según la OCDE, el sueldo medio de los directivos del Ibex supera por primera vez el millón de euros por cabeza.
Y si PODEMOS se da golpes en el pecho por prorrogar el escudo social, las cifras nos recuerdan que la anterior moratoria no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios, que entre 2021 y 2023 se han producido más de 100.000 desahucios mientras más de 1.000.000 de viviendas están en manos de 27.000 grandes propietarios.
La miseria no para de crecer: más de 7.000 personas de la Cañada Real llevan 50 meses sin electricidad mientras las administraciones públicas se lavan las manos y Naturgy (que les cortó el suministro) prevé unos beneficios de 1.800 millones para 2024; tenemos a 30.000 personas expulsadas del sistema sanitario en los últimos 32 meses, afectando principalmente a inmigrantes en situación irregular, con una ley para retornar a la universalidad en la atención que lleva en trámite desde hace nueve meses; con unas cifras de personas en riesgo de exclusión social o en pobreza que superan los 12 millones, el Ingreso Mínimo Vital solo llega a uno de cada tres beneficiarios potenciales.
Solo la lucha cambiará nuestras vidas
Yolanda Díaz, que al jactarse de que “han demostrado que ganando derechos han logrado más eficiencia económica”, no solo se ríe en la cara de los y las trabajadoras y la juventud; nos demuestra que no debemos tener ninguna confianza en este gobierno ni en las instituciones, que solo sirven a los deseos de los capitalistas. Para este inicio de año, tendremos que organizarnos y movilizarnos si queremos defender nuestros intereses, pues solo la movilización sostenida de los/as trabajadoras y de la juventud puede lograr imponer un programa de urgencia social que responda a las necesidades sociales de la mayoría. Esa lucha tiene que asumir el enfrentamiento directo con los intereses de los capitalistas, cuestionando que sus beneficios valgan más que nuestras vidas.
