La cuestión de la vivienda siempre ha sido un tema controvertido en el estado español. Es casi una costumbre que la inversión de toda una vida de una familia sea una vivienda, a la par que cada vez es menos accesible para la clase trabajadora pagar una hipoteca o un alquiler. Las estadísticas al respecto hablan por sí solas: 6 millones de jóvenes reconocen querer independizarse y no poder a causa de los costes de la vivienda y según Eurostat, el 85’7% de los jóvenes estarán en casa de sus padres hasta los 30. Cifras que se han acentuado muchísimo desde la crisis de 2008.
En este contexto, se aprueban dos medidas “estrella” por parte del gobierno PSOE – UP que, no exentas de debates internos, no parecen rascar más allá de la superficie del problema de la vivienda… La primera de ellas es la ley de vivienda, demorada en el tiempo con fines electoralistas y que ya cuenta con el rechazo por “insuficiente” por parte de sindicatos de inquilin@s. La segunda, el aval público vía ICO del 20% de la hipoteca de una vivienda para jóvenes con rentas menores a 37.000€; medida que cuenta con el apoyo (ya estaba en vigor) del PP, la patronal financiera y la crítica de UP… Pero, ¿en qué consisten realmente estas dos medidas?
La ley de vivienda trae como medidas estrella la construcción y utilización (de la SAREB) de 30.000 viviendas para alquiler social los próximos 5 años, la revisión de como máximo el 3% para el alquiler en 2024 y en años posteriores indexada a un valor menor al IPC y la rebaja de la consideración de gran tenedor a 5 viviendas.
Estas medidas a la par que insuficientes, dejan amplias brechas que los caseros aprovecharán y que en el corto plazo podrían tensionar más aún el mercado del alquiler. Por ejemplo, el hecho de regular solo la subida de un precio base pero no el propio precio base es un gran incentivo para no renovar los contratos de alquiler y “rotar” a los inquilinos para aplicar la subida deseada por los propietarios de vivienda, lo cuál puede provocar un aumento de los desahucios (los cuáles ni se prohiben ni se regulan) así como un aumento “preventivo” del precio.
Por otra parte, la financiación pública del 20% de una hipoteca para personas jóvenes también deja amplias grietas en su puesta en práctica. Este incentivo puede suponer un aumento de la demanda de vivienda con su correspondiente aumento de precio y un nicho de mercado nuevo para la banca con aval público, los jóvenes sin capacidad de ahorro pero con deseo de comprar viviendas.
Por eso es importante que no hagamos únicamente un análisis de las intenciones de las medidas del gobierno. Es evidente que limitar la subida de los alquileres o ayudar financieramente a los y las jóvenes son titulares llenos de buena intención. El problema, como venimos repitiendo en esta revista en todos los artículos que tienen que ver con la dimensión económica; es quien tiene en última instancia el poder de decisión sobre bienes y servicios esenciales para una vida digna. Si los grandes tenedores de vivienda siguen teniendo la última palabra sobre a qué precio venden “sus” viviendas o de qué forma, a quien y a qué precio las alquilan no habrá una solución sostenida para la clase trabajadora y la juventud en el ámbito de la vivienda.
Es más que evidente que en una “competición” entre el derecho a una vivienda digna de las capas más humildes de la población y los grandes beneficios de los propietarios de vivienda, éstos segundos tendrán en su poder muchos más mecanismos para ganar dicha “competición” a pesar de la ley de vivienda, otras medidas y sus buenas intenciones.
Lo que ni el PSOE, ni UP, ni SUMAR dado el caso, ni ningún gobierno estarían dispuestos a hacer para solucionar el problema de la vivienda es precisamente aquellas medidas que atacarían la raíz del problema: la rentabilidad que para las grandes fortunas y fondos de inversión tiene el mercado de la vivienda. De manera transitoria se debería intervenir el mercado de la vivienda para que la construcción, venta y financiación de la primera vivienda de cada familia trabajadora fuera pública, avanzando también en los alquileres públicos y en la capacidad de que no sea una minoría millonaria la que decida la ordenación y distribución urbanística de nuestras ciudades.
Los pisos turísticos, los alquileres abusivos y la precariedad laboral están ahogando a amplias capas de la clase trabajadora a la par que le hacen empatizar con los propietarios por la falsa ilusión de que si algún día posees una vivienda podrás entrar dentro de ese selecto club que especula y posee un “activo” que sube de valor año tras año en un porcentaje mucho mayor que el salario.
Desde la izquierda revolucionaria e independiente, debemos seguir insistiendo. No solo basta con “enfrentarse a la derecha” o posicionarse en contra de los “aspectos más lesivos” de este sistema. Hemos de luchar por ser la mayoría trabajadora quienes tengamos la capacidad de decidir los aspectos fundamentales de la economía. Mientras sean los capitalistas a través del mercado quienes tengan todas las palancas y mandos, dará igual si la política produce recortes, inflación, rescates o explotación… las consecuencias siempre serán un descenso en el nivel de vida de la mayoría de la población para seguir sosteniendo una irracional acumulación de riqueza por parte de una minoria.
Todas estas reivindicaciones pueden parecer lejanas o difíciles, pero la realidad es que lo verdaderamente difícil es continuar con esta lógica política, económica y ecológica sumamente destructiva cuyo único fin es mantener los privilegios de una minoría a costa del sufrimiento de una mayoría que es, además, la que produce todas las riquezas…
