El pasado 30 de octubre de 2022 Lula da Silva volvía a ganar una elecciones presidenciales en Brasil poniendo fin al demencial mandato del aprendiz de Trump, Jair Bolsonaro, cuya gestión ha disparado las desigualdades ya insoportables, elevando a 36 millones el número de personas en extrema pobreza; ha multiplicado la deuda pública del país y ha costado la vida de miles personas a causa de su criminal política frente a la pandemia de la COVID-19.
El expresidente Lula, volvía a despertar la esperanza de importantes sectores de las clases populares; recogía un masivo voto útil frente a la terrorífica posibilidad de la reelección de Bolsonaro y recibía el incuestionable respaldo de importantes sectores de la burguesía brasileña y del capital internacional a quienes no les fue nada mal durante los anteriores mandatos del otrora líder sindical.
Los acuerdos y concesiones del ya Presidente Lula para con numerosos grupos de poder conservadores y liberales de la sociedad brasileña se venía cocinando a fuego lento y basta con analizar muy por encima la composición de su Gobierno de frente amplio para vislumbrar con claridad el reparto de poderes y constatar que no se trata de un Gobierno al servicio de los y las trabajadoras del Brasil. Hasta 37 ministerios componen un Gobierno que da cobijo a intereses de todo pelaje que incluyen a la iglesia católica (el crecimiento en las últimas décadas del evangelismo que impulsó a Bolsonaro, incluso llevó a Lula ha pronunciarse públicamente en contra del aborto para apaciguar los ataques de la iglesia evangelista durante la campaña electoral). Pero dejando a un lado la importante nómina de ministros del capital que alberga su Gobierno, lo que más ha sorprendido a propios y extraños ha sido el nombramiento de José Mucio (famoso por su influencia sobre los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas brasileñas) como ministro de defensa.
Lula, ya ha podido comprobar durante los últimos meses en los que se ha producido toda la cesión de poderes por parte del Gobierno saliente, que tal le ha ido al ya expresidente Castillo su política de concesiones a los poderes fácticos en Perú. El imperialismo norteamericano que precisamente tuvo al propio Lula como objeto de toda una ola de “golpes blandos” que viene replicando en su histórico patio trasero durante la última década, le ha dejado, por si acaso, su tarjeta de visita en Brasilia, al mismo tiempo que está amparando la matanza de la Presidenta golpista Dina Boluarte en Perú.
Efectivamente con lo de “tarjeta de visita” nos referimos al asalto simultaneo las sedes del Parlamento, el Tribunal Federal de Justicia y el Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia, el pasado domingo 8 de enero, perpetrado por los “conspiranóicos” y fascistas seguidores de Bolsonaro, con la inestimable colaboración de la policía del distrito federal (dirigida por el gobernador bolsonarista Ibaneis Rocha, y su jefe de policía, Anderson Torres, exministro de Bolsonaro) y de la guardia presidencial (las implicaciones de las FFAA en la preparación del asalto es incuestionable), que lejos de detener o dispersar a la turba golpista se hacían selfies posando con los pintorescos asaltantes.
Esta réplica de “revuelta popular” dirigida y organizada desde la extrema derecha, con la supervisión del imperialismo y la logística del, nunca purgado desde la dictadura, ejército brasileño, ha sido un calco de la vivida justo dos años antes en el capitolio de Washington. Pero sobretodo ha sido un aviso, no tanto al Gobierno que incluso en su ala más transformadora es consciente de sus limitaciones sino a las organizaciones y movimientos de la izquierda brasileña que han aupado a Lula a la presidencia y que exigirán el cumplimiento de los aspectos más progresivos de su programa electoral, tensionando al Gobierno por la izquierda.
Resulta evidente que las élites terratenientes, la banca y la burguesía brasileña más servil a los capitales estadounidenses, igual que la del resto de américa latina ha aprendido mucho de la anterior oleada de gobiernos progresistas y tal como se apuntó en estas mismas páginas hace más de un lustro si se repetía una oleada de Gobiernos progresistas sus avances políticos y sociales serían aún más descafeinados. Pero lo cierto, es que la historia política del siglo XXI en América Latina no dista mucho de la del siglo XX. La miseria sigue mordiendo los mismos pies descalzos; los recursos y riquezas del continente siguen fluyendo hacia el hemisferio norte y los pueblos originarios y las masas trabajadoras siguen siendo traicionadas por aquellos a quienes auparon hasta el Gobierno.
Desde IZAR nos seguimos sumando al grito consciente de las corrientes revolucionarias del continente, que claman por la auto-organización y construcción de un verdadero poder obrero y campesino y contra los cantos de sirena del reformismo político que los conduce una y mil veces a la frustración del callejón sin salida de la gestión institucional, o a ser carne de cañón del fascismo patrio e internacional, cautiva y desarmada por los mismos gobiernos que impulsaron.
