Aún tras la DANA, quieren recortar el gasto público
Mientras se anunciaban los fondos destinados por el gobierno para paliar el desastre de la DANA, la Comisión Europea salía a escena para afirmar que confía en que el gobierno PSOE – SUMAR cumplirá su palabra y reducirá el déficit hasta el 3% que pactaron en primavera. Este compromiso se acordó a cambio de que Bruselas no metiera al Estado español en un expediente por déficit excesivo, que hubiera significado recortes anuales como mínimo del 0,5% del PIB (de 7.500 millones de euros en adelante). Sin embargo, la política del “mal menor” que abandera el gobierno vuelve a quedar en evidencia, esta vez cuando vemos que las estimaciones que se barajan para lograr ese objetivo de déficit calculan que serán necesarios unos 5.000 millones de recortes en el gasto público.
También hemos visto el mercadeo que se hace desde la Comisión Europea (una estructura al servicio del gran capital europeo como el resto de la UE) con la desgracia del pueblo valenciano, cuando su vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, dijo que concedería flexibilidad al Estado español por el desastre de la DANA al tratarse de una situación de excepcionalidad, a la par que recordaba que la perspectiva de Bruselas es que para 2025 el déficit del Estado español se rebaje al 2,6%. ¡Esta es la solidaridad de los grandes empresarios y banqueros!
Los recortes, una política que también sigue este gobierno
Recordemos que este gobierno, que acepta sin rechistar las recetas de austeridad, se felicita por ser muy eficiente en esto de reducir el gasto público y se marcó como objetivo en comparecencia pública de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, llegar a un déficit en 2028 del 1,6% mientras aseguraba que no habrá recortes. Para desmontar este relato basta con recordar el decreto que intentaron colar para recortar las pensiones de los parados/as de larga duración en unos 1.900 euros anuales, medida enmascarada en un aumento mínimo del subsidio de desempleo, con el que esperaban ahorrar unos 93 millones de euros. En la misma línea iba otro decreto, que quería obligar a los y las funcionarias a demostrar su desempeño en pruebas de evaluación y que de no pasar los objetivos mínimos podían suponer hasta su despido. ¡Su cinismo no conoce límites!
Es tan aplicado este gobierno, que Bruselas calcula que elevará el déficit del Estado español en 2026 a un 2,7%, cuando se acaben los impuestos a la banca y las empresas energéticas, unos impuestos que se han demostrado una y otra vez del todo insuficientes frente a los ingentes beneficios que acaparan trimestre tras trimestre.
Sus recortes, nuestros/as muertos/as
Aunque nos intenten engañar, reducir el gasto público no es otra cosa que recortar en los servicios destinados a cubrir las necesidades, principalmente de las personas con menos posibilidades económicas. Somos los y las trabajadoras, que generamos todas las riquezas, quienes padecemos las consecuencias de los recortes, algo que se ha visto con toda su crudeza con la DANA: el gobierno de Mazón recortó un un 20% la partida presupuestaria de la Gestión Integral de Servicios de Emergencias, los empresarios obligaron a seguir produciendo para mantener sus beneficios y la clase trabajadora perdió otras 200 vidas. Este guion ya lo vimos en 2020, cuando se supo que Ayuso había recortado 195 millones de euros en 2019 destinados a educación, sanidad, dependencia, vivienda y exclusión para cumplir con la “regla de gasto”; este destrozo de los servicios públicos agravó los efectos de la pandemia, con Madrid como la comunidad con más muertes en términos absolutos y relativos al tamaño de la población, con casi un 25 % más que en el resto del Estado mientras la patronal se llevaba la manos a la cabeza cuando se hablaba de parar la producción.
Para acabar con los recortes el único camino es la lucha y la auto organización
La lógica de este sistema no puede ser más irracional. Los y las que producen todas las riquezas, que hacen que funcionen todos los elementos de esta sociedad no tienen acceso a esas riquezas ni deciden el rumbo que debe tomar esta sociedad. Esto explica que cuando se hable de recortar el gasto público, sus medidas vayan encaminadas a recortar las pensiones, la sanidad, la educación o la dependencia mientras se llenan los bolsillos de los empresarios y los banqueros con dinero público o mientras se destinan más de 1.100 millones de euros en mayo para enviar apoyo militar al gobierno de Zelensky y el gasto de Defensa se ha disparado en más de un 62% desde 2018.
Para cambiar esta dinámica, para cambiar nuestras vidas no hay otro camino. Sólo la movilización y las huelgas de los y las trabajadoras y la juventud permitirán revertir la actual situación e impedir estos y futuros recortes. Nada podemos esperar de los debates parlamentarios encabezados por organizaciones como BNG, ERC o Bildu, que no han tenido reparos en apoyar las políticas del PSOE o el caso de PODEMOS, cuya crítica actual responde más a una estrategia para superar en escaños a SUMAR que a una orientación para reforzar las calles y organizar una respuesta de movilizaciones conjuntas. Hace falta organizar una respuesta desde abajo, que parta de las luchas existes y que ponga encima de mesa un programa de urgencia social. Solo de esta manera podremos parar sus recortes y anteponer a sus beneficios nuestras necesidades.
