Publicamos a continuación un artículo elaborado por J. J. Martínez, participante en STOP Desahucios Granada 15M, al que agradecemos su colaboración.
El pasado 11 de abril, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo desarrollaron una reunión con diferentes agentes vinculados al sector de la vivienda. A saber: Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV), Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), SEOPAN, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España (CGATE), Asociación de Banca (AEB), CECA, Consejo de la Juventud de España, Plataforma del Tercer Sector, Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Hogar Sí, ProVivienda.
Es fácil extraer, de este listado, una primera conclusión: la amplia presencia de actores nacionales que están especulando con las viviendas para enriquecerse. Esto actores son parte del problema y no de la solución. No lo han sido nunca y no lo serán nunca pues solo les mueve el lucro y el deseo de beneficios, más allá de declaraciones de buenas intenciones.
La limitada representación social servía más como coartada que como otra cosa. Y la ausencia absoluta de los movimientos sociales como la PAH es significativa en relación al carácter reducido y conservador de la actuación de este gobierno, más allá de buenas palabras o los titulares.
Así por ejemplo en palabras de la ministra, y a modo de valoración de esa reunión señalaba que todos “coincidimos en el objetivo de aumentar la oferta para garantizar el derecho a una vivienda asequible». «Todos estamos unidos en este objetivo común y de aquí ha salido hoy el compromiso de fortalecer la colaboración público-privada para incrementar el parque público y los procesos de agilización para incrementar la vivienda asequible”
¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ofrecernos este gobierno que sea diferente a las políticas de gobiernos anteriores? Porque aquí subyace la idea de que la situación de emergencia habitacional (provocada por las políticas de los diferentes gobiernos) se puede solucionar con la construcción de nuevas viviendas. Es totalmente falso y lo demuestra la experiencia de los años pasados en nuestro país: se batieron todos los récords de construcción al tiempo que se engordaba una burbuja que con su estallido provocó una crisis de la que todavía hoy aún se siguen notando los efectos.
Las políticas de avales y préstamos desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o con los nuevos incentivos fiscales para los propietarios ahondan en la lógica de la transferencia de fondos públicos a los bolsillos privados sin que vaya a resolver nada. Las políticas de ayuda al alquiler tienen el mismo defecto.
Frente a este panorama el gobierno se sigue resistiendo a poner fin a los beneficios fiscales de las SOCIMI y a exigir la devolución del rescate bancario (alrededor de 65000 millones de euros) por ejemplo mediante la recuperación de viviendas. Esta medida contribuiría a un sustantivo y veloz incremento del parque público de viviendas. Tampoco se ha hecho efectiva aún la promesa de viviendas de la Sareb que se anunció a bombo y platillo durante la campaña electoral. Al contrario, como se viene señalando por colectivos que luchan por el derecho a la vivienda, desde la Sareb se produce el abandono de responsabilidades e impago de las cuotas de comunidad, al tiempo que se siguen promoviendo procesos de desahucio sobre familias vulnerables.
Así, de una forma u otra, las medidas del gobierno no pasan por combatir la utilización de la vivienda como un activo financiero más con el que invertir y con el que especular. No pasan por poner límites reales y efectivos a la propiedad y a la utilización de la misma en lo que a las viviendas destinadas al mercado del alquiler se refieren. Porque la lógica en la que se maneja este gobierno es una lógica capitalista plena de la que de ninguna manera pretende salir. Y por eso dirige mensajes a los propietarios de viviendas para alquilar, sean estos grandes o pequeños, que los tranquilicen (como si el problema lo tuvieran ellos en su calidad de propietarios y no los millones de familias, de extracción obrera mayoritariamente, que no pueden acceder a una vivienda con los salarios de miseria que no permiten cubrir necesidades básicas como las de vivienda y alimentación por ejemplo).
En esta línea van los mensajes de la ministra de vivienda, cuando por un lado señalaba que el 95% de la viviendas en alquiler son de particulares y por el otro indicaba que están trabajando para aportar “certeza, seguridad jurídica y garantías para que puedan poner más viviendas a disposición del alquiler asequible” en un ejercicio de cinismo. Estos propietarios no tienen ningún interés en ofrecer viviendas en alquiler a precios asequibles. Tampoco lo tienen los grandes fondos de inversión cuya práctica es comprar bloques enteros de pisos con los inquilinos dentro para a continuación iniciar procesos de desahucio y de subida de las rentas del alquiler en proporciones enormes para aumentar sus beneficios y obtener la máxima rentabilidad.
Los pequeños tenedores de vivienda destinada al alquiler (lo que se ha denominado rentismo popular) y los grandes tenedores de vivienda como la banca, fondos de inversión y propietarios particulares con más de 5 viviendas, comparten un mismo interés y van de la mano en todo este proceso. Por más que se quiera utilizar a los primeros como excusa por parte del gobierno para no intervenir de manera decidida (y porque suponen cientos de miles de votantes potenciales a los que no se quiere incomodar) y por más que se lancen mensajes continuos de tranquilidad para estos grandes fondos como hizo el presidente del gobierno en el viaje que realizó a Estados Unidos en septiembre de 2022 para explicar las oportunidades de inversión en España.
Así cuando el ministro Óscar Puente presumía, el pasado 1 de mayo, en la polémica con el ultraliberal Milei de que ¿cómo era posible que un fondo como Black Rock invirtiera 60 000 millones de euros en un país gobernado por socialcomunistas? lo que ímplicitamente estaba reconociendo es que este gobierno no supone ningún peligro para que los capitalistas sigan especulando y haciendo negocio, por ejemplo, con la vivienda porque nada de lo que hacen pone en riesgo su utilización como una mercancía más. Presume pues de que un fondo buitre tiene, cada vez, más control sobre la economía española y sobre la soberanía española. Hay que recordar que Black Rock tiene una importante participación en el banco Santander y además es poseedor de unos 14000 millones de euros de deuda pública. Además ha expresado, por boca de su Director General Inmobiliario, Adolfo Favieres su interés por invertir en el sector del “living” en España: un fondo buitre que se constituye como un agente determinante en las dinámicas del mercado y que puede presionar sobre la actividad legislativa de un gobierno
Frente a este panorama hay que exigir una reforma de la ley por el Derecho a la Vivienda para que este sea un derecho real y efectivo, situado por encima de la especulación y que se aplique de manera inmediata en todo el Estado. Esto sólo será posible con la intervención en el Consejo Asesor de Vivienda, previsto en el artículo 26 de esta ley, de la PAH que lleva 15 años luchando por el derecho a la vivienda y contra los desahucios de las familias vulnerables. Pero el gobierno solo estará dispuesto a reconocer a la PAH como un actor en la medida en que seamos capaces de organizar a sectores cada vez más amplios de las clases populares que se ven afectados de una manera u otra por el encarecimiento de las cuotas hipotecarias por la subida del euribor, fruto de la política monetaria del Banco Central Europeo que en su lucha contra la inflación ha decido sacrificar a millones de trabajadores, o que se ven afectados por el alza imparable de los precios de los alquileres. Porque la bajada de los desahucios en 2023 estuvo fundamentalmente motivada por la huelga en la Administración de Justicia y la acción de los movimientos sociales que luchan por el derecho a la vivienda. Éxitos parciales como la ampliación de la moratoria de deudores hipotecarios hasta 2028 o de la “moratoria covid” hasta final de año no deben hacernos perder la perspectiva dado su carácter coyuntural y de posposición de la solución definitiva a los problemas en el acceso a la vivienda.
Porque la lucha, gobierne quien gobierne, es el único camino.
