El pasado 22 de septiembre el gobierno griego de Nueva Democracia, con mayoría absoluta, aprobó una prometida reforma laboral que atenta directamente contra el marco de relaciones laborales de la UE al imponer 13 horas de trabajo diarias y la posibilidad de un 6º día laboral a la semana. La normativa del ministro Georgiadis, que no ha sido sorpresa para nadie, desembocó en una huelga general muy defensiva 2 días después.
El presidente Mitsotakis ha respondido con más explotación y exterminio de las condiciones laborales tras un verano de desastres en la mayor parte del país. La nueva ley antilaboral incorpora una serie de directivas cortadas y cosidas a la medida y gusto de la patronal y de los capitalistas. Al mismo tiempo, promueve la regulación para el «deshielo» del período de 3 años de pospandemia que considera que han convertido en «perdidos» más de 10 años como tiempo para establecer la antigüedad de l@s trabajador@s.
Entre los cambios que introduce se encuentran los contratos «por encargo», en los que no hay horas de trabajo predeterminadas y la única obligación del empresario es informar «oportunamente» al trabajador/a sobre la duración, el lugar del trabajo y del salario. Así instituye relaciones laborales flexibles en las que l@s trabajador@s deben estar constantemente disponibles sin tener garantizado lo básico (salarios decentes, bajas por enfermedad, horas extras remuneradas), al tiempo que socava la posibilidad de reclamaciones colectivas.
Se trata de la consolidación de las relaciones laborales de l@s trabajador@s en la hostelería, donde se ven obligados a estar pendientes del teléfono para ver si el jefe los llamará hoy. Por el contrario, el gobierno defiende que de esta manera está golpeando al “trabajo en negro”. Se supone que estos contratos obligan a los empresarios a denunciar a l@s trabajador@s incluso si los contratan por días. Pero legitimarán la situación «flexible» y al mismo tiempo la lógica de que los empresarios sólo contratan cuando hay trabajo. Es decir, la lógica de que la actividad empresarial no tiene riesgo y sólo la clase trabajadora debe ser la perdedora.
El gobierno que prometió «más y mejores empleos» finalmente parece no reconocer como problema que el trabajo de 8 horas está tan mal pagado que no proporciona a l@s trabajador@s una vida digna. Por el contrario, trae disposiciones que simplemente legalizarán un 2º empleo y por tanto 13 horas de trabajo diarias, al tiempo que establece el trabajo de 6 días en las empresas con turnos de 24 horas. Básicamente, están aboliendo la jornada de 5 a 8 horas y las horas extras, agotando a l@s emplead@s.
La nueva reforma laboral también establece un período de prueba para l@s trabajador@s con contratos de duración determinada, un máximo de 6 meses. Los empresarios ahora tienen derecho a despedirl@s después de ese tiempo sin motivo alguno, incluso si su contrato fuera por más tiempo. Tampoco la propaganda convence a nadie en materia de despido tras el período de prueba, ya que sigue vigente la no indemnización en caso de rescisión del contrato previa a los 12 meses.
Además, en línea con la ley Hatzidakis, intenta aterrorizar a la clase trabajadora y reprimir su resistencia criminalizando aún más la huelga y la actividad sindical. Establece multas cuantiosas, que ascienden a 5.000 euros, y penas de prisión de 6 meses para quienes realicen un piquete u ocupación de un centro de trabajo, impidiendo a l@s huelguistas acceder a él. La ira de la clase trabajador es enorme por esta vuelta de tuerca iniciadaa por Syriza, pero las direcciones burocráticas sindicales sólo convocaron huelga una vez aprobada la reforma, despreciando los paros sectoriales previos.
