El pasado 8 de agosto, Salvador Illa era investido como nuevo president de la Generalitat de Catalunya, con el apoyo de ERC y los Comuns. Se cierra así, a nivel institucional, el ciclo abierto más de una década antes y que tuvo su momento álgido con el 1 de octubre de 2017.
Del 1 de octubre a la “nueva” normalidad del régimen del 78
La celebración del referéndum del 1 de octubre, así como las grandes acciones que lo rodearon (incluyendo la huelga del 3-O) supusieron una enorme movilización popular que puso en jaque al régimen del 78. Un proceso que comenzó unos años antes, dentro de la lógica que había dominado las relaciones entre Generalitat y gobierno central, es decir, la de la negociación constante de las prebendas fiscales, pero que en esta ocasión se fue de las manos de la burguesía catalana, desbordada (y por ello, en parte en contra) por las movilizaciones populares que aspiraban a ir más allá.
La respuesta del Estado fue proporcional al peligro de que el régimen del 78 agudizara sus crisis: la intervención del rey Felipe VI, la represión policial contra las urnas, el encarcelamiento y la aplicación del artículo 155 son pruebas palpables de ello. A partir de ahí, el movimiento independentista se iría desinflando y disgregando.
Lo que vendría después sería una vuelta a la “normalidad”: normalidad en la propia Catalunya, donde el movimiento independentista entraba en reflujo, y normalidad en el Estado español, que volvía a imponerse sobre las tendencias centrífugas, con un reforzamiento de los pilares del régimen del 78, es decir, el bipartidismo, la unidad nacional (mediada por las autonomías) y la monarquía. Y esta “normalidad” (reforzamiento del Estado) ha tenido a dos actores políticos principales: en la propia Catalunya, ERC, y desde Madrid, el PSOE. Así, lo que quedaba del independentismo ha sido moneda de cambio para investiduras, ya sea las de Sánchez (2020 y 2023) o la de S. Illa (2024), en las cuáles ERC se abstuvo o apoyó, mientras que el PSOE asumía los posibles costes políticos y sociales de la ley de amnistía (también en este caso con el apoyo de Junts). Las consecuencias: una ERC que ha pagado la factura y un PSOE que se come los postres.
La “nueva vieja” normalidad: problema de competencias y dinero
Como decimos, el último episodio de este proceso ha sido la investidura de S. Illa, consecuencia de un pacto con ERC alcanzado a finales de julio y aprobado por sus bases (por un 53,5%, es decir, un apoyo limitado, lo cual demuestra las contradicciones aun latentes del proceso).
El acuerdo recoge, entre otras cosas, como señalaba el diario Público (7-8-2024), un Pacte Nacional per la Llingua, o la creación de una Convenció Nacional para la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado. Sin embargo, el plato fuerte, protagonista de tertulias y cabeceras, es el proyecto de una financiación singular para Catalunya, que supondrá la separación de la Agència Tributària Catalana y la recaudación de impuestos estatales de manera directa, como el IRPF, lo que supondrá mayor financiación. Proyecto que, no obstante, debe todavía materializarse, y cuyo responsable será un PSOE que gobierna tanto en Barcelona como en Madrid.
De esta forma, una de las organizaciones que más influencia alcanzaron con el 1-O, ERC, fuerza independentista mayoritaria en los años posteriores, ha acabado llevando una política de concertación con el Estado que ha devuelto las relaciones entre la Generalitat y Catalunya a la negociación de competencias e impuestos y al juego institucional (sin olvidar el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez en 2023), lejos de la República Catalana, la independencia y de las aspiraciones de los cientos de miles de personas que ocuparon las calles en 2017, que cuestionaba demasiadas cosas para la burguesía catalana.
