Una vez más, poniendo otra vez todo su entramado mediático a funcionar, el gobierno nos presenta una nueva supuesta política más progresista de la historia. Siguiendo la estela del impuesto a las empresas energéticas y a la banca, la ministra de Hacienda María Jesús Montero presentó el proyecto de impuesto a las grandes fortunas.
Vuelve la mediática coletilla “más progresista de la historia”
Esta es una política fiscal que contrasta con las medidas que están llevando en los gobiernos autonómicos del PP, que apuestan claramente por favorecer a sus mecenas mediante la bonificación del 100% sobre el Patrimonio o rebajar el 4,3% la tarifa autonómica del IRPF. Todo para corregir el impacto de la inflación (guiño, guiño) y así intentar desviar la atención de la cuestión de los salarios y los precios de los productos, que son establecidos por la patronal. Por su parte, el PSOE anticipando el terreno electoral, juega a ser equilibrista, dando un barniz social a una política que no se enfrente en el fondo a los que ostentan las riqueza, permitiéndole presentarse como el antídoto a las medidas de la derecha mientras UP les sigue felizmente el juego. Y sin embargo, ¿es criticable esta serie de medidas del gobierno?
¿Hay razones para criticar las medidas fiscales del gobierno?
Evidentemente cualquier política que vaya acorde con los intereses de la clase trabajadora es mejor que aquellas que claramente los confrontan, la cuestión se trata de analizar si dichas medidas cumplen o no ese objetivo. Cogiendo como ejemplo del impuesto a la banca y las energéticas vemos que el objetivo que el gobierno PSOE-UP se marca en recaudación es de 7.000 millones en 2 años, y que año tras año, las empresas energéticas y la banca no han hecho más que aumentar sus beneficios. La pregunta es obvia, ¿cuánto les afectará esos impuestos?
El primer semestre de 2022 entre Iberdrola, Endesa y Repsol obtuvieron unos beneficios limpios de polvo y paja de 5.530 millones y los de los 5 grandes bancos se situaron en más de 10.000 millones de euros. ¡En 6 meses 8 empresas duplican en beneficios lo que se recogerá a todas en 2 años! Bueno, a todas no, solo aquellas que superen los 1.000 millones de beneficio neto, las pobres que se queden a las puertas de esa humilde cifra quedan exentas.
Por su parte, el impuesto a las grandes fortunas, que según el gobierno recaudaría unos 1.500 millones cada año, ya empieza a flojear ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su análisis de las cuentas públicas, estimó la recaudación, rebajándolas en unos 300 millones de euros. Flojea también en su concepción ya que en realidad, la creación de esta carga impositiva está diseñada expresamente para neutralizar las bonificaciones al 100% del impuesto del Patrimonio arriba señalado, que el PP aplica en las comunidades que gobierna. El nuevo tributo actuará sobre las riquezas netas de más de 3 millones de euros y tendrá una deducción del 100% en las regiones en las que sí se aplique el impuesto original (todas salvo de momento Madrid, Andalucía, Galicia y en breve Murcia).
La trampa de los impuestos indirectos
Y aún si se recaudara esos 1.500 millones son una minucia si los comparamos con los 72.493 millones que se recaudó en 2021 mediante el IVA y que recae principalmente en la clase trabajadora. En otros artículos de esta revista se analizaron las medidas para combatir la destrucción del planeta de los capitalistas, fiel seguidos por sus gobiernos independientemente de su pelaje. La más clara, aumentar los impuestos al consumo de algunos productos, es decir se grava el precio de la carne porque su producción es muy contaminante pues se le dificulta a la clase trabajadora su acceso poniéndola carísima.
Los impuestos indirectos al pagarse por igual, independientemente de nuestros ingresos, que representan el 41% de la recaudación son regresivos. Arriba decíamos que el IVA, por ejemplo, recae principalmente en la clase trabajadora y es así porque las empresas tienen mecanismos para que se les descuenta en la declaración de la renta, así como capacidad para derivar diferentes compras de productos a las cuentas de las empresas y así descontarse los impuestos. Los y las trabajadoras no pueden acceder a esas triquiñuelas y toda esa carga recae igual que casi todo lo demás en sus hombros.
Es imposible hablar de una política fiscal progresista que no acote de verdad los beneficios de las empresas y la banca, que cargue de impuestos indirectos el consumo de productos básicos y que en su recaudación deja el impuesto de sociedades en un 12%. Si con los datos que nos ofrecen las empresas ya vemos que no salen las cuentas, es fundamental abrir sus cuentas al conjunto de la clase trabajadora para que veamos qué es lo que allí se está cociendo y podamos establecer una política fiscal justa, donde los servicios públicos gratuitos, universales y de calidad así como subsidios para personas en paro salgan no de los que menos tienen, sino de los que durante décadas llevan enriqueciéndose mientras las crisis que ellos provocan con su sistema productivo nos hunden más y más en la miseria.
