El pasado 18 de mayo, Barcelona vivió una nueva huelga de 24 horas en el sector del transporte metropolitano, concretamente en los autobuses, gestionados por la empresa TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), convocada tras la suspensión de los paros parciales promovidos por los sindicatos minoritarios (Sit, Actub y Acat) para el día anterior tras un seguimiento mínimo de estos durante las anteriores jornadas. Así, la empresa había anunciado un seguimiento del 3% en la segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos ya nombrados el martes 16 de mayo. En ese momento, unos paros que debían durar casi dos semanas tocaron a su fin, dando paso a una huelga enmarcada en una lucha estatal que lleva presente ya varios años en diferentes ciudades.
La huelga del día 18, convocada por CGT, CCOO y UGT, que son mayoritarios en la empresa, ha tenido, sin embargo, un mayor seguimiento e impacto en las calles. En el marco de las movilizaciones estatales en el sector del transporte, concretamente entre los profesionales de la conducción, los trabajadores de la TMB exigían con estas movilizaciones, entre otras cosas, la jubilación a los 60 años señalando que, en un sector como el suyo, la capacidad física y mental de los conductores disminuye a partir de esta edad, lo que incluso puede suponer un riesgo para la seguridad de los viajeros. Esta segunda convocatoria, por descontado, no ha estado exenta de polémica, tanto a nivel mediático como por las exigencias de la empresa en lo que respecta a los servicios mínimos.
Por un lado, la prensa nacional ha dibujado, en los días previos a la huelga, una imagen de caos y problemas generalizados para los usuarios del transporte público, demonizando a los huelguistas y menospreciando sus demandas, señalando cómo esta huelga buscaba perjudicar a aquellos que deben utilizar los autobuses metropolitanos e intentando enfrentar a los trabajadores de distintos sectores con los conductores de autobuses, haciendo que la responsabilidad de la huelga recaiga sobre ellos y no sobre la empresa o sobre el Ayuntamiento de Barcelona, incapaz de presionar para la mejora de las condiciones laborales en el sector.
Por otro lado, la empresa TMB ha promovido una fuerte campaña de desprestigio hacia los huelguistas y el Departament de Treball por los servicios mínimos impuestos por la Generalitat pues, pese a que se ha tratado finalmente del 40% del servicio en las horas punta y un 20% durante el resto del día, la empresa exigía el 90% del servicio, aprovechando el argumento del aumento de la demanda en el transporte tras las ayudas y la rebaja de los precios en el transporte integrado, y pretendiendo fingir una falsa defensa de la clase trabajadora y de aquellos usuarios del transporte público que cada día se enfrentan a jornadas laborales maratonianas, aumentadas por la distancia de sus puestos de trabajo.
Sin embargo, esta huelga no viene de la nada, sino que es el resultado de toda una serie de concentraciones ante las delegaciones del Gobierno en varias ciudades del estado, una gran manifestación en Madrid y una entrega de firmas en el Congreso de los Diputados, así como varias huelgas locales y nacionales. Pese a los esfuerzos de los sindicatos y trabajadores del sector, ni la administración pública ni las empresas de transportes han dado pasos hacia una mejora en las condiciones laborales de las personas conductoras profesionales del sector de transporte urbano e interurbano. Como indica CGT: “Las condiciones de las infraestructuras, los tiempos de trabajo y descanso, los medios de trabajo, productos utilizados, etc., requieren una urgente y necesaria actuación pública y empresarial dirigida a solventar estas condiciones laborales y, en su caso, adelantar la edad de jubilación”. Así pues, pese a que en los medios de comunicación se ha querido vender que la edad de jubilación ha sido el único motivo para convocar la huelga, las condiciones laborales y la seguridad en el trabajo son elementos esenciales en las demandas de los trabajadores del sector.
No obstante, una de las grandes cuestiones que podemos preguntarnos es: ¿por qué el gobierno de Ada Colau no ha tomado cartas en el asunto? Pese a que hace ya años que gestiona el Ayuntamiento de Barcelona, y que la empresa TMB explota un servicio que debería ser completamente público pero que, como mínimo, es metropolitano, no se entiende el inmovilismo de la alcaldesa, que siempre ha defendido la necesidad de la movilización y de la municipalización de los servicio públicos. Sin embargo, la dirección de la empresa (pública) TMB sigue criminalizando a los huelguistas, lo que demuestra el poder que continúa teniendo la burguesía catalana en el Ayuntamiento de Barcelona y en todos sus servicios públicos. Por desgracia, pese a las movilizaciones de los últimos meses en el sector, el gobierno de Ada Colau sigue tomando partido al mantener las prácticas que durante años han primado en la ciudad, lo que no es más que otra muestra del tipo de políticas que el reformismo está dispuesto a llevar a cabo dentro de las instituciones: todas aquellas que no supongan un enfrentamiento con el poder económico y con el sistema capitalista.
Frente al inmovilismo de los Comunes y las prácticas despóticas de TMB, la única solución para los trabajadores continúa siendo, como lo ha sido siempre, la movilización sostenida y unitaria. La lucha conjunta con otros sectores públicos y privados puede ser la manera de obtener el apoyo de los usuarios y dar una mayor fuerza y visibilidad a sus reivindicaciones, poniendo en entredicho las políticas del actual Ayuntamiento de Barcelona.
