Un Gobierno que no cumple con las aspiraciones de millones de trabajadores/as
El Gobierno que Pablo Iglesias denominó como el más de “izquierdas de la historia” se habrá quedado finalmente muy lejos de merecerse tal denominación. Las políticas llevadas a cabo en materia de vivienda, salarios, servicios públicos, inmigración o pensiones no dejan lugar a dudas. Este Gobierno, al igual que los anteriores, habrá elegido no enfrentarse a los intereses de los que más tienen gestionando una enésima crisis a su favor. Los datos son en ese sentido escalofriantes. Según la lista de Forbes, los 100 españoles más ricos han aumentado su patrimonio en 20.620 millones de euros en el año 2021, lo que supone una ganancia de 206,2 millones de euros de media por persona: 8.429 veces el sueldo medio anual de 24.463 euros en el Estado Español, mientras que la pobreza ha aumentado en dos millones de personas, pasando de 4 millones de personas en situación de pobreza severa en 2018 a 6 millones, en la actualidad, además de los 11 millones de personas en exclusión social. Las consecuencias de la pandemia y de la guerra no parece afectar a todo el mundo de la misma manera.
El anuncio de la reforma de las pensiones, realizado por el Ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, hace unas semanas va en este mismo sentido. Un aumento del cómputo general para calcular la pensión hasta los 28 años (antes 25 años), lo que supondría en la práctica bajar la cuantía de dichas pensiones. Una reforma que conecta directamente con la lógica de la subida de la edad de jubilación aprobada en su día por el Gobierno ZP que ya está a los 66 años y cuatro meses con la llegada de 2023.
Unas direcciones sindicales que defienden a capa y espada la paz social
Frente a esta situación las direcciones de las centrales sindicales mayoritarias han optado por no movilizar. Al contrario, su política sindical se ha centrado en blindar la paz social y tratar de acompañar al Gobierno PSOE-UP. Las pequeñas movilizaciones llevadas a cabo en octubre por la cuestión del poder adquisitivo fueron sólo un lavado de cara frente a los miles de trabajadores y trabajadoras que se movilizan en sus centros de trabajo por aumentos salariales consecuentes.
Según datos oficiales, los salarios reales habrían sufrido ya la mayor caída en 40 años mientras las empresas superan los beneficios previos al COVID según el propio Banco de España. La política de dichas direcciones está siendo en ese sentido la de, por un lado, negociar con la patronal subidas salariales muy por debajo del IPC firmando unos convenios que no permiten recuperar el poder adquisitivo, y por otro, llevar a cabo una estrategia que impide la unificación de los sectores que se están movilizando potenciando a la larga la desmovilización.
Sin embargo, existen movilizaciones y huelgas importantes en diferentes sectores y diferentes territorios. Desde el sector del metal al del transporte pasando por el del automóvil o el de la hostelería, son numerosas las huelgas indefinidas que arrancan subidas salariales. Sin embargo, la orientación de dichas direcciones sigue siendo la de no tratar de unificar dichas huelgas por miedo a perder el control de dichas movilizaciones.
Es necesario que todas estas luchas converjan en un movimiento de conjunto por la defensa de los salarios y de los puestos de trabajo y para ello es central que las centrales sindicales combativas con implantación a nivel estatal o sólo territorial se pongan de acuerdo en una hoja de ruta que permita unificar a los y las que resisten en sus centros de trabajo.
¿A qué estamos esperando?
El resultado de estas políticas antisociales y de esta inacción por parte de las direcciones sindicales de las centrales mayoritarias a nivel estatal está beneficiando a la derecha y a la extrema derecha. Es muy probable que nos estemos dirigiendo en las próximas elecciones generales hacia un escenario parecido al de Castilla y León con un gobierno de coalición entre PP y Vox.
La mejor forma de evitar el reforzamiento de las derechas pasa por acrecentar las movilizaciones y las huelgas frente a las políticas antisociales vengan del gobierno que vengan. En este sentido, las organizaciones de la izquierda anticapitalista, soberanista y revolucionaria del conjunto del Estado Español tenemos una responsabilidad.
Desde IZAR, pensamos que la tarea de los y las revolucionarias hoy debería ser tratar de visibilizar un programa de urgencia social que respondiera al menos a la cuestión del aumento automático de los salarios y de las pensiones de acuerdo con el incremento del coste de la vida, a la defensa de los servicios públicos, a la expropiación de las eléctricas para ponerla al servicio de las necesidades de la mayoría y a la creación de parques de viviendas públicas para que nadie se quede sin techo.
Existen movilizaciones y huelgas en las que apoyarse. Sería muy útil que los y las militantes que participamos de dichas luchas nos coordinemos y debatamos sobre los pasos a seguir para extenderlas y reforzarlas. En esa tarea los y las activistas sociales consecuentes, los y las sindicalistas combativos y los y las militantes revolucionarias tenemos una responsabilidad.
Desde IZAR, proponemos organizar, junto con muchas otras organizaciones políticas que hagan el mismo diagnóstico que nosotros/as, una reunión pública en Madrid para debatir sobre estas cuestiones en la mayor brevedad posible. En las próximas semanas haremos llegar dicho llamamiento al conjunto de la izquierda política que se enfrenta a las políticas antisociales vengan del Gobierno que vengan ofreciéndonos para debatir sobre esta propuesta.
