El Gobierno de Pedro Sánchez, experto en defender una cosa y la contraria en pocas horas, ha vuelto ha dar en las últimas semanas otra lección de cinismo capaz de sonrojar a los más inescrupulosos.
Presionado, como el resto de gobiernos de Europa y del mundo por las incesantes denuncias de los pueblos frente al genocidio sionista en Gaza, está protagonizando una esquizofrénica danza para sostener el equilibrio entre las demandas de su electorado (el 80,9% de los votantes del PSOE y el 94,4% de Sumar denuncian la ofensiva militar israelí en Gaza, según las encuestas realizadas por el CIS entre el 2 y el 9 de enero) y los acuerdos comerciales con Israel, de entre los que destacan la exportación de armamento al régimen sionista.
En este sentido, el Gobierno ha vuelto a realizar el mismo ejercicio respecto a la operación militar liderada por el ejército estadounidense y su británico lacayo para proteger, bombardeando Yemen, el abastecimiento de suministros a Israel y una de las rutas marítimas más importantes del comercio mundial (el 30% del tráfico mundial de contenedores atraviesan el canal de Suez, con un valor de 1 billón de dólares al año). Finalmente el Gobierno participará en la intervención militar del Mar Rojo bajo el paraguas de la Union Europea, para evitar que los “rebeldes” hutíes continúen con los ataques a los navieros con mercancías para Israel, que llevan realizando desde el 19 de noviembre de 2023 y que advierten detener hasta que Israel detenga su masacre en Gaza.
¿Quienes son los hutíes? son un movimiento de resistencia armado que nació en oposición a la amenaza imperialista de Arabia Saudí sobre la región a finales de la década de los 80 y está adherido a la rama del islam chií. Desde el 2015 han logrado ganar un importante apoyo popular infligiendo importantes derrotas al ejército Saudí con el apoyo de Irán.
La escalada bélica en Oriente medio ya es una realidad y la barbarie sionista en Gaza puede acabar levantando a los pueblos del mundo árabe contra sus corruptos gobiernos que en un ejercicio aun más vergonzante si cabe que el de la Unión Europea, se han visto obligados a sumarse a la demanda sudafricana ante la corte penal internacional, acusando de genocidio al Gobierno israelí, mientras Turquía le sigue suministrando el petroleo a Israel y Egipto y Jordania taponan la salida de los refugiados gazatíes por su frontera Sur.
La dimensión de la barbarie genocida del Gobierno de Netanyahu en Gaza escapa de toda lógica. El número real de víctimas mortales en Gaza sobrepasa los 30.000 con más de 26.000 muertos declarados oficialmente (el 40% son menores) y otros 7.000 desaparecidos, sepultados bajo los escombros. Otras 63.000 personas han resultado heridas, mientras casi dos millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, la mitad de los cuales han sido destruidos. Hasta el último de los 36 hospitales que había en la franja han quedado in-operativos y la gran mayoría de infraestructuras, suministros de agua, alcantarillado y distribución de energía han sufrido graves daños. La situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a alertar de que en Gaza podría morir más gente por enfermedad que por los bombardeos de Israel. Y ahora, funcionarios de la ONU han declarado que una cuarta parte de la población se está muriendo de hambre.
Pero la presión contra el sanguinario Gobierno de Netanyahu no deja de aumentar. Y las manifestaciones frente a su casa y la denuncia de las familias de los rehenes israelíes, que piden un alto el fuego y un intercambio por presos palestinos tal y como ofreció Hamás, se le suman los problemas económicos derivados del colapso de sectores como la construcción, la agricultura o el turismo donde la población palestina, expulsada desde los ataques de Hamás, desempeñaba un papel esencial, de hasta el 70% de la mando de obra en el sector de la construcción. A esto hay que añadir que casi medio millón de israelíes han abandonado el país en los últimos meses y 200.000 han sido desplazados internos para alejarlos de la frontera de Gaza y del Libano.
Y es que La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor pico de tensión desde la guerra de 2006 con un intenso intercambio de fuego que comenzó hace tres meses y que se ha cobrado la vida de al menos 226 personas, la mayoría en el lado libanés. Todo parece indicar que Hezbollah está siendo muy cautelosa en sus acciones para evitar que conduzcan a una guerra contra Israel, pero esta posibilidad existe, así como la de que el conflicto se desate en Cisjordania, donde los colonos israelíes no dejan de aumentar su habitual acoso y hostigamiento sobre la población palestina.
Ni las medidas cautelares tomadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) instando a las autoridades de Israel a garantizar de manera «urgente» que la población gazatí reciba la ayuda necesaria, ni las denuncias públicas de los responsables de los principales organismos de la ONU para la salvaguarda de los Derechos Humanos, está obligando, no ya a Israel a detener el genocidio que está practicando sino que para vergüenza mayúscula del jardín civilizatorio europeo del que presume el execrable Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea que acaba de anunciar una revisión de su financiación a UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos) frente a la acusación israelí de que varios miembros de su personal estuvieron implicados en los atentados de Hamás del 7 de octubre. EE.UU., Canadá, Australia, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia ya han anunciado la retirada de la financiación a este organismo. El ministro de exteriores, Albares, del Gobierno español, una vez más a corrido a anunciar que España, no retirará sus fondos, aunque nadie pueda asegurar que cambie de opinión de mañana.
