Venezuela vuelve a ser noticia, tras el silencio mediático impuesto por el imperialismo norteamericano desde el inicio de la guerra de Ucrania, que convirtió a Maduro en un socio estratégico, tal y como demuestra la reducción del bloqueo impuesto a Venezuela durante la administración Biden. A estas alturas, a los y las revolucionarias del mundo no nos sorprenden ni la hipocresía mediática de occidente ni su voraz imperialismo, pero tampoco nos confunde, como sí hemos podido comprobar, le sucede a gran parte de la izquierda reformista internacional y a las corrientes de tradición estalinista, las cuales han vuelto a hacer gala de su infantil “campismo”, alzando sus voces en defensa del Gobierno de Maduro, ignorando los atropellos del mismo contra las clases populares de Venezuela y desatendiendo las legítimas reivindicaciones de éstas.
Pero pongamos el debate en contexto. No hay dudas de que el proceso autodenominado cómo “revolución bolivariana”, tuvo elementos ciertamente progresivos y logros importantes en sus años de apogeo, como lo fue la nacionalización de la industria petrolera venezolana, aunque se hiciera mediante el pago a precio de mercado. Durante algunos años se logró rescatar a grandes masas de población de la pobreza e incluso se logró liderar el proceso integracionista en el ámbito latinoamericano (UNASUR, MERCOSUR, CELAC). Pero no menos cierto es que durante aquellos primeros años en lugar de promover la industrialización, potenciar la agricultura y la diversificación económica, para combatir el “subdesarrollo”, superando así el heredado modelo rentista, se hizo todo lo contrario, el petroleo pasó de representar el 64% de las exportaciones en 1998 al 92% en 2012.
Por otro lado, estas rentas obtenidas en los años de abundancia, fueron dirigidas hacía políticas asistencialistas, así como a generar redes clientelares, a través de un aparato del Estado fusionado con las instancias del Psuv, que fue segando toda crítica a su izquierda. A la muerte de Chávez en 2013 Venezuela presentaba altos niveles de endeudamiento externo y una creciente inflación monetaria traducida en desgaste político y eso que para entonces el petroleo venezolano aun se pagaba a 100 dólares el barril. En febrero de 2016 el mismo barril ya no alcanzaba los 25 dólares en el mercado internacional.
Desde entonces, la política económica del actual Gobierno ha venido marcada por los escándalos de corrupción (De entre todos destaca el multimillonario fraude denominado como Pdvsa-Cripto, el cual aun sigue abierto) y el deterioro de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, al priorizar el pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de los y las venezolanas.
Las políticas de ajuste de Maduro solo han significado una continua regresión de los aspectos más avanzados del proyecto bolivariano, profundizando el modelo extractivista pero esta vez, además vendiendo la explotación de los recursos naturales del país a las multinacionales norteamericanas y chinas principalmente (destaca el megaproyecto “Arco minero del Orinoco” por su magnitud, ya que ocupa el 12% del territorio nacional y por el desastre ecológico y el ataque que supone a los pueblos indígenas). Y como en cualquier parte del mundo, no hay política de recortes sociales que no vaya acompañada del aumento de la represión, para acallar las protestas e impedir la auto-organización de las masas, cuando el discurso de pose antimperialista; el sindicalismo vertical y el control estatal de las organizaciones de base no da más de si. Así lo viene demostrando el régimen de Maduro cada vez más sumiso al capital internacional y más violento con los y las trabajadoras de todos los sectores, desde el profesorado a la minería.
Y así llegamos hasta la convocatoria a elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, las cuales han venido marcadas por abusos e irregularidades de todo tipo desde el principio. Desde las intervenciones del Tribunal Supremo de Justicia para impedir la concurrencia a las elecciones de las organizaciones de izquierda, incluida la del PCV (Partico Comunista de Venezuela) que hasta 2020 formó parte del bloque oficialista; hasta los retrasos en la inscripción de votantes, principalmente de quienes viven en el extranjero de los cuales no lograron inscribirse ni el 10% de los electores (Según ACNUR las población venezolana que vive fuera del país asciende a los 7,77 millones personas). Mientras que las elecciones en Venezuela siempre habían encontrado un respaldo unánime por parte los observadores internacionales, en esta ocasión, la no publicación, un mes después, de las actas electorales en su formato digital, por el CNE, en el marco de las 48 horas como exige la ley de procesos electorales, ha logrado que ningún observador de prestigio reconozcan la supuesta victoria electoral de Maduro.
Inmediatamente después del anuncio de ésta, se produjeron movilizaciones masivas, inicialmente pacíficas pero la violencia no tardó en extenderse y en tan solo tres días ya se contaban decenas de fallecidos y más de mil detenidos. La maquinaria imperialista comenzó a operar en todos los ámbitos y esto sirvió al gobierno para justificar las irregularidades electorales y su represión policial. Los bloques estaban dispuestos para regocijo del “campismo”, que en el Estado español ha abanderado “Canal Red”. “Viento Sur”, sin embargo ha optado por sumarse a la vía del dialogo con la oposición, abanderada por Lula da Silva y López Obrador. Lo cierto y evidente es que no habrá solución posible, ni alternativa de izquierdas a Maduro, que no emane de la alianza de las clases trabajadoras; el campesinado más humilde y la juventud, para plantar cara a las viejas; a las nuevas; a las nacionales y a las internacionales burguesías y terratenientes que de un modo u otro nunca han dejado de expoliar las inmensas riquezas de Venezuela ni de explotar a sus legítimos dueños.
