La Ley Mordaza fue aprobada en marzo de 2015 bajo Gobierno de Rajoy y contando con la mayoría absoluta del PP en el Congreso. Entró en vigor el 1 de julio de 2015 y desde entonces acumula 291 400 sanciones con una base únicamente en 2 artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse (artículo 36.6) y falta de respeto a la autoridad (artículo 37.4). A nadie se le escapa que esta reforma de la Ley de Seguridad ciudadana se hizo en respuesta al fuerte ciclo de movilizaciones. Aquel del 15M, de las dos huelgas generales y de las movilizaciones de las mareas por la defensa de los servicios públicos. El objetivo era evidente: limitar la movilización provocado por el descontento de gran parte de la clase trabajadora y de la juventud como consecuencia de la crisis económica y social.
Y para ello, se trataba de restringir derechos y libertades como los de manifestación, reunión o expresión. ¿Cómo? Castigando conductas que no son constitutivas de delito imponiendo el pago de unas multas. Tal y como recuerda el profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías, “estas sanciones suponen un problema democrático en sí mismo. Cuando un agente policial considera que algún ciudadano ha cometido un acto sancionable –por ejemplo, no lo ha tratado con el debido respeto– procede a denunciarlo internamente. Su denuncia va a otro policía, instructor, que examina el asunto y, tras ofrecer al afectado la posibilidad de dar su versión, propone una sanción. Habitualmente una multa. La multa la impone la autoridad gubernativa que, en general, suele dar más credibilidad a la versión policial que a la ciudadana. En la vida real, por tanto, quien multa es la Policía. La persona afectada se ve obligada a pagar una sanción que no suele ser inferior a 600 euros, sin haber tenido posibilidades reales de defensa.” Instituciones internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el propio Consejo Europeo han afirmado que esa ley compromete el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión, de manifestación o de libertad de expresión.
Pero esta ley no sólo confiere un poder desmedido a la policía otorgándole el poder de juez y la presunción de veracidad (entre 2015 y 2020 más de 1/3 de las sanciones se deben a eso) sino que también legaliza entre otras cosas el uso de pelotas de goma y proyectiles foam, permite multar hasta con 600.000 euros a las personas que supuestamente habrían convocado manifestaciones ilegales (sin comunicar tal y como ocurría en el 15M) a criterio de la policía basándose como únicos indicios en publicaciones y declaraciones en redes sociales o permite las devoluciones en caliente de la personas migrantes.
Díaz anuncia la derogación de la ley Mordaza…pero la portavoz del Gobierno la contradice de inmediato
El pasado mes de julio, Yolanda Díaz anunciaba a bombo y platillo la próxima derogación de la ley Mordaza. Nadie se lo creyó. Incluso antes de que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, enfriara las declaraciones de la líder de Sumar anunciando una reforma parcial afirmando que el Gobierno iba “a abordar la modificación de la Ley Mordaza pero solo la parte referida a los delitos de injurias”. Una parte por cierto que nada tiene que ver con la Ley mordaza sino con la ley del Código penal. Pero ¿por qué nadie se lo creyó? Por ser la enésima vez que este gobierno de coalición, antes con Unidas Podemos y ahora con Sumar hacen ese mismo anuncio. Tenemos que recordar que la derogación de la ley mordaza era un acuerdo de ambos gobierno de coalición y que sin embargo dicha ley lleva ya más tiempo vigente bajo mandato de Sánchez que de Rajoy.
La realidad es tozuda. Por mucho que digan lo contrario, la ley no solo no va a ser derogada sino que en realidad interesa también a este gobierno a partir del momento en que controla, limita y disuade la protesta en la calle. Por eso aunque puedan reformar algunos de sus aspectos como la despenalización de la publicación de imágenes de la policía (artículo 36), la base de dicha ley seguirá muy en activos por mucho que Enrique Santiago justifique la lentitud para derogarla afirmando que están buscando una alianza más amplia en el parlamento…
Mientras tanto, esta ley sigue multando y favoreciendo la represión y el encarcelamiento de sindicalistas al utilizarse en los juicios la presunción de veracidad de la policía. Como si ésta fuese un agente neutro en los conflictos sociales y/o sindicales. Así pues, los 6 antifascistas de Zaragoza llevan ya más de 100 días en la cárcel por manifestarse en contra de Vox, las 6 sindicalistas de la CNT de la “Suiza” de Gijón han sido condenada a tres años y medio de cárcel por supuestas coacciones mientras en el juicio contra los tres sindicalistas del SAT se les pedía hasta 5 años de cárcel. Afortunadamente la denuncia de la Junta de Andalucía parece haber quedado al descubierto como lo que es, una represalia contra tres trabajadores/as sindicalistas por realizar una acción en medio de un conflicto laboral al poder demostrar que una de las trabajadoras acusadas no se encontraba ni en el lugar de los hechos ese día. Para seguir defendiendo nuestros intereses como trabajadores/as vamos a necesitar contar con toda la unidad de nuestra clase ya que no solo nos estamos enfrentando a la patronal que trata de imponernos unas condiciones laborales inaceptables sino también a un Estado que no duda en golpearnos con todas su armas para que dejemos de levantar la cabeza y para que nos resignemos. ¡No lo conseguirán!
