Resulta escandaloso que el último acuerdo entre los 27 estados miembros de la UE bajo la presidencia de Pedro Sánchez y su gobierno de coalición con UP y el primero inaugural del nuevo gabinete PSOE-Sumar haya sido el Pacto sobre Migración y Asilo, pero nada paradójico si decimos que fue Grande-Marlaska el más interesado en cerrar el acuerdo, quien se felicitó en diciembre calificándolo como “una normativa adecuada a las circunstancias».
Se trata de un pacto, resultado de 3 años de debates, que todas las organizaciones defensoras de los DDHH califican de “acuerdo de la vergüenza” al profundizar en las causas estructurales que vertebran la visión discriminatoria, racista y colonialista de la misma naturaleza de la Europa-fortaleza, que ejecuta sus políticas considerando a las migraciones como un problema y no como un fenómeno humanitario derivado de la crisis capitalista, la globalización extractivista y sus consecuencias económicas, enfilando la criminalización y externalizando las fronteras con pagos a Libia, Túnez y Turquía para que actúen de muro de contención.
Este acuerdo calificado de histórico por haber aunado muchas voluntades nace enmarcado en un ciclo reaccionario que permea las políticas migratorias de racismo institucional compartidas desde el social-liberalismo progresista de Sánchez-Díaz y Scholz en Alemania hasta los gobiernos ultraderechistas de Italia, Polonia y Hungría, cuya impronta es nítida. El paquete de medidas cambia significativamente el modo en que la UE acoge a l@s inmigrantes, gestiona la expulsión de quienes solicitan asilo y es rechazada su petición.
La respuesta de las organizaciones que atienden a inmigrantes y refugiad@s y a la observancia de los DDHH no se hizo esperar desde octubre, cuando se conocieron los primeros trazos gruesos en las negociaciones, y desde Amnistía Internacional, que alerta que Canarias puede convertirse en un nuevo Lesbos, hasta CEAR, para quien socava el derecho al asilo y legitima la solidaridad a la carta, el carácter profundamente racista y antihumanitario del acuerdo. Para Save the Children supone un gran retroceso para la infancia migrante al facilitar su detención y permanencia en instalaciones policiales en las fronteras de UE.
Se legitima el cierre de las fronteras al flujo de inmigrantes mediante la agencia Frontex, con el corolario de terribles tragedias como Lampedusa en 2013 o la más reciente en Calabria, reduce la posibilidad de rescate en el mar al favorecer las políticas judiciales represivas hacia quienes brindan apoyo humanitario, limita el derecho de asilo favoreciendo expulsiones rápidas a 3º “países seguros», favorece la apertura de más centros de detención y limita el derecho a viajar al destino deseado una vez que se entra en territorio de la UE.
El pacto que legitima los asesinatos en El Tarajal y los recientes de la valla de Melilla ha sido eufemísticamente llamado “compromiso” pero es una declaración de guerra a las masas de desposeíd@s que huyen de las condiciones políticas y económicas creadas por nuestro imperialismo en África y en Medio Oriente. IU fue la organización que se limitó a alzar la voz: el eurodiputado Manu Pineda denunció el futuro limbo legal de l@s refugiad@s en la UE y la ministra de Juventud, Sira Riego, advirtió que Europa «es un pueblo de acogida, no de odio».
Más allá de subrayar la correlación de fuerzas (cada vez menos) en el consejo de ministros, ¿en qué quedan estas hipócritas lágrimas de cocodrilo si no se levantan de la mesa que comparten con Marlaska y Robles? Únicamente a la nativa, extranjera y refugiada clase trabajadora le queda la movilización sostenida, confiar en sus propias fuerzas, de que todo gobierno del signo que sea quiere engrosar la lista de explotad@s en la fosa del Mediterráneo, en los CIEs de su continente-fortaleza o como trabajador@s de segunda categoría.
