El curso político no ha empezado bien para las ultraderechas en Francia y el E.Español. Cuando el partido de la señora Le Pen lograba convertirse en el árbitro del parlamento y de tener el control del gobierno Barnier, una investigación judicial la ponía bajo la lupa por utilizar de forma fraudulenta fondos del Parlamento Europeo para financiar los sueldos de su partido RN. Paralelamente, el partido de Abascal era expuesto por recibir millones de euros en préstamos de un banco húngaro, vinculado directamente con el gobierno húngaro de Viktor Orbán.
Pero sin duda quienes llegaron el pasado junio abriendo una brecha inesperada en el bloque de las derechas como el azote de la partitocracia y la corrupción política, de la que tampoco se libraba su más afín Vox, la plataforma Se Acabó La Fiesta (SALF) del agitador ultra Alvise, empezó a sufrir un goteo de escándalos tras conocerse que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo financió irregularmente con 100.000 euros la campaña electoral a cambio de promesas de lobbismo en la UE a su favor, haciendo frotarse las manos a PP y Vox.
A primeros de octubre la extrema derecha gala se enfrentó a un importante proceso contra miembros acusados de malversación de millones de euros de fondos europeos para pagar a trabajador@s a nivel estatal. 27 miembros y exmiembros del partido fueron imputados, entre ellos la excandidata presidencial y su padre por hasta 6 delitos, quienes se arriesgan a un máximo de 10 años de cárcel, multas de un millón de euros e incluso la inhabilitación de cargos electos. Esto podría hacer descarrilar su posible 4ª candidatura presidencial en 2027, precisamente en su momento político más dulce.
La explicación oficial de Vox fue que se ocultaba el nombre del banco para «no contribuir a la demonización» de ninguna entidad, pero con esta opacidad en sus cuentas incumpliría la ley de financiación de partidos políticos, que establece la obligación de dar publicidad a la cuantía de los créditos pendientes de amortización, el importe otorgado y el plazo. Los 2 créditos se concedieron en 2023 y al año Vox abandonó el grupo Conservadores y Reformistas de Meloni para integrar Patriotas de Europa de Orbán, un movimiento inesperado que hoy cobra sentido.
Ya Macarena Olona, en pleno cobro de venganzas internas con su antigua formación, denunció que ésta había desviado en los últimos años casi 11 millones de euros de dinero público a la fundación Disenso, de la que es presidente Abascal, y a la mercantil Tizona Comunicación, de la que es propietario Kiko Méndez-Monasterio, exnazi y asesor del líder plenipotenciario de Vox, señalando que su antiguo partido se había convertido en un auténtico chiringuitazo como los que venían a señalar , en la “S.A. del patriotismo”.
Respecto al último parto ultra, fue tal el escándalo entre su parroquia de canal de Telegram que el propio Alvise se vio obligado a intentar aclarar en video la financiación irregular de su plataforma (“Acepté esos honorarios privados sin factura para tener ahorros y no enriquecerme con mi actividad política”), atacar a Hacienda como víctima de una mafia y sugiriendo que Abascal había mantenido también contactos con el empresario Romillo.
Los casos de Le Pen, Vox y Alvise Pérez convergen en el tiempo y comparten más que una agenda ultra, reaccionaria y profundamente hostil a nuestra clase: están unidos por el uso de prácticas corruptas que dicen combatir en los partidos burgueses tradicionales para sostener sus carreras políticas en lo institucional, demostrando que los vicios que denuncian son los que mejor dominan.
