La amnistía centra el debate político en las instituciones
La manifestación de la Diada en Barcelona, en las que intervinieron la presidenta de JxCat Laura Borràs, y la portavoz de ERC Raquel Sans, sirvió para constatar dos cuestiones: la primera que aunque dicha movilización esté muy por debajo de 1,8 millones de manifestantes de 2014, la cuestión de la autodeterminación sigue estando vigente en Catalunya con hasta 800 000 manifestantes este año, según los organizadores, y 115 000 según la Guardia Urbana; y la segunda es que, a pesar de las diferencias que se esfuerzan en mostrar pensando en las elecciones catalanas de 2024, ambos partidos mantienen posturas muy similares ante la investidura.
Pues a pesar de que Borràs afirmara que “los votos de su partido no apuntalarán a gobiernos españoles» y que existe “una oportunidad para resolver el caso catalán”, en Junts son conscientes de que la cuestión de la autodeterminación no está en la agenda de este Gobiernoy que los márgenes de la negociación se mueven dentro de un aumento de la autonomía. En la práctica SUMAR no se diferencia mucho del PSOE al surfear, Yolanda Díaz, entre la posición con la que se siente más cómoda fuera de Cataluña (el diálogo y la necesidad de “un nuevo contrato territorial” con “carácter federal”), con la que parecen defender los Comunes (ratificar en las urnas “un acuerdo que surja de la mesa de diálogo” entre el Gobierno y la Generalitat). Así pues tanto JUNTS como ERC tienen claro el abandono de la vía unilateral que supone en la práctica la defensa de una política que imponga la celebración de un referéndum vinculante mediante la movilización social y la presión al Estado central.
Ante amnistías como la de 1977…
Estas últimas semanas, la amnistía ha centrado el debate entre las fuerzas parlamentarias. Para el bloque de la derecha, la amnistía se ha convertido en el nuevo caballo de batalla. Mientras VOX habla de “una estrategia de negociación con golpistas”, el PP convoca actos contra la amnistía y centra la investidura fallida de Feijóo en dicha cuestión apelando incluso a la rebelión interna entre los diputados/as del PSOE apoyándose en las recientes declaraciones de Alfonso Guerra, Nicolás Redondo o de Felipe González.
Sin embargo, es curioso como los que hoy se rasgan las vestiduras con la cuestión de la amnistía a los políticos del Procés, son los mismos que en 2012 aprobaron la amnistía fiscal del entonces Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que permitió regularizar sus rentas no declaradas a 31.500 evasores fiscales, a los que se les perdonaron 2.800 millones de euros sin que fueran investigados el 90% de ellos, a pesar de que diferentes investigaciones judiciales han demostrado que políticos y empresarios inmersos en 11 de las principales tramas de corrupción se beneficiaron de esta amnistía para aflorar sus rentas. Recordemos que mientras empresarios como la familia Escarrer, máximos accionistas de la cadena hotelera Meliá (la mayor del Estado español) o a grandes fortunas como los hermanos Gallardo Ballart (dueños de laboratorios Almirall), la clase trabajadora sufría una fuerte subida de IRPF y del IVA, aprobada en diciembre de 2011.
Y son los mismos que hace más de 40 años orquestaron y votaron a favor de una Ley de amnistía que permitía exculpar a los golpistas de 1936 y criminales del fascismo. Entonces, eran actos de conciliación nacional que dejaban sin efecto “los delitos y faltas de las autoridades, funcionarios y agentes del orden público” durante el franquismo. Así se dejaban impunemente a los autores políticos y a los ejecutores de la represión, las torturas y los asesinatos de la dictadura franquista en sus puestos o con jubilaciones de oro (1). Este fue el caso del conocido torturador, el policía Antonio González Pacheco alias “Billy el niño”, que se hizo célebre, incluso entre los policías de la dictadura, por su crueldad y sadismo en las torturas. Otro ejemplo es Martín Villa, ministro de la Gobernación con Franco y del Interior de UCD con Adolfo Suárez en la Transición, que además de otorgarle 4 medallas a “Billy el niño” fue responsable del asesinato del joven Arturo Ruiz en 1977, de la masacre del 3 de marzo en Vitoria donde murieron cinco obreros, de la represión policial en los Sanfermines de 1978, de cinco muertes durante la Semana Pro amnistía de mayo de 1977 y del cambio de nombre de las fuerzas de represión franquistas que contribuyó a que no existiera ninguna depuración. Así pues, en 1982, de las 13 jefaturas superiores de policía que había, 9 eran dirigidas por miembros de la Brigada Político-Social franquista. Fueron y siguen estando protegidos por la Ley de Amnistía de 1977 que impide aún hoy que responsables del franquismo con delitos de sangre puedan ser juzgados por tribunales españoles ni extraditados por jueces extranjeros como pudo ser el caso de María Servini que imputó a algunos de ellos por crímenes de lesa humanidad.
Otros protegidos fueron Antonio Juan Creix, el máximo torturador en la comisaría barcelonesa de Vía Layetana o el fundador de lo que hoy es el PP, Manuel Fraga Iribarne, que tiene en su historial el fusilamiento de Julián Griamu por orden de un Consejo de Ministros del que formó parte, el asesinato por la policía, y disfrazado por Fraga como suicidio, de Enrique Ruano o la matanza del 3 de marzo en Vitoria, ya como ministro de Gobernación. ¡Y son los mismos que defienden la amnistía para los responsables de dichos crímenes lo que hoy se rasgan las vestiduras por la amnistía a unos políticos responsables de organizar un referéndum en Cataluña!
… ninguna ilusión en los partidos institucionalistas que niegan el derecho a decidir
La amnistía es necesaria. Es necesaria una amnistía para las personas involucradas en el Procés, también para los y las trabajadoras y estudiantes que se organizaron en los CDR y que sufrieron multas, golpes e incluso juicios con falsas pruebas de terrorismo. Es necesaria una amnistía para las víctimas de la persecución policial en Euskadi y Navarra como los ocho de Alsasua o para los que ,haciendo uso de su libertad de expresión, han denunciado al Régimen del 78 y al Rey emérito como el rapero Pablo Hasél (más de 900 días preso) y, en definitiva para todo y todas aquellas activistas, sindicalistas y militantes que se movilizan contra las consecuencias de un sistema injusto que genera miseria, opresiones y destrucción del planeta.
Pero al igual que pasa con el derecho a decidir, es una ilusión pensar que es posible alcanzar una amnistía de este tipo mediante sus pactos en las instituciones. Ni el Gobierno, ni JUNTS/ERC están en esas claves. Si Sánchez y Díaz están dispuestos a hablar, hoy, de amnistía para los políticos del Procés es únicamente porque necesitan sus votos para la investidura. Su gran dilema es el coste político que esto pueda ocasionar. Tanto el PSOE como SUMAR lo saben. Por eso el PSOE habla de amnistiar a dirigentes independentistas de forma individual mientras SUMAR, recogiendo el testigo de Santiago Carrillo y del PCE, habla de incluir en el pack de la amnistía a los policías condenados del 1-O.
Las organizaciones anticapitalistas y revolucionarias del conjunto del Estado y de las naciones oprimidas tenemos en ese sentido una responsabilidad. Frente al discurso del PP y de VOX y a sus iniciativas en términos de movilización es importante proponer una hoja de ruta de movilización diferente que ponga encima de la mesa la cuestión de la amnistía para todos/as los/as demás presos/as condenados/as por movilizarse contra la lógica de este sistema capitalista.
Son muchas las organizaciones de la izquierda revolucionaria que comparten este mismo punto de vista. Sin embargo, ninguna propone a las demás organizar conjuntamente iniciativas que permitan visibilizar dicho discurso. Desde IZAR hemos estado impulsando la necesidad de reuniones entre el conjunto de la izquierda anticapitalista y revolucionaria para analizar la situación política actual y tratar de buscar puntos en común que nos permitan intervenir de manera unitaria en la lucha de clases. Pensamos que la cuestión de la Amnistía es un elemento más sobre el que tratar de tener pronunciamientos públicos, actos y/o movilizaciones comunes. Desde nuestra organización seguiremos insistiendo en ello.
