El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas está cobrando especial interés en estos últimos meses. Por un lado, para el gobierno en general y SUMAR en particular es necesario presentar una ley que sea buena para los y las trabajadoras, tras varias medidas claramente lesivas con sus derechos (no derogación de la reforma laboral, retraso efectivo en la edad de jubilación, acuerdos con las mutuas para que gestiones las bajas laborales, el cambio en la nulidad de despido de la Ley de Paridad…); por otro lado, las direcciones de los sindicatos mayoritarios también necesitan una “victoria” urgente que vender a sus bases después de tragar con todos los sapos habidos y por haber con los gobiernos “progresistas”.
La reducción de la jornada laboral es una medida justa
La reducción de la jornada laboral es una necesidad real para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Trabajar menos sin que bajen los salarios es una lucha histórica del movimiento obrero. En la actualidad, el Estado español tiene, según datos de la OCDE, una de las jornadas de trabajo más largas a nivel europeo (dos meses más que en Alemania, por ejemplo). La jornada laboral en el Estado español no se ha reducido en más de 100 años, cuando la clase obrera catalana obligó durante una huelga de 44 días consiguió establecer la jornada de 8 horas.
Los avances tecnológicos ya permiten que haga falta menos trabajo para producir más. Con este aumento de la productividad deberíamos poder trabajar menos, lo cual afectaría al paro. El paro, que solo beneficia a la patronal, puede bajar si más personas trabajan menos tiempo. Por eso es necesario defender la consigna de trabajar menos para trabajar todos y todas. Hay que ajustar la semana laboral en función de los empleos necesarios sin bajar ni un céntimo los salarios. Por ejemplo, una jornada laboral de 35 horas semanales supondrían un 19% más de empleos disponibles. Si el gobierno PSOE – SUMAR legislaran planteando una reducción de la jornada laboral sin bajar los salarios, esa medida sería justa y habría que apoyarla sin lugar a dudas. No obstante, los hechos nos están demostrando que la orientación del co-gobierno va más hacia una reducción de la jornada laboral cargada de «peros».
Los “peros” de la propuesta del Gobierno
Tras la última reunión a tres bandas entre Gobierno, patronal y sindicatos (CCOO y UGT) del 11 de octubre, el Ministerio de Trabajo presentó una nueva propuesta para que la CEOE acepte la jornada a 37,5 horas: ayudas para las pymes con dinero público para la conversión de los contratos a la nueva jornada laboral o, lo que es lo mismo, destinar dinero público que generan principalmente los y las trabajadoras con su trabajo para mantener los beneficios empresariales. Pero no ha sido la única cesión de Yolanda Díaz en este tema: en un artículo del 24/09/2024, “El País” recogía que, aunque lo negara, el Ministerio de Trabajo había propuesto que “la reducción de jornada a 38 horas y media empiece a aplicar a inicios de 2025, en vez de en 2024 como prometieron PSOE y SUMAR en su acuerdo de Gobierno, y que las 37,5 no entren en vigor hasta el primer día de 2026, un año después de lo anunciado” y revelando que se sabía que el gobierno iba a ser tolerante con la patronal en su aplicación, pero no tanto: “Hasta ahora se sabía que el Ejecutivo proponía flexibilidad en la aplicación en función del sector, pero no que se planteaba en estos términos.”
La patronal pasa a la ofensiva y el reformismo cede
La CEOE se sabe fuerte, ven que las direcciones sindicales no van a romper con un gobierno que no se plantea imponer una ley sin el consentimiento de la patronal, y ya han dejado claro que quieren «una rebaja significativa de los costes laborales, que compense la pérdida de horas y los posibles aumentos de plantilla”. Mientras ya han hablado con Junts para que rechacen una ley sin su visto bueno, el PP ha introducido un debate sobre como distribuir irregularmente la jornada laboral en días o semanas sin reducir la jornada laboral. Con estos apoyos, la patronal lanza exigencias tales como medidas para reducir las bajas por enfermedad, que las empresas puedan presionar a los y las trabajadoras que pidan reducciones de jornada, así como tener más libertad para hacer jornadas flexibles y con bancos de horas, disponiendo aún más a su antojo del tiempo de los y las trabajadoras.
Yolanda Díaz y SUMAR se han subordinado una vez más al PSOE, que es quien más aprieta para que el acuerdo no sea entre el gobierno y las principales centrales sindicales solamente. Para Pedro Sánchez es innegociable que los empresarios apoyen este proyecto y SUMAR asiente y se ponen manos a la obra para ganarse a la CEOE, algo que ejemplifican las declaraciones de Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz: “hay propuestas negro sobre blanco, […] esperamos a las organizaciones empresariales”.
Las direcciones sindicales se muestran igual de impotentes. Animan al gobierno a no esperar más a la CEOE pero, fruto de su orientación de negociación y paz social, no valoran presionar a ambos con movilizaciones y huelgas en los centros de trabajo. Su única acción ha sido hasta el momento unas concentraciones ante las sedes de CEOE en varios ciudades el pasado 26 de septiembre.
Es necesaria otra orientación
Mediante el consenso con la patronal y la paz social no habrá ninguna medida favorable para el conjunto de los y las trabajadoras. Lo hemos visto a lo largo de las dos últimas legislaturas de gobiernos “progresistas”. Sin enfrentarse a los intereses de los empresarios, es imposible que se apliquen medidas que beneficien a los intereses de la mayoría social; el reformismo choca una y otra vez con esta pared, su orientación conduce a un callejón sin salida. Es necesario seguir otra orientación y la clase trabajadora tiene la llave: su historia así lo ha demostrado, la jornada de 8 horas fue una victoria de sus movilizaciones y de su principal herramienta de lucha: las huelgas. Para imponer a la patronal la reivindicaciones de clase de los y las trabajadoras no puede hacerse de otra manera, hay que dejar de esperar al gobierno y tomar la iniciativa con un plan conjunto de movilizaciones y huelgas que ponga encima de la mesa un programa de urgencia social que aglutine no solo las reivindicaciones sobre la jornada laboral, sino todas las cuestiones sociales que nos afectan.
