El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos quiere otorgar a empresas privadas la gestión de las torres de control de Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago, que hasta ahora venía administrando el Estado a través de Enaire, organismo adscrito al Ministerio de Transportes.
Precisamente la filtración de esta noticia coincide con la huelga de controladores aéreos de las torres ya privatizadas, pues como ya sabemos, las privatizaciones de los servicios públicos sirven exclusivamente para llenar unos cuantos bolsillos a costa de la precarización de las y los trabajadores y de la merma de calidad del servicio.
La huelga convocada el pasado 30 de enero de 2023 y que se reproducirá todos los lunes hasta el próximo 27 de febrero está huelga convocada por los sindicatos USCA y CCOO, tras el fracaso de las negociaciones del IV convenio colectivo del sector entre la representación legal de los trabajadores y los proveedores de servicios en las torres de control privatizadas y gestionadas por las empresas FerroNats y Saerco. Una, creada por imputado en trama Lezo. Otra propiedad de fondo buitre rescatado con dinero público.
La tercera empresa que gestiona las torres de control es la empresa pública AENA, la cual se encuentra inmersa, de nuevo, como el resto de servicios públicos en un proceso de abaratamiento de costes, de pérdida de calidad del servicio y de precarización de las condiciones laborales con la intención de impulsar el proceso de privatización de las áreas más rentables, con el único objetivo de proporcionar jugosos dividendos a los accionistas.
Casualmente las primeras privatizaciones de la gestión de las torres de control aéreo también surgieron al calor de un conflicto colectivo allá por el 2010, dirigido por el inefable José Blanco, ministro de Fomento del Gobierno de Zapatero.
En aquella ocasión, el Gobierno acabó de un plumazo con la negociación colectiva que venía manteniéndose desde el Convenio del sector de 1998, para imponer un empeoramiento injustificado de las condiciones laborales de los controladores aéreos, llegando finalmente a declarar el Estado de Alarma por primera vez desde la aprobación de la Constitución del ’78, para poder militarizar el control del espacio aéreo, vulnerando así el derecho a Huelga del personal de las torres de control.
Como entonces, el actual Gobierno, está vulnerando el derecho a huelga de las y los trabajadores de las torres de control con servicios mínimos abusivos, prácticas de esquirolaje y represión sindical a través de sanciones y despidos disciplinarios que los principales sindicatos del sector ya mencionados están denunciando pública y judicialmente.
Es importante señalar que el Comité de Libertad Sindical de la OIT, al igual que la doctrina del Tribunal Constitucional, han considerado servicios esenciales para la comunidad aquellos dirigidos a garantizar la vida, la salud y la seguridad de las personas.
La impunidad con la que se vulnera el derecho a huelga, liderado por las propias administraciones públicas, principalmente en lo que respecta los servicios públicos, es flagrante y muy ilustrativa, ya que nos muestra con claridad, como los capitales ávidos de nuevos mercados y obligados por la crisis permanente en la que se encuentra la economía mundial por las propias contradicciones del modo de producción capitalista, a aumentar el grado de explotación de la clase trabajadora; se apoya en la capacidad represiva de los Estados para desmontar las conquistas obreras y democráticas, y sofocar cualquier resistencia organizada por parte de la clase trabajadora. Este esquema se reproduce en todos los sectores y en todos los países de Europa de forma generalizada y permanente.
En el Estado español, apostamos por empujar todo lo posible para que siga creciendo el actual contexto de aumento de la conflictividad laboral, que más allá de la evolución natural de la lucha de clases en el marco de una inflación galopante soportada por las clases populares, encuentra explicación en el intento de recuperación de la negociación colectiva tras una década de agresiones que ha acabado con cientos de Convenios Colectivos. Sin duda, la reivindicación del derecho a Huelga debe ser un elemento indispensable y nada como ejercer un derecho para defender su legitimidad. Por eso apoyamos la huelga del personal de las torres de control; denunciamos la privatización en curso de las 7 torres de control más rentables por parte del Gobierno PSOE-UP y llamamos a las y los trabajadores de todos los sectores a coordinar nuestras luchas, porque coordinado es la agresión continuada que ejercen contra nuestras condiciones de vida.
