En las últimas semanas y a pesar del “apagón mediático”, gran parte de la ciudadanía se ha hecho eco de la huelga de los y las letradas de justicia. Dicha huelga ha conseguido paralizar el desde el 24 de enero un servicio esencial como la Justicia en gran parte del Estado Español, llegando a atrasarse más de 152.000 juicios en todo el territorio
¿Qué demandan l@s huelguistas?
El conflicto tiene su origen en la ley de 2009 que aumentaba las atribuciones de est@s funcionari@s ante el colapso que ya sufría por entonces la justicia, aligerando algunas de las tareas de jueces y juezas (cuerpo menos numeroso y mejor retribuido). Tras años de negociaciones y promesas no cumplidas, con el alza de los precios y el coste de la vida y ante una situación de mayor inestabilidad, el conflicto se recrudeció llegando a la convocatoria de huelga indefinida con diversas reivindicaciones entre las que destaca el aumento salarial indexado a su sueldo.
En concreto, en la actualidad el salario medio de un letrad@ de justicia ronda el 65% del de los jueces y juezas. La reivindicación es que se de un aumento y un compromiso legal de que el salario sea el 85% de la masa salarias de jueces y juezas (porcentaje que argumentan, es la carga de trabajo y responsabilidad con respecto a jueces y juezas en la situación actual)
Por otro lado, este colectivo de funcionarios y funcionarias se divide a nivel retributivo en cinco grupos a criterio de la población en la que se encuentre su puesto de trabajo. Los y las huelguistas reclaman reagruparlos solo en tres para poder aumentar así la retribución de aquellos y aquellas que desempeñen su función en poblaciones de menor tamaño.
Por su parte el ministerio de Justicia argumenta que dicho sector ya está altamente retribuido (entre los 40.000 y 60.000€ mensuales) y que indexar el salario al de jueces y juezas es algo inasumible al depender estos últimos del Consejo General del Poder Judicial y no de las decisiones del ministerio de Justicia o Hacienda. La última reunión de los y las huelguistas con el ministerio se saldó sin acuerdo alguno entre las partes, declarando los portavoces de los y las huelguistas que el ministerio no ha realizado ninguna propuesta seria de negociación, siendo la desconvocatoria de la huelga la condición única para empezar a negociar.
La polémica con sectores de trabajadores “altamente remunerados”
Como ya pasó en 2010 con la huelga de controladores aéreos (hasta el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha comparado ambas huelgas), son amplias las declaraciones que intentan desprestigiar al colectivo en huelga por tener “privilegios económicos” o “querer desgastar al gobierno”. Destacan por su origen, las declaraciones de los sindicatos CCOO y la UGT, los cuales denuncian a l@s huelguistas por “querer dar una patada al ministerio en el culo del pueblo” llegando a denunciar presiones hacia l@s trabajador@s de justicia dependientes de los letrados; declarando que “los administrativos de los juzgados no tienen nada que ver con esta huelga y ni siquiera la apoyan”.
Fuertes críticas han recibido también l@s huelguistas por parte de colegios y asociaciones de abogad@s de todo el Estado, ya que dicho colectivo privado y a menudo autónomo está viendo un gran perjuicio en sus retribuciones con esta huelga. Así mismo, asociaciones de jueces y juezas también han mostrado su disconformidad con la huelga y con la reivindicación salarial argumentando que la responsabilidad de sus tareas dista mucho de las de los letrados; haciendo un ejercicio de solidaridad a la altura del gremio.
¿A qué conclusiones podemos llegar?
Este conflicto deja varias conclusiones importantes para l@s revolucionari@s. La primera de ellas es certificar la importancia de sectores estratégicos para el Estado que no tienen por qué ser estrictamente productivos. La parálisis de la justicia ha provocado la parálisis de grandes partidas de fondos y un pequeño colapso de una parte importante del funcionamiento de este sistema. La segunda es que la solidaridad obrera no pasa por sus mejores tiempos y es una tarea fundamental reconstruir la conciencia de clase y la solidaridad efectiva.
Es intolerable dar cabida a discursos de que existen trabajador@s privilegiad@s que no tienen “derecho moral” a hacer huelga por mejores condiciones. La tercera es que conviene recordar que la justicia que tenemos actualmente dista mucho de ser imparcial (la Ley mordaza y la represión creciente en los últimos tiempos a sindicalistas y movimientos sociales así lo certifican) y que por tanto es necesaria una profunda reforma democrática de la misma (además del aumento de fondos que comparten todos los servicios públicos para evitar el colapso). Es ingenuo pensar que esta reforma radical se podrá hacer sin tener la colaboración y el convencimiento de amplios sectores de trabajador@s de este ámbito.
