En los últimos años, la fecha del 25 de noviembre se ha convertido en un momento de lucha feminista, de organización de las mujeres y de la clase trabajadora contra la violencia machista que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Pese a los avances en igualdad que se han producido en los últimos tiempos a nivel institucional, las trabajadoras seguimos viviendo situaciones de absoluta precariedad, en nuestros trabajos y nuestros hogares, que muestran la ineficacia de las políticas implementadas, únicamente centradas en acabar con los elementos más superficiales de un problema que tiene sus bases en la propia estructura del sistema capitalista.
Esto tiene su muestra más clara y escalofriante en el elevadísimo número de feminicidios perpetrados, por ejemplo, en el propio Estado Español. En lo que llevamos de 2021, según Feminicidios.net, se han producido un total de 67 feminicidios y asesinatos machistas, de los cuales sólo 41 han sido reconocidos por el estado como oficiales (entre mujeres (36) y menores (5)). Sin embargo, tampoco estas son cifras que plasmen la realidad de las mujeres hoy en día, pues de las 36 asesinadas en lo que llevamos de año, solo 8 habían presentado denuncias previas, y únicamente 4 tenían aplicadas medidas de protección.
Lo que esto nos deja ver es que las mujeres que sufren violencia de género no denuncian a sus agresores, ya sea por miedo, ya sea por falta de recursos o por el rechazo social que esto sigue suponiendo debido a los argumentos de las denuncias falsas utilizados por parte de la extrema derecha. Además, de esas 36 víctimas mortales, el 50% eran mujeres migrantes, mucho más desprotegidas y fuera de la legalidad, en muchos casos, que carecen de cualquier posible recurso para defenderse de sus agresores. Sin embargo, dentro de los agresores, también 36, solo 7 eran originarios de otro país, lo que de nuevo desmonta los argumentos de la extrema derecha: la violencia machista no responde a determinadas etnias o culturas, no viene de la mano de la inmigración, sino de un sistema económico y social que subordina a las mujeres y las convierte en meros objetos de cuidado, producción y reproducción. Esto genera, en demasiadas ocasiones, una relación de dominación de los hombres hacia las mujeres, que tiene en la violencia física su expresión más agresiva.
Sin embargo, no sólo en el maltrato y el asesinato a las mujeres encontramos esa dominación, sino también en los casos de violencia sexual, cada vez más generalizados entre los jóvenes, y perpetrados, en muchas ocasiones, de manera grupal. De hecho, los delitos sexuales y las violaciones han subido un 32% en el año 2021, llegando a 7898 en julio de este año, lo que los ha situado en la cabeza de la criminalidad en el estado. Como se puede observar, la violencia sexual, así como la violencia de género, han aumentado durante la pandemia, especialmente durante el confinamiento, pues en muchos de los casos recogidos por las estadísticas estas violencias se dan dentro del ámbito familiar, por lo que millones de mujeres en el mundo se encontraron encerradas con sus agresores.
Ante este hecho, poco han ayudado las leyes contra la violencia de género o los planes de igualdad impulsados por los distintos gobiernos, pues no ha habido, ni hay, una alternativa real para las mujeres trabajadoras que se ven sometidas a esa violencia. La falta de independencia económica por la precariedad a la que nos enfrentamos en el mercado laboral, el escrutinio y la culpa social que se impone sobre las mujeres que alzan la voz contra la violencia machista, los protocolos policiales ante las denuncias de agresiones sexuales y de género, o la eliminación de la confianza de las mujeres por las amenazas sobre los hijos, son algunas de las causas que impiden que las denuncias aumenten, que las mujeres maltratadas abandonen a sus parejas, y que salgan de esas relaciones de dominación.
No obstante, no es responsabilidad de las mujeres el acabar con este sometimiento, sino que es del conjunto de la clase trabajadora el luchar contra la idea de que las mujeres debemos ocupar un espacio diferente dentro de la organización social y económica, aislándonos en tareas asociadas a los cuidados, tanto dentro como fuera del hogar. De esto se aprovecha el sistema, los burgueses, los empresarios, que feminizan ciertos sectores laborales a los que asocian unas peores condiciones (salarios, horarios…), y que sobreexplotan de esta manera a las mujeres manteniéndolas, además, en los cuidados derivados de la familia y el hogar.
Por lo tanto, únicamente si acabamos con las bases materiales del sistema, si atacamos la división sexual del trabajo, podremos avanzar hacia unas relaciones sociales igualitarias entre hombres y mujeres, que acaben con la concepción de la mujer como sujeto sometido al hombre y, así, con la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones.
Por todo esto, el 25N debe ser una fecha de lucha, de movilización y de autoorganización del conjunto de la clase trabajadora, que ponga en el centro de sus reivindicaciones los derechos de las mujeres, la igualdad real, el fin de la dominación sobre las mujeres, la educación basada en acabar con todas las opresiones y, por supuesto, el fin de la división sexual del trabajo, todo ello a través de un programa rupturista, que ponga en entredicho las bases materiales del sistema capitalista, y que ataque a aquellos que se benefician de la desigualdad. Para este fin, es necesaria la unificación de todos los trabajadores y trabajadoras, de las distintas luchas que hoy en día pelean por mejorar los derechos de la clase obrera, y que pretenden cambiar un sistema basado en la injusticia.
