La población del País Valencià y todo el E. Español se han visto sacudidos en las últimas 72 horas por una catástrofe medioambiental y social incalificable en su magnitud y cuyas consecuencias aún estamos lejos de ver: la cifra de muertes no deja de actualizarse pero de acuerdo con el acta de la reunión del viernes entre el ministro Marlaska y el presidente de la Generalitat Carlos Mazón, a los 205 fallecid@s habría que sumar 70 cadáveres pendientes de levantar y 1900 desaparecid@s. Nos dirigimos a sus familiares y amigos en primer lugar para expresar toda nuestra solidaridad como organización.
Las responsabilidades sí son políticas y repartidas
El martes noche 29 y especialmente el miércoles 30 de octubre una DANA, de cuya fuerza y efectos los meteorólogos habían alertado a las administraciones, azotó el levante peninsular y descargó una ingente cantidad de lluvia convertida en agua desbocada que arrasó infraestructuras y viviendas de ciudades y pueblos de la provincia de Valencia pero también de Albacete, acabando con el suministro eléctrico y llevándose vehículos y personas a su paso. El martes al mediodía el president valenciano, Carlos Mazón, enviaba un mensaje de tranquilidad.
El gobierno de la Generalitat valenciana, del PP apoyado por Vox, hizo precisamente gala nada más llegar tras las últimas elecciones autonómicas de la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), petición expresa de la ultraderecha para el pacto de gobierno, y del «ahorro” de 38 millones de euros con la no creación de 728 puestos de trabajo. Las alarmas del gobierno autonómico sonaron por la noche, cuando el agua alcanzaba los 2 metros en buena parte de las localidades afectadas y sus vecin@s luchaban por sobrevivir.
Tampoco el gobierno PSOE – SUMAR, que ya tenía sobre la mesa las previsiones de alerta de la AEMET al menos 5 día antes, decidió decretar ninguna medida de emergencia. El martes ni el consejo de ministros ni la delegación de gobierno en Valencia tuvieron en cuenta las previsiones de lo que se avecinaba. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, tenía en su mano evitar que miles de trabajador@s acudieran a su centro de trabajo, al igual que la responsable de Educación, Pilar Alegría, podía haber decretado la suspensión de las clases. En definitiva, la actividad económica no se paralizó.
El beneficio de las empresas por delante de la vida de l@s trabajador@s
Como en la pandemia, cuando la vida de l@s trabajdor@s está en riesgo, para instituciones y empresas la prioridad es mantener los beneficios. Durante el martes y parte del miércoles la vida continuó con normalidad en empresas y centros comerciales en la provincia de Valencia: miles de emplead@s continuaban en sus puestos de trabajo sin saber que no iban a poder regresar a casa, o que para hacerlo tendrían que jugarse su vida en camiones o coches particulares. Concretamente Mercadona, Consum, Ikea, Druni, Carrefour, Cinesa, Glovo y Uber Eats, entre otras grandes cadenas, obligaron a sus trabajador@s a seguir en su puesto pese a las alarmas.
De la misma forma que resulta extemporáneo e indignante que la ministra de Trabajo recordara a l@s trabajador@s el mecanismo de los ERTEs y pidiera empatía a las empresas, el secretario general de CCOO se limitó a recordar la legislación de prevención de riesgos laborales en vez de movilizar a sus delegados en los comités de empresa para señalar y denunciar a aquellos empresarios criminales (como Juan Roig, niño mimado por los gobiernos central y valenciano, cuyo logo fue pixelado del camión que intentaba esquivar el fango en el video) para quienes primero va la productividad y luego la vida de nuestra clase. Una vez más la clase obrera ha estado completamente abandonada por gobiernos y direcciones sindicales.
El carácter de clase del destructivo cambio climático
Es indudable que la ferocidad y destrucción de esta DANA, que según los científicos es un fenómeno que ha pasado de tener una periodicidad de 10 a 2-5 años, está intrínsicamente ligada con la inestabilidad planetaria a la que nos ha conducido un cambio climático que cada vez menos, anclados en un criminal negacionismo, pueden desdeñar. La potencia devastadora de efectos meteorológicos adversos para la población es cada vez mas recurrente, como ya lo comprobamos con la borrasca Filomena en enero de 2021, en Grecia el verano pasado y en Libia hace unos meses. El sistema capitalista y su lógica de la búsqueda del máximo beneficio atenta también contra nuestro propio planeta. Recordamos que son sólo 100 empresas las responsables de hasta el 71% de las emisiones de gases a efecto invernadero entre las que se encuentras por ejemplo Repsol.
La catástrofe social deja al descubierto las negligentes carencias en previsión y respuesta ante desastres naturales, a pesar de las constantes advertencias de la comunidad científica sobre los efectos de las altas temperaturas del Mediterráneo, una auténtica olla en ebullición. Las lluvias torrenciales han sido un 12% más intensas y el doble de probables en comparación con el clima preindustrial, con un planeta 1,3ºC más cálido por las emisiones de combustibles fósiles. Cuando Repsol y las empresas energéticas son quienes decide sobre los presupuestos del Estado es redundante subrayar el carácter de clase de este colapso climático.
La respuesta organizada de l@s trabajador@s
A 72 horas del inicio de este desastre social sabemos que el gobierno Sánchez no decretó emergencia nacional, que habría permitido decretos para trabajador@s en el País Valencià, sólo para respetar las competencias autonómicas de la Generalitat valenciana. Ni en previsión ni en gestión las instituciones capitalistas están respondiendo a una emergencia que pagan las y los trabajador@s. Tampoco la invocación aséptica al concepto de desastre natural, imposible de prever, responde a la realidad, como ya hemos dicho. Los recortes y el colapso en servicios de emergencias, las privatizaciones nunca revertidas y la especulación inmobiliaria y construcción de vivienda en terrenos con riesgo de inundación son también dinamita.
Frente a lo criminal de sus políticas de recortes y la apuesta por el máximo beneficio empresarial, estamos viendo a trabajador@ de todo tipo dando lo mejor de sí mism@s en condiciones muy difíciles al margen de las instituciones: centenares de vecin@s dan muestra de la solidaridad popular y se adelantan con sus manos, palas y cepillos a la toma de decisiones de las diferentes administraciones mientras trabajadoras sociales salvan del agua y cargan sobre sus espaldas a mayores de una residencia de ancian@s . Pero cuando pasen unos días y el País Valencià y el conjunto del Estado superen la magnitud de esta tragedia, hay que depurar responsabilidades.
La reconstrucción no puede hacerse a costas del campo social que ha puesto su vida y sus manos estos días en sobrevivir al lodo. Para empezar, hay que expropiar las viviendas de los bancos y grandes propietarios para ponerlas al servicio de los centenares de familias afectadas por la DANA. El gobierno PSOE-Sumar debería hacer recaer el rescate de emergencia y de reparación de infraestructuras sobre los beneficios de las (más de 60.000 millones de euros para el año 2024) que son en gran parte responsables del cambio climático junto con otras grandes multinacionales.
Por último pero no menos importante, exigimos que asuman sus responsabilidades el gobierno del PP de la Generalitat valenciano y el gobierno estatal PSOE-Sumar, así como que sean juzgados todos aquellos empresarios que obligaron a ir a trabajar a sus emplead@s.
Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR llamamos a que el conjunto de trabajador@s y la juventud se movilice para dar una respuesta firme en las calles a los gobiernos valenciano y estatal para que no sea nuestra clase, otra vez y como tantas veces, quien cargue con esta incalificable catástrofe social y climática que tiene responsables políticos y un sistema económico criminal que los justifica.
