Las últimas semanas hemos visto como a raíz de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez han “brotado” una sarta de polémicas. La mayor de ellas: la ley de amnistía… Cientos de militantes de extrema derecha, fascistas y neonazis, alentados por la derecha mediáticas y política; se han movilizado durante días en la calle Ferraz y en otras capitales de provincia clamando contra la amnistía (en un primer momento) y mostrando todo tipo de simbología y consignas fascistas, totalitarias, machistas, racistas, xenófobas y demás “cualidades” que dichas corrientes comparten.
Pero la polémica en los medios de comunicación esta vez no solo saltaba por los aliados de Sánchez o por el contenido de la Ley de Amnistía y su oposición judicial. En los medios generalistas y sobretodo en la prensa económica se hacían eco de otra de las medidas del acuerdo de investidura: la condonación del 20% de la deuda que Catalunya (y el resto de comunidades autónomas) tienen con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria nos parece necesario “recoger el guante” y volver a hablar de un tema que en el periodo 2011 – 2015 estaba en boca de todo el mundo y que tiempo después apenas sale a la palestra de los debates políticos: la deuda pública.
Los hechos: qué dice el acuerdo y qué es el FLA
El acuerdo que el PSOE firmó el 9 de noviembre con ERC contempla la condonación de 15.000 millones de euros a la Generalitat catalana, un 20% de la deuda total que dicha administración tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico dependiente de la Administración Central del Estado. En dicho acuerdo se expresa también la voluntad de hacer extensiva la medida a todas las comunidades autónomas excepto la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco dado su régimen foral a nivel fiscal. Desde las fuerzas políticas catalanas participantes en la investidura (ERC y Junts) se argumenta que Catalunya contribuye al Estado mucho más de lo que el Estado gasta o invierte en Catalunya y que, por tanto, la condonación es solo un primer paso para suavizar ese agravio. Desde otras comunidades y fuerzas políticas contrarias a la investidura se pone el grito en el cielo porque supone “romper la desigualdad” entre contribuyentes y ciudadanos.
La realidad es que tanto a unos como a otros poco les importan los servicios público o la estructura fiscal regresiva que rige en todo el territorio del Estado español (régimen foral incluido) y solo buscan, unos sacar provecho económico y electoral de sus negociaciones, otros unos cuantos votos para la investidura y los que se quedan fuera del juego, tensionar y fomentar aún más el odio entre pueblos del estado español. Tan “insolidario” como “populista” es hablar de que Catalunya contribuye más al Estado y por tanto merece más, como mezquino y reaccionario es decir que cada “ciudadano” la medida le costará tantos euros para financiar a políticos catalanes.
Es necesario conocer que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se creó en 2012 en plena crisis de deuda en todo el sur de Europa. En ese momento, las comunidades autónomas tenían la calificación de deuda basura por lo cual los tipos de interés lo suficientemente elevados para ser incompatibles con las reglas de austeridad impuestas por el gobierno de Rajoy. En ese momento, como subterfugio a dichas reglas; el gobierno central habilitó una línea de crédito preferente a un tipo de interés similar al que la administración central se financiaba en los mercados (también muy alta) y con la posibilidad de condonación en caso de riesgo de quiebra.
La deuda: ni catalana, ni española; un mecanismo para la explotación y los recortes
Se habla mucho de la condonación de la deuda pero muy poco del origen de la misma. La realidad es que la deuda pública es una vía de financiar el déficit público (la diferencia entre ingresos y gastos de una administración) y su origen no es más que el gasto que las administraciones han hecho los últimos años en políticas de rescate al sector privado para garantizar beneficios entre otras. Factor que sumados a las múltiples rebajas fiscales a grandes empresas y fortunas, han provocado un enorme déficit público que liberales de medio pelo utilizan para vender las “maldades” de lo público frente a lo privado.
Como ya ocurrió en la crisis de deuda de 2011 y años siguientes, en 2024 la Comisión Europea ha endurecido las condiciones presupuestarias de los países miembros de la UE, lo que se concreta en que el déficit consolidado (sin contar intereses de deuda) tendrá que ser menor al 3% del PIB. De nuevo el ajuste fiscal se enarbolará para privatizar y recortar servicios públicos y así aumentar aún más el beneficio privado y la mercantilización del ámbito de los servicios públicos.
Más de una década después… No al pago de la deuda pública (de ninguna)
Es por ello que desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria pensamos que el debate no está en si es “más justa o más injusta” la condonación de la deuda. Hemos de huir del enfrentamiento fariseo entre pueblos y decir alto y claro que la verdadera necesidad es el impago de la deuda pública dado su origen y su finalidad.
Nuevamente tendremos que oponernos a políticas de recortes que harán caer sobre las espaldas de las clase trabajadora los excesos de una minoría que en la pandemia, donde más “desnuda” quedó la naturaleza del sistema capitalista y quien de verdad es esencial para el funcionamiento de la sociedad; regó de millones la economía para rescatar las empresas con dinero público y calmar los ánimos. Unos años después a través de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y los márgenes de beneficios nos están pasando la factura, la cuál se incrementará aún más con la próxima crisis de deuda y recortes.
