Hasta anteayer 500 trabajador@s agrícolas, parte de quienes han surtido de fruta y hortalizas durante los peores años de la pandemia al Estado Español y media Europa (casi 3 millones de toneladas por valor de 3,7 millones de euros en la última campana), malvivían en el campamento (realmente, asentamiento chabolista) El Walili de Níjar, en el campo almeriense. El pasado lunes 30 de enero un incendio se inició de manera “sorprendentemente puntual” casi a la vez que expiraba el plazo dado por el ayuntamiento de Níjar y ordenado por el juzgado para desalojar el poblado, a las 8 de la mañana.
El campamento conocido como El Walili es el “mejor ejemplo” de las condiciones en que han vivido desde hace 15 años más de 3000 personas, la inmensa mayoría inmigrantes, en más de 94 asentamientos chabolistas en la comarca de los invernaderos: sin saneamiento ni agua corriente, sin suministro eléctrico regularizado y en infraviviendas. Condiciones paupérrimas para las manos que trabajan bajo plástico en la gran huerta de Europa para alimentarnos. Cada cierto tiempo un incendio devoraba parte del campamento, al que sus habitantes, como las temporeras de la fresa en Huelva, se habían malacostumbrado.
La exportación agroalimentaria creció en Almería un 14% respecto a 2021 según la Junta de Andalucía, un mercado con alta demanda de mano de obra que cubren personas inmigrantes, dispuestas a trabajar en condiciones semiesclavistas, a 5 euros la hora. El hecho de que la patronal del sector, protagonista de centenares de denuncias que el SOC-SAT ha peleado, no les haya proporcionado alojamiento, generó estos asentamientos, convertidos en normalidad para las instituciones y pan de cada día para est@s últim@s de la clase trabajadora.
La Plataforma Derecho a Techo, que agrupa a varias organizaciones, como la Asociación pro DDHH de Andalucía y el SOC-SAT, la única que tradicionalmente rompe el silencio interesado, permitió que el desalojo-incendio de esta semana saltara a los medios de comunicación y apuntando a la alianza de clase entre la patronal y el ayuntamiento de Níjar (municipio con la renta más baja del Estado), gobernado por una alcaldesa del PSOE que tras un encierro del SAT se comprometió a ofrecer un alojamiento digno y a “realizar el desalojo de El Walili con un enfoque humano y social”. Auténtica marca socialista de rostro amable y palabras suaves pero mano de hierro y fiel a su naturaleza de clase.
Este lunes el despliegue estaba formado por decenas de agentes de la policía y la Guardia Civil, un helicóptero y drones, por último los bomberos: como un problema de seguridad ciudadana. Solo había una trabajadora social con un mediador, pero ningún dispositivo sanitario ni atención personalizada. De l@s inmigrantes que ocuparon El Wallili la mayoría se habían ido a otros asentamientos, probablemente por el miedo añadido a su situacion irregular (sumado al de las denuncias de incumplimientos del convenio del campo, que obliga, por ejemplo, a pagar el transporte a l@s trabajador@s). Este derribo no acaba con el chabolismo sino que lo esconde.
Paradójicamente la presencia de un diputado de la “fuerza del cambio” no pudo impedir el objetivo de su socio mayoritario de gobierno en La Moncloa, que buscaba acabar con la insalubridad un poblado demasiado visible para la carretera que va a Cabo de Gata y que se niega a empadronar a est@s trabajador@s. Cabría ahora reflexionar si este desalojo, que no será el ultimo, no ha hecho más que verter más gasolina al racismo de PP-Vox en la provincia y a nivel estatal, para llegar a la conclusión de que prende el mechero participando del racismo estuctural, cuya máxima expresión es el cierre de filas del gobierno con la gestion de Marlaska de la matanza en la valla de Melilla.
La demolición de El Walili es un ejemplo sangrante más de la marginación y vulnerabilidad a la que el capitalismo empuja a l@s trabajador@s migrantes que llegan a nuestro Estado y de violación de sus derechos humanos. Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR no podemos más que denunciar no solo el criminal desalojo de El Wallili y las condiciones de est@s trabajador@s, la previa y la posterior, sino toda la tramoya que se desarrolla detrás: una complicidad institucional entre ayuntamiento de Níjar, diputación, Junta de Andalucía y patronal agrícola almeriense por minimizar e invisibilizar la situación laboral, la falta de soluciones habitacionales y de respuesta humanitaria, en definitiva el racismo como apoyo de la explotación capitalista del orden de clase que tan bien y ostentosamente defienden.
