“Europa apoya, financia y está implicada directamente en operaciones clandestinas en países del norte de África para “descargar” cada año a decenas de miles de inmigrantes negr@s al desierto o a zonas remotas para impedirles llegar a la UE”. Esto es lo que se desprende de una investigación conjunta llevada a cabo por las direcciones de periodismo de investigación de Lighthouse Reports, Irpi Media e Inkyfada, con la participación de otros periódicos internacionales como El País, Der Spiegel y Le Monde.
Los periodistas califican el desierto en el que se desarrollan estas operaciones como un auténtico vertedero en el que miles de inmigrantes (incluidas familias con menores dependientes) son abandonados. “El equipo (de periodistas) entrevistó a más de 50 supervivientes en Mauritania, Marruecos y Túnez, que proporcionaron material de video y/o datos de ubicación de su ruta, que pudimos geolocalizar para respaldar sus relatos y mapear lo sucedido”, se lee en Lighthouse Reports. En el caso de Túnez, la investigación muestra que entre julio de 2023 y mayo de 2024, grupos de inmigrantes fueron primero agrupados en ciudades y luego transportados cerca de las fronteras con Libia o Argelia, y arrojados al desierto.
El caso de Túnez es paradigmático, ya que el presidente Kais Saied lleva mucho tiempo promoviendo políticas securitarias definidas por los observadores sobre el terreno como estructuralmente racistas, utilizando también lemas y propaganda típica de la extrema derecha, como por ejemplo complots sobre la «sustitución étnica» provocada por pueblo migrante negro. En Túnez, están documentadas verdaderas redadas, persecuciones y detenciones contra personas racializadas (y no solo inmigrantes) perpetradas por la policía, como ya informó en julio de 2023 Inkyfada, un medio de comunicación tunecino independiente: en las deportaciones no hay ninguna distinción, ni en cuanto a su vulnerabilidad ni su situación jurídica.
Las responsabilidad y la financiación de la UE
Las operaciones de externalización de fronteras entre la UE y los países del norte de África son ahora conocidas, pero menos lo son las formas en que la UE proporciona medios y equipos para llevar a cabo operaciones de disuasión. Entre el verano de 2023 y marzo de 2024, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) contó 8.664 inmigrantes expulsados sólo de Túnez e interceptados por Libia, pero muchas expulsiones también tienen lugar en la frontera con Libia. Es un sistema bien establecido, en el que esas vehículos suministrados por la UE tienen un papel preciso.
En una serie de vídeos se interceptan camionetas blancas Nissan Navara 4×4, usadas por las autoridades tunecinas para apoyar la «lucha contra la inmigración ilegal». Fueron al menos 106 camionetas de este tipo suministradas por Italia. Recientemente Giorgia Meloni, junto con Ursula von Der Leyen y el primer ministro holandés, Mark Rutte, fueron a Túnez para firmar el acuerdo de 100 millones de euros para gestión de fronteras, lucha contra la trata de seres humanos y política de repatriación. Sin embargo, se trata de acuerdos en que predomina la falta de transparencia: no existen directrices que impidan que el material proporcionado por la UE al gobierno tunecino contribuya a la violación de derechos humanos.
Esta carencia afecta a toda la financiación que la UE y sus estados miembros donan a terceros países en el ámbito de la migración. La comisaria europea de Asuntos Interiores, Ylva Johansson, firmó en Nuakchot un acuerdo con Mauritania por valor de 210 millones de euros destinado a reducir el número de inmigrantes que llegan a Canarias procedentes de las costas del estado africano. Días después, el 17 de marzo, la propia von der Leyen firmó un acuerdo por valor de 7.400 millones de euros con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el pasado 2 de mayo firmó otro acuerdo con el Líbano para frenar la migración irregular a Chipre.
En este sistema en que el derecho a la circulación está garantizado sólo a los millones de euros donados para combatir la migración, no se contempla el respeto a los derechos humanos. Túnez sigue siendo considerado un «país seguro» por la UE, a pesar de las políticas cada vez más represivas del gobierno.
