Que la educación es un derecho y no un privilegio se ha defendido hasta la saciedad. Aparentemente, hay acuerdo en la consigna, pero esto deja de ser realidad y pasa a ser palabra vacía cuando se cruzan en el camino la empresa privada o la Iglesia.
Entendemos que la defensa de una educación pública es la defensa de un espacio educativo donde no haya discriminación por condición económica, social, procedencia, en definitiva, donde todos y todas tengamos cabida. Sin embargo, la realidad es que, según un informe de CCOO, en los últimos 5 años se ha llevado a cabo un recorte de 3490 clases en la red pública. La reducción de líneas y cursos se ha encubierto con un dato preocupante pero engañoso: en los primeros meses de 2023 ha caído el nacimiento de niños y niñas hasta los 51929, lo que supone un descenso de más de 600 niños con respecto al año anterior. Ahora bien, ¿esta caída de la natalidad es la causante de los recortes en educación? Existen varios datos que nos dan la respuesta a esta pregunta. Por un lado, frente a la reducción de clases mencionada anteriormente de la pública de 3490, en la concertada se han dado 76. Además, desde el curso 2017-18, el alumnado en la pública ha disminuido en unos 202.094 estudiantes frente a los 102.265 en la privada-concertada. Sin embargo, las unidades no se han reducido de manera proporcional: un 2,51% en la pública y un 0,13% en la concertada. Por tanto, la conclusión más evidente es que existe una bajada de ratio en la escuela privada-concertada y una eliminación de unidades en la escuela pública.
Por otro lado, tras las necesidades específicas que se tuvieron que cubrir en materia de educación y sanidad por parte del gobierno de PSOE-UP, en el ejercicio de 2021 comenzó a reducirse el gasto en servicios públicos. Del 7,6% en Sanidad se pasó al 7,2%, y en Educación la reducción fue del 4,6% al 4,5%. En 2022, el desembolso en Sanidad se redujo en 429 millones de euros y en Educación casi 600 millones, según datos del propio Ministerio de Hacienda.
La lógica de todos los gobiernos del Estado español es la de ir dejando morir los servicios públicos y empeorando sus condiciones para vender la idea de que las gestiones privadas se llevan a cabo con mayor calidad. Podemos seguir con el ejemplo de la crisis del COVID durante la cual la escuela concertaba realizaba sus clases de manera presencial mientras que en la escuela pública se crearon modelos semanales o intercalando por días los cursos que asistían a las clases presenciales. Ahora, la realidad que nos encontramos en las aulas es la de una crisis del aprendizaje y una mayor dificultad y desfase curricular de todos esos estudiantes que tuvieron menos recursos durante la pandemia. O volviendo al tema de la bajada de ratio, ¿pensamos que la atención al alumnado se hace de la misma manera cuando se tienen más de 30 alumnos por aula frente a los 15 o 20 alumnos que se podrían tener? Evidentemente no.
Sin embargo, este empeoramiento de las condiciones de enseñanza no solo es visible con los recortes de profesorado, de unidades escolares o la no bajada de la ratio, sino que podemos verlo también en el personal de administración, limpieza u ordenanza donde no se cubren las bajas con inmediatez.
Hace unos días conocíamos la noticia de que el gasto militar aprobado por el gobierno en funciones es 4 veces mayor que el de sanidad y 6 veces mayor que en Educación. Esto solo demuestra, una vez más, la no voluntad de dotar de los recursos necesarios a la escuela pública.
Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria pesamos que hay que señalar a los responsables directos del empeoramiento de los servicios en la educación pública. No existen parches suficientes ni caminos alternativos: debemos seguir luchando desde la clase trabajadora y la juventud estudiante y trabajadora por los servicios públicos.
