La fecha del 25 de noviembre, en los últimos años, y de nuevo en este 2022, es un momento de lucha feminista, de organización de las mujeres y de la clase trabajadora contra la violencia machista que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Aunque a nivel institucional ha habido avances en materia de igualdad, las mujeres trabajadoras continuamos sufriendo la precariedad, tanto en nuestros trabajos como en nuestros hogares, que no hace más que mostrar la absoluta ineficacia de las políticas implementadas, que solo se centran en combatir algunos de los elementos más superficiales de un problema que tiene sus bases en la propia estructura del sistema capitalista a través de la división sexual del trabajo.
La muestra más clara y terrible de este hecho es el enorme número de feminicidios perpetrados, en este caso, en el Estado Español. Así pues, mientras que en el 2021 se produjeron un total de 78 feminicidios y asesinatos machistas, de los cuales solo 47 fueron reconocidos oficialmente por parte del ministerio de Igualdad, en lo que llevamos de 2022 son ya 71 asesinatos machistas. Esta cifra, cada año más y más escalofriante, no hace más que poner sobre la mesa la problemática a la que nos enfrentamos como sociedad.
Pese a las medidas de los diferentes gobiernos y la aprobación de nuevas leyes sobre igualdad y derechos sociales; pese a las movilizaciones masivas del movimiento feminista y los actos de repulsa a la violencia hacia las mujeres; pese a los cambios legislativos en lo que se refiere a la educación y la inclusión de cuestiones de género en la mismas; pese a haberse convertido en un tema presente en multitud de ámbitos de nuestra sociedad, el número de mujeres asesinadas cada año no hace más que crecer. Además, y de nuevo, el número de asesinadas reconocidas por el ministerio de Igualdad no puede estar más lejos de la realidad, pues de manera oficial por parte del estado solo 35 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España.
Sin embargo, tampoco estas son cifras que plasmen la realidad de las mujeres hoy en día, pues de las 35 asesinadas “oficiales” en lo que llevamos de año, solo 12 habían presentado denuncias previas, y únicamente 5 tenían aplicadas medidas de protección. Lo que esto nos deja ver es que las mujeres que sufren violencia de género no denuncian a sus agresores, ya sea por miedo, ya sea por falta de recursos o por el rechazo social que esto sigue suponiendo debido a los argumentos de las denuncias falsas utilizados por parte de la extrema derecha. Además, de esas 35 víctimas mortales, el 23% eran mujeres migrantes, mucho más desprotegidas y fuera de la legalidad, en muchos casos, que carecen de cualquier posible recurso para defenderse de sus agresores.
No obstante, esta cifra, menor que en años anteriores, muestra también las mentiras de la derecha y de la extrema derecha, que no hacen más que insistir en que la lacra de la violencia machista está directamente vinculada a la inmigración, lo que se desmonta de forma clara a través de estos datos. De igual forma, dentro de los agresores, también 35, solo 10 eran originarios de otro país, lo que de nuevo desmonta los argumentos de la extrema derecha: la violencia machista no responde a determinadas etnias o culturas, no viene de la mano de la inmigración, sino de un sistema económico y social que subordina a las mujeres y las convierte en meros objetos de cuidado, producción y reproducción. Esto genera, en demasiadas ocasiones, una relación de dominación de los hombres hacia las mujeres, que tiene en la violencia física su expresión más agresiva.
Pese a la gravedad de estas cifras, no sólo en el maltrato y el asesinato a las mujeres encontramos esa dominación, sino también en los casos de violencia sexual, cada vez más generalizados entre los jóvenes, y perpetrados, en muchas ocasiones, de manera grupal. De hecho, los delitos sexuales y las violaciones aumentaron un 34,6% en el año 2021 respecto al año anterior, y un 18% respecto al 2019, lo que los ha situado en la cabeza de la criminalidad en el estado. Como se puede observar, la violencia sexual, así como la violencia de género, han aumentado durante la pandemia, especialmente durante el confinamiento, pues en muchos de los casos recogidos por las estadísticas estas violencias se dan dentro del ámbito familiar, por lo que millones de mujeres en el mundo se encontraron encerradas con sus agresores.
Ante este hecho, poco han ayudado las leyes contra la violencia de género o los planes de igualdad impulsados por los distintos gobiernos, pues no ha habido, ni hay, una alternativa real para las mujeres trabajadoras que se ven sometidas a esa violencia. La falta de independencia económica por la precariedad a la que nos enfrentamos en el mercado laboral, el escrutinio y la culpa social que se impone sobre las mujeres que alzan la voz contra la violencia machista, los protocolos policiales ante las denuncias de agresiones sexuales y de género, o la eliminación de la confianza de las mujeres por las amenazas sobre los hijos, son algunas de las causas que impiden que las denuncias aumenten, que las mujeres maltratadas abandonen a sus parejas, y que salgan de esas relaciones de dominación.
No obstante, no es responsabilidad de las mujeres el acabar con este sometimiento, sino que es del conjunto de la clase trabajadora el luchar contra la idea de que las mujeres debemos ocupar un espacio diferente dentro de la organización social y económica, aislándonos en tareas asociadas a los cuidados, tanto dentro como fuera del hogar. De esto se aprovecha el sistema, los burgueses, los empresarios, que feminizan ciertos sectores laborales a los que asocian unas peores condiciones (salarios, horarios…), y que sobreexplotan de esta manera a las mujeres manteniéndolas, además, en los cuidados derivados de la familia y el hogar. Por lo tanto, únicamente si acabamos con las bases materiales del sistema, si atacamos la división sexual del trabajo, podremos avanzar hacia unas relaciones sociales igualitarias entre hombres y mujeres, que acaben con la concepción de la mujer como sujeto sometido al hombre y, así, con la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones.
Por todo esto, el 25N debe ser una fecha de lucha, de movilización y de autoorganización del conjunto de la clase trabajadora, que ponga en el centro de sus reivindicaciones los derechos de las mujeres, la igualdad real, el fin de la dominación sobre las mujeres, la educación basada en acabar con todas las opresiones y, por supuesto, el fin de la división sexual del trabajo, todo ello a través de un programa rupturista, que ponga en entredicho las bases materiales del sistema capitalista, y que ataque a aquellos que se benefician de la desigualdad. Para este fin, es necesaria la unificación de todos los trabajadores y trabajadoras, de las distintas luchas que hoy en día pelean por mejorar los derechos de la clase obrera, y que pretenden cambiar un sistema basado en la injusticia.
