El pasado día 24 de octubre, PSOE y SUMAR hicieron público su acuerdo para conformar el futuro gobierno de coalición. No es la primera vez que se anuncia a bombo y platillo un acuerdo de gobierno de coalición. Conviene para anticipar mejor lo que pueda suceder en el futuro, analizar lo que quedó del acuerdo entre PSOE y UP de 2019 en materia de servicios públicos, de derechos laborales, de pensiones o de vivienda por coger sólo algunos ejemplos.
Acuerdo Pedro Sánchez-Pablo Iglesias: muchas medidas que nunca se cumplieron
En un anterior artículo explicábamos por qué conviene no tener ninguna expectativa en el futuro Gobierno Sánchez-Díaz. Más allá de los compromisos ya adquiridos con la UE en materia de recortes, el problema de este próximo Gobierno sigue siendo el mismo que el anterior. Tal y como ya sucediera con el Gobierno PSOE-UP, el próximo, entre PSOE y SUMAR, va a seguir sin asumir una política que se enfrente con los intereses de los que más tienen. Eso que es fácil percibir en la vida diaria de los y las trabajadoras se ve aún de manera más nítida cuando llegan grandes crisis como la relacionada con la pandemia o con las guerras.
Ahora que se vuelve a hablar de un acuerdo de programa muy progresista, conviene analizar lo que quedó del anterior. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que el acuerdo entonces firmado por Sánchez e iglesias hablaba de “derogar la reforma laboral de 2012”, de “revisar la Ley 15/1997 (…) que abre la puerta a privatizaciones del sistema sanitario”, de “reducir drásticamente las listas de espera” de la Atención a la Dependencia, de “poner techo a las subidas abusivas del alquiler”, de “asegurar el realojo inmediato” a una persona desahuciada o de “aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la Ley Mordaza”.
4 años después, no es difícil comprobar que las privatizaciones de los servicios públicos siguen progresando mientras se sigue deteriorando la sanidad y la educación pública. Las listas de espera de atención a la dependencia no sólo no se reducen sino que además aumentan mientras la edad de jubilación no sólo sigue a los 67 años sino que se abre la puerta a seguir aumentándola. En materia de vivienda, los precios de los alquileres no se controlan en la práctica y la lacra de los desahucios sigue siendo una cruel realidad. Los salarios no aumentan al mismo nivel que el coste de la vida y los despidos siguen siendo igual de baratos para la patronal. Y para los que se movilizan: represión y aplicación de una Ley Mordaza que sigue muy viva.
Sánchez y Díaz vuelven a enunciar un acuerdo basado en una declaración de intenciones
Tal y como ya sucediera en 2019, este nuevo acuerdo de Gobierno sigue siendo puro marketing que al final no se concreta en medidas que cambien realmente la vida de los/as trabajadoras y de la juventud.
La medida estrella de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial es sólo una declaración de intenciones que está sujeta al acuerdo con los agentes sociales (patronal y direcciones sindicales de CCOO y UGT). Como poco, parece más que legítimo tener serias dudas sobre los acuerdos a los que dicha dupla puedan llegar. Así pues, no es baladí que el punto sobre “Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios” del acuerdo recoja literalmente como preámbulo: “El diálogo social seguirá siendo una herramienta fundamental en el ámbito laboral, abriendo a la participación de las organizaciones empresariales y sindicales los procesos de toma de decisión sobre las materias que conforman el modelo de relaciones laborales de nuestro país. En este sentido, las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social”. Hay que extraer, por tanto, de dicho acuerdo que, también, la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial estará sujeta al marco del diálogo social o lo que es lo mismo al cuerdo con la patronal. Pero por si todo esto fuese poco, el acuerdo también recoge que una vez logrado el acuerdo con la patronal “se constituirá una mesa con los interlocutores sociales (de nuevo) que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”. Una patronal, y cabe recordarlo, que no respeta a día de hoy ni las 40 horas semanales en los sectores más precarizados como pueden ser la hostelería o el comercio.
En las demás cuestiones, más de lo mismo. Subidas salariales por debajo de la subida del coste de la vida que permiten por tanto que sigamos perdiendo poder adquisitivo, defensa de los servicios públicos sin poner en entredicho la educación concertada o las leyes que permiten la privatización de la sanidad como la ley 15/1997 (que por cierto ya ni se nombre en el acuerdo), derecho a la vivienda sin prohibir los desahucios ni controlar en la práctica el precio de los alquileres. En materia exterior, mientras se habla de trabajar “a favor de un Nuevo Pacto de Migración y Asilo, que esté en línea con los valores de la dignidad humana” no se denuncian las políticas represivas que causan la muerte de miles de inmigrantes en las Vallas de Ceuta y Melilla. En cuanto a la situación de subordinación a los intereses de la OTAN, éstos siguen completamente intactos insistiendo en su política belicista en Ucrania “en respuesta a la injustificada agresión rusa” mientras calla con respecto a la injustificada agresión y colonización israelí con respecto a Palestina. Una doble vara de medir que deja muy poco que esperar de este futuro Gobierno de coalición.
