La población del País Valencià y todo el E. Español se vieron sacudidos hace algo más de un mes por una catástrofe medioambiental y social incalificable en su magnitud y cuyas consecuencias aún estamos lejos de ver: la cifra de muertes a 27 de noviembre no deja de actualizarse pero según fuentes oficiales la cifra es de 222 fallecidos/as y aún 5 desaparecidos/as . A estas víctimas se le suman 7 fallecidos de Castilla- La Macha y uno en Andalucía. Seguimos mostrando nuestra solidaridad con sus familiares y amig@s.
Las responsabilidades sí son políticas y repartidas
La noche del martes 29 de octubre y especialmente el miércoles 30 una DANA, de cuya fuerza y efectos los meteorólogos habían alertado a las administraciones, azotó el levante peninsular y descargó una ingente cantidad de lluvia convertida en agua desbocada que arrasó infraestructuras y viviendas de ciudades y pueblos de la provincia de Valencia pero también de Albacete, acabando con el suministro eléctrico y llevándose vehículos y personas a su paso. El martes al mediodía el president valenciano, Carlos Mazón, enviaba un mensaje de tranquilidad.
Ni el gobierno de la Generalitat valenciana ni el gobierno central hicieron nada para que esta catástrofe no fuese pagada por los de siempre. Por todos es sabido cómo alardeaban PP y Vox de la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), petición expresa de la ultraderecha para el pacto de gobierno, y del «ahorro” de 38 millones de euros con la no creación de 728 puestos de trabajo. Las alarmas del gobierno autonómico sonaron por la noche, cuando el agua alcanzaba los 2 metros en buena parte de las localidades afectadas y sus vecin@s luchaban por sobrevivir. Evidentemente, ya era tarde.
Tampoco el gobierno PSOE – SUMAR, que ya tenía sobre la mesa las previsiones de alerta de la AEMET al menos 5 días antes, decidió decretar ninguna medida de emergencia. Aquel martes ni el consejo de ministros ni la delegación de gobierno en Valencia tuvieron en cuenta las previsiones de lo que se avecinaba. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, tenía en su mano evitar que miles de trabajador@s acudieran a su centro de trabajo, al igual que la responsable de Educación, Pilar Alegría, podía haber decretado la suspensión de las clases. En definitiva, la actividad económica no se paralizó.
El beneficio de las empresas por delante de la vida de l@s trabajador@s
Miles de emplead@s continuaban en sus puestos de trabajo el día crítico de la Dan. Como en la pandemia, l@s trabajador@s se pusieron en peligro y se quedaron con la incertidumbre de si iban a poder regresar a casa, o que para hacerlo tendrían que jugarse su vida en camiones o coches particulares. Concretamente , las empresas como Mercadona, Consum, Ikea, Druni, Carrefour, Cinesa, Glovo y Uber Eats, entre otras grandes cadenas, obligaron a sus trabajador@s a seguir en el trabajo. Lo mismo ocurriría en Andalucía: tras el aviso de Dana los días 13 y 14 de noviembre, el presidente Juanma Moreno cerró los centros de enseñanza públicos de las zonas en peligro, sin embargo, miles de trabajador@s de la empresa privada tuvieron que ir a trabajar puesto que ni el gobierno autonómico ni central decretaron lo contrario. Para los empresarios siguieron primando, incluso tras lo sucedido en valencia, los beneficios. Ninguna institución denunció esta situación.
Durante los días posteriores a la Dana en País Valencià, las declaraciones de la ministra de Trabajo dejaron mucho que desear recordando a l@s trabajador@s el mecanismo de los ERTEs y pidiera empatía a las empresas; sin olvidar que el secretario general de CCOO se limitó a recordar la legislación de prevención de riesgos laborales en vez de movilizar a sus delegados en los comités de empresa para señalar y denunciar a aquellos empresarios criminales, como Juan Roig dueño de Mercadona cuyo logo fue pixelado del camión que intentaba esquivar el fango en el video. Por si esto fuera poco, las direcciones de CCOO y UGT convocaron un paro el pasado 8 de noviembre durante diez minutos para solidarizarse con l@s afectad@s por la DANA. Sin ningún tipo de pudor se aliaron con los que consideran a la clase trabajadora y la juventud como meros números.
El carácter de clase del destructivo cambio climático
Es indudable que la ferocidad y destrucción de esta DANA, que según los científicos es un fenómeno que ha pasado de tener una periodicidad de 10 a 2-5 años, está intrínsicamente ligada con la inestabilidad planetaria a la que nos ha conducido un cambio climático que cada vez menos, anclados en un criminal negacionismo, pueden desdeñar. La potencia devastadora de efectos meteorológicos adversos para la población es cada vez mas recurrente, como ya lo comprobamos con la borrasca Filomena en enero de 2021, en Grecia el verano pasado y en Libia hace unos meses. El sistema capitalista y su lógica de la búsqueda del máximo beneficio atenta también contra nuestro propio planeta. Recordamos que son sólo 100 empresas las responsables de hasta el 71% de las emisiones de gases a efecto invernadero entre las que se encuentras por ejemplo Repsol.
La catástrofe social deja al descubierto las negligentes carencias en previsión y respuesta ante desastres naturales, a pesar de las constantes advertencias de la comunidad científica sobre los efectos de las altas temperaturas del Mediterráneo, una auténtica olla en ebullición. Las lluvias torrenciales han sido un 12% más intensas y el doble de probables en comparación con el clima preindustrial, con un planeta 1,3ºC más cálido por las emisiones de combustibles fósiles. Cuando Repsol y las empresas energéticas son quienes decide sobre los presupuestos del Estado es redundante subrayar el carácter de clase de este colapso climático.
La respuesta organizada de l@s trabajador@s
Frente a lo criminal de sus políticas de recortes y la apuesta por el máximo beneficio empresarial, estamos viendo a trabajador@ de todo tipo dando lo mejor de sí mism@s en condiciones muy difíciles al margen de las instituciones: centenares de vecin@s dan muestra de la solidaridad popular y se adelantan con sus manos, palas y cepillos a la toma de decisiones de las diferentes administraciones mientras trabajadoras sociales salvan del agua y cargan sobre sus espaldas a mayores de una residencia de ancian@s.
A esto le sumamos la respuesta masiva del pasado 9 de noviembre, con más de 150 000 personas en las calles de Valencia. Según el manifiesto de los convocantes, las causas de la tragedia son claras y concuerdan con las expuestas más arriba: por un lado, la inacción de los gobiernos centrales y autonómicos que dejaron que la patronal obligara a los y las trabajadoras a acudir a sus puestos de trabajo en esas condiciones; por otro lado, la negación del cambio climático así como la especulación y construcción de viviendas en zonas inundables y es por eso que exige que “se prohíba la construcción en zonas inundables y en la línea de costa”.
El movimiento no parece que vaya a parar hasta conseguir que se depuren las responsabilidades políticas y penales de todos/as los/as responsables. El cese de la Consejera de Emergencias y las nuevas incorporaciones al gobierno de Mazón no parecen satisfacer a los/as valencianas que ya han convocada nuevas jornadas de movilizaciones para los días 29 y 30 de noviembre. Siguen exigiendo además de la dimisión de Mazón, soluciones inmediatas que vayan en el sentido de ofrecer una alternativa habitacional inmediata a todas las familias que se han quedado sin domicilio “reconvirtiendo los pisos turísticos en hogares” (…) así como poniendo a disposición de los y las afectadas aquellos “pisos vacíos de la banca rescatada, de los fondos buitres o de la Sareb” y de garantizar que “todas las personas de rentas bajas, independientemente de su condición administrativa (personas migradas, personas sin seguros, etc) tengan acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción. ”
Desde IZAR apoyamos estas reivindicaciones. Somos conscientes de que la reconstrucción no puede hacerse a costas del campo social que ha puesto su vida y sus manos estos días en sobrevivir al lodo. Para empezar, hay que expropiar las viviendas de los bancos y grandes propietarios para ponerlas al servicio de los centenares de familias afectadas por la DANA. El gobierno PSOE-Sumar debería hacer recaer el rescate de emergencia y de reparación de infraestructuras sobre los beneficios de las (más de 60.000 millones de euros para el año 2024) que son en gran parte responsables del cambio climático junto con otras grandes multinacionales.
Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR llamamos a que el conjunto de trabajador@s y la juventud se movilice para dar una respuesta firme en las calles a los gobiernos valenciano y estatal para que no sea nuestra clase, otra vez y como tantas veces, quien cargue con esta incalificable catástrofe social y climática que tiene responsables políticos y un sistema económico criminal que los justifica.
