LA REALIDAD DE LA GESTIÓN PROGRESISTA DE LA CRISIS

El pasado 11 de enero Pedro Sánchez junto al Secretario General de UGT Pepe Álvarez, inauguraban unas jornadas sobre acción sindical en la sede central de UGT. Y si la escena no fuera ya de por si bastante irónica, el Presidente del Gobierno realizaba un discurso en el que se llenó el pecho de medallas y dejó caer lo que será posiblemente uno de sus caballos de batalla durante el periodo electoral que se aproxima: la gestión progresista de la crisis. Sin ruborizarse ni un poco, Sánchez declaraba que “España cierra 2022 con la inflación más baja de la eurozona, el crecimiento mayor de la UE y niveles de empleo que no teníamos hace 15 años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir dignificando las pensiones, subiendo el salario mínimo y protegiendo a la gente de a pie”. Entre los aplausos entusiastas del público se venía arriba: “Si algo hemos demostrado es que hay otra forma de crecer más y mejor, sin devaluar salarios ni precarizar el empleo. Hemos desplegado un escudo social durante la pandemia que protegió a más de tres millones trabajadores, un millón de autónomos, miles de empresas. Hemos subido el salario mínimo de 735 a 1000 euros. Y lo vamos a subir más.”. Y es que la alfombra le había sido puesta previamente en las intervenciones que le precedieron de los representantes de UGT: “el Gobierno de coalición es el primero en la historia reciente que aprueba una reforma laboral que no recorta derechos a los trabajadores, sino que los mejora.”. Si es que se desenmascaran solos.

La verdad de la gestión progresista de la crisis: Inflación, salarios y pensiones

Es cierto que la inflación ha ido bajando, sin embargo, no hay que olvidar que la media del pasado año habrá estado en el 8,4%. Además, Pedro Sánchez se guardó algunos datos casualmente: la inflación subyacente, que se considera un indicador de los precios en el medio plazo, está en tendencia creciente. CaixaBank avisa que “aplanar la curva de crecimiento del IPC será más duro de que se pensaba”. A esto debemos añadir que los precios de alimentación y bebidas no alcohólicas subieron un 15,3%, un duro golpe para las despensas obreras. La inaplicación temporal de IVA a alimentos básicos ha sido contrarrestada por los supermercados con una subida de precios en esos productos. Decíamos en un dossier sobre la inflación que la salida de los gobiernos de distinto pelaje acaba siendo el aumento de precios para la expulsión de amplias capas de la clase trabajadora de un nivel de consumo de ciertos bienes y servicios, uniendo esta peor calidad de vida a una mayor explotación (1).

Una realidad palpable a día de hoy si vemos como la subida media de los salarios ha sido un 2,4% frente a ese 8,4% del IPC, con una pérdida importante del poder adquisitivo de la clase trabajadora. En cuanto a lo dignificar las pensiones, desde IZAR ya demostramos (2) que la reforma de Escrivá que, en el mejor de los casos, algunos elementos volverían al paso previo de la reforma del PP y todo a costa de alargar la edad de jubilación (3) y ofreciendo migajas a los ancianos que aguanten más años trabajando mientras la juventud está en el paro.

Una gestión antisocial: Empleo, Vivienda, energía

Los últimos datos del empleo demuestran que todas las ventanas abiertas por el cogobierno de PSOE y UP son aprovechadas por la patronal. Los últimos datos publicados marcan que el Estado español es el segundo país de la UE con mayor tasa de temporalidad, en torno a un 20%. El paro juvenil con un 31,01% y la gran precariedad que soportamos desmienten a Sánchez, a la vez que los datos sobre el aumento del patrimonio de los 100 españoles más ricos en 20.620 millones de euros dejan a las claras para que clase social gobierna. Los límites de la tan cacareada reforma laboral más progresista de la historia fueron analizados por IZAR y demostró cual ha sido su verdadero alcance (4).

El mínimo impacto del escudo social fue nulo, ni el aumento de IMV ni el bono eléctrico han tenido repercusión en la miseria que sufren millones de personas en el Estado español. 6 millones de personas están en la pobreza y 11 más en riesgo de exclusión social. El decreto del ahorro energético dejó en evidencia que la política del gobierno de PSOE y UP con aquellos 1.350 millones de euros para el oligopolio eléctrico dejó claro cuál es su política energética (5).

Las inversiones de la gestión: impuestos, presupuestos militares y servicios públicos

Si hay una prueba del algodón para ver con que clase se alía este gobierno, la política fiscal se posiciona con ventaja. El impuesto a la banca y las energéticas se supone que va a recaudar unos 3.500 millones, pero en los primeros 6 meses de 2022 8 empresas y bancos recaudaron 10.000 millones, sumados a esos 1.350 millones de dinero público para las eléctricas y sin contar los 55.000 millones con los que rescatamos a los bancos. El de las grandes fortunas no es más que para contrarrestar las bonificaciones del PP en sus comunidades, mientras todo el entramado de impuestos al trabajo frente al capital e impuestos indirectos recaen en la clase trabajadora (6), asumiendo todo el peso de la aportación al Estado, mientras el gobierno más progresista desde la historia alcanza el récord de más de 48.800 millones de euros en Defensa, superando con creces el 3% del PIB y siendo el montante casi igual al total de los ministerios sociales (7). La partida en defensa supera unas 4 veces a la de educación, demostrando el inmenso interés que este gobierno tiene en los servicios públicos y que estudiantes en marzo y docentes en mayo premiaron con sendas huelgas (8).

¿Hay alternativa?

Dos son los elementos de la cara oculta de la gestión progresista, aquellos de los que no oiremos hablar a Pedro Sánchez y que Yolanda Díaz criticara con la boca chica, sin poner nunca en peligro la estabilidad gubernamental: la política migratoria y la represión a los y las que luchan. Cómplices de la labor de gendarme del régimen marroquí frente a los miles de personas que huyen del horror y la miseria extrema, las devoluciones en caliente el 16 de mayo de 2021 y la actuación policial del 24 de junio de 2022 son los puntos más mediáticos de una política clara y definida con respecto a la inmigración (9). Con respecto a la represión a los y las trabajadoras que luchan, basta con repasar la que sufrió Raquel durante la huelga del metal en la entrevista que le hicimos en el número de diciembre de 2022.

El resultado de todas estas políticas antisociales con la etiqueta de progresista ante el pasotismo de las direcciones sindicales está reforzando a la extrema derecha. Para evitarlo, debemos apoyarnos en las movilizaciones y huelgas existentes para reforzarlas, lanzando un programa de urgencia social. Esta tarea solo puede ser abordada por las organizaciones de la izquierda anticapitalista, soberanista y revolucionaria del conjunto del Estado español. Es necesario construir una reunión pública en Madrid para debatir sobre estas cuestiones lo más pronto posible. Es nuestra responsabilidad como militantes y activistas consecuentes.

(1) Dossier de la Revista IZAR, mayo 2022, n.º 100.

(2) Pág. 3 de la Revista IZAR, septiembre 2021, n.º 92.

(3) Eso demuestran las declaraciones de este ex directivo del BBVA: “Hace falta un cambio cultural en España para conseguir que se trabaje más entre los 55 y los 75 años”.

(4) Dossier de la Revista IZAR, febrero 2022, n.º 97.

(5) Pág. 4 de la Revista IZAR, octubre 2022, n.º 103.

(6) Pág. 3 de la Revista IZAR, noviembre 2022, n.º 104.

(7) Pág. 5 de la Revista IZAR, noviembre 2022, n.º 104.

(8) Para la huelga estudiantil revisar la pág. 11 de la Revista IZAR, abril 2022, n.º 99; la de los y las docentes se cubrió en la pág. 10 de la Revista IZAR, junio 2022, n.º 101.

(9) Pág. 4 de la Revista de IZAR, junio 2021, n.º 91 y pág. 3 de la Revista IZAR, enero 2023, n.º 106.