La crisis derivada del coronavirus no puede recaer en los hombros de l@s trabajador@s, aunque la patronal ya está intentando que sea así. La situación excepcional que se vive en el estado español y en otras partes del mundo, unida a las consecuencias que se venían notando a partir de la extensión de la ya reconocida como pandemia en China, están siendo aprovechadas para promover EREs, ERTEs y fraudes laborales de todo tipo, como obligar a tomar vacaciones en estos días, trabajar sin seguridad, etc.
Así, grandes empresas de diferentes sectores (Ikea, Iberia, Ryanair, Burger King, Hoteles Meliá, Seat, Ford, Michelin…) ya han anunciado despidos. Del mismo modo, se está obligando a ir a trabajar, sin condiciones mínimas de seguridad, a much@s emplead@s aunque sus empresas no tengan nada que ver con productos de primera necesidad. Afortunadamente trabajadores y trabajadoras ya se están plantando y organizando como en la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria y, tal y como ya ha sucedido en Italia, están haciendo valer su derecho a abandonar su puesto de trabajo para preservar su integridad física. Nuestra salud vale más que sus beneficios.
Frente a la crisis del coronavirus l@s trabajador@s se ven así encaminad@s, de nuevo como ya sucediera con la crisis de 2008, a una situación de paro y mayor precariedad. Basta ya de que las crisis la paguen siempre los mismos. No podemos tolerar que empresas como SEAT (que logró un beneficio récord de 248 millones de euros durante 2019 y que pertenece al grupo Volkswagen, que a su registró un beneficio neto de 11 154 millones en ese mismo periodo), como Ford (6 400 millones de dólares de beneficios en 2019) o como Michelin (844 millones de euros de beneficios en el primer semestre de 2019) hagan ERTEs.
¿Alguien se cree en su sano juicio que estas empresas no pueden hacer frente a los salarios de sus trabajador@s durante 15 días o un mes sin quebrar? Empresas que año tras año acumulan miles de millones de beneficios. Ese no es el problema. La realidad es que esas empresas quieren seguir aumentando sus beneficios y por eso aprovechan esa crisis para despedir. Hay que oponerse a los ERTEs en todas las empresas y exigir que las grandes fortunas paguen. La solución del gobierno PSOE-UP, de la patronal o de las direcciones de CCOO y UGT no nos vale. Si el estado es el que hace frente a las prestaciones de los y las trabajadoras en situación de ERTE y no las grandes fortunas, en unos meses nos dirán que el gran gasto llevado a cabo por el estado ayer, necesita hoy de nuevas políticas de ajustes y de recortes para equilibrar las cuentas…de nuevo en contra de los servicios públicos. ¿Nos suena? Hay que parar de una vez este círculo vicioso. Que paguen los que siempre salen enriquecidos haya o no crisis.
La crisis económica de 2008 la pagaron los y las trabajadoras
La patronal, que ahora está pidiendo ayudas y facilidad para despedir, es la misma que nos dijo en 2008 que debíamos apretarnos todos el cinturón (menos ellos) o que estaban en contra de la subida del SMI y el control de la jornada laboral y el pago de horas extras, pero que sin embargo se han estado enriqueciendo durante esta década de manera insultante. Como ya pasara en 2008 con el rescate bancario con dinero público que las entidades financieras nunca devolvieron (más de 65.000 millones de euros), los que más tienen vuelven a pedir una inyección de dinero público para salvarse y dejar en la cuneta a la clase trabajadora.
Los hechos hablan por sí mismos: las empresas del IBEX 35 han ganado un 11,3% más desde 2008, siendo de 16,2% durante 2018. De hecho, han llegado a repartir hasta 85.000 millones en dividendos durante los años de la crisis, 15.000 más que en los previos a la misma, mientras que las salarios se han reducido en un 4,2%. A día de hoy un 21 ,6% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo el estado español el 2º país de la OCDE con más pobres en edad de trabajar; además, la tasa de empleo eventual se sitúa en un 26,8%, mientras lo OIT avisa de la enorme precariedad existente, sustentada en un mercado laboral muy terciarizado (donde la media de salario es la mitad que en la industria) , flexible y en el que la explotación laboral a costa de los derechos de l@s trabajador@s es la norma.
Esta precariedad es sufrida especialmente por las mujeres debido la sobrecarga que tienen con los trabajos domésticos y los cuidados, situándose la brecha salarial en un 30%. De esta forma, la pérdida de poder adquisitivo por parte de l@s trabajadores ha sido enorme como demuestra la escasa subida de los salarios (0.1 %) frente a una inflación de 1,49% en 2017.
Esta situación para l@s más pobres contrasta con los grandes beneficios del IBEX-35. Así, como señala el informe anual de Intermón Oxfam nº 50, sobre el reparto desigual de la riqueza y el IBEX 35 (febrero de 2019) el 20% de la población con menos ingresos es hoy más pobre que hace 10 años, mientras que al contrario, el 20% con mayores ingresos es más rica. En cuanto a la productividad en las empresas, ésta se ha multiplicado por tres, lo que ha sido acompañado de sueldos que han crecido para los ejecutivos 5 veces más que la media: un dirigente puede ganar 301 veces lo que los salarios más bajo de una empresa, y eso sin contar subcontratas y multiservicios.
Del mismo modo ocurre si nos fijamos en sectores que ahora se echan las manos a la cabeza y piden ayuda y facilidades como las aerolíneas como Ryanair o el grupo IAG del que forma parte Iberia (con más de 1200 millones de euros de beneficios en los 9 primeros meses del año fiscal y más de 2800 millones de euros respectivamente en ¡1 solo año!), la hostelería o la comida rápida cuyos beneficios en la última década han sido magros: en 2019 cerraron el año con un aumento de ventas de 37.000 millones de euros, cifra altísima e incluso inferior a los años 2016 y 2017, donde aún se llenaron más los bolsillos. Sin embargo, Burger King y VIPs han anunciado un ERTE de 22000 trabajadores y hoteles como Meliá ya planteaban la semana pasada el despido de 240 trabajadores en un hotel en Canarias. Y a esto debe sumarse la enorme precariedad existente en el sector con multiservicios, subcontratas, etcétera. Si en época de bonanza no repartían los beneficios, ¿por qué ahora quieren repartir las deudas?
Nuestras vidas y nuestra salud valen más que sus beneficios
Los datos anteriores la crisis del coronavirus están dejando claro que vivimos en un sistema económico profundamente injusto en el que prima por encima de todo la búsqueda del máximo beneficio de unos pocos frente al bienestar social de la mayoría. En esa lógica se insertan las políticas de recortes que año tras año han destrozado nuestros servicios públicos a favor del sector privado, entre los que se encuentra la sanidad, y con el objetivo de pagar una deuda pública que los ricos y su especulación habían generado. Las muertes de hoy son fruto del virus pero también de esas políticas que no permiten a día de hoy atender a la cantidad de enferm@s que llegan a diario a nuestros hospitales. No olvidemos que en el estado español se ha desmantelado durante años la sanidad pública hasta llegar a tener un 55% de hospitales privados en el conjunto del territorio con el 33% de las camas existentes y que a día de hoy siguen sin atender a los y las contagiadas.
No podemos confiar en los que nos gobiernan para aportar respuestas a las consecuencias de esta crisis. Ya en 2008 y así hasta hoy, los diferentes gobiernos han ido legislando en beneficio de los de siempre sin importarles nuestras vidas. Ahora no va a ser diferente. Pedro Sánchez ya lo dijo el viernes día 13 de marzo anunciando “el apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar los despidos, los denominados ERTEs”. Este gobierno, al igual que ya lo hicieran los anteriores, volverá a aplicar una política de inyección de dinero público para salvar a las empresas privadas en lugar de coger el dinero de los grandes beneficios para mantener el empleo y los salarios de las clases populares. Eso es una decisión política que tampoco tomará el gobierno del PSOE-UP.
Hay dinero, pero hay que cogerlo donde está. Basta ya de que la crisis la paguemos siempre l@s mism@s. Necesitamos construir una sociedad en la que prime el bienestar de la mayoría social y en la que las decisiones las tomemos los y las que producimos las riquezas todos los días. Las propias medidas que se están tomando frente a una emergencia sanitaria en estos momentos demuestran que lo que prima sigue siendo los intereses de unos privilegiados.
Los ejemplos son numerosos: mientras que los que nos gobiernan llevan una semana haciendo reuniones virtuales, l@s trabajador@s de empresas con grandes concentraciones como Amazon en Madrid, Mercedes-Benz en Vitoria, Airbus en Puerto Real o Consentino en Almería siguen obligad@s a ir a trabajar aunque estas empresas no sean de productos de primera necesidad. No es verdad que tod@s estemos expuestos por igual a este virus. Mientras que los futbolistas, los políticos o los reyes no tienen ningún problema para que se les haga la prueba del coronavirus, a otr@s como por ejemplo a los y las sanitarias se les niega para evitar bajas y porque cuesta mucho dinero.
Ante esta situación, la actitud de las direcciones de las grandes centrales sindicales UGT y CCOO está siendo de ponerse al servicio de los empresarios y no de l@s trabajador@s. En el acuerdo firmado facilitan despidos, ERTEs y EREs sin que a cambio haya ningún tipo de concesión. Eso es inadmisible. La única forma de acabar con estas desigualdades y con las políticas permisivas frente a los ERTEs, los EREs y las suspensiones de contratos es organizándose y haciendo valer nuestros derechos.
¿Qué medidas de urgencia social para que esta crisis la paguen los que más tienen?
Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR consideramos que es necesario poner en marcha medidas de urgencia que eviten que la crisis la paguen una vez más l@s trabajador@s:
-Prohibición de despidos, EREs, ERTEs en todos los sectores económicos. Ningún/a trabajador/a despedid@ por la situación actual. Para evitar los despidos tomemos el dinero de los grandes beneficios, de los dividendos y de los paraísos fiscales.
– Readmisión de tod@s l@s despidid@s.
-Reducción de jornadas laborales sin reducción de salario en aquellos sectores considerados como fundamentales, para garantizar así los servicios, la salud y la seguridad.
-Requisar los medios de la sanidad privada ya sin indemnización, para ponerlos al servicio de la sanidad pública y asegurar que eso se hace en el conjunto de las provincias del estado español. No perdamos más tiempo. Cada hora que pasa son más las muertes registradas.
-Poner la industria farmacéutica y la investigación médica privada al servicio de la sanidad pública y favorecer la colaboración internacional con todos los datos sobre la mesa para encontrar una vacuna en el menor tiempo posible.
-Cierre económico sin consecuencias sobre l@s trabajador@s: ninguna persona a trabajar si no son servicios indispensables. Si es necesario evitar el contagio y salir de casa, esto no puede solo circunscribirse al tiempo libre.
-Creación de un impuesto especial para las mayores fortunas y los beneficios empresariales con el objetivo de crear un fondo para hacer frente a la situación.
-Intervención de mercados y supermercados, eliminación del IVA en productos de primera necesidad y control del reparto de los mismos. Requisar los sectores estratégicos que se necesiten para hacer frente a esta situación.
-Regularización de inmigrantes sin papeles para que puedan acceder a ayudas, paro y demás medios básicos de vida.
-Prohibición de desahucios e intervención de empresas de energía, asegurando el suministro, evitando los cortes y rebajando los precios. Paralización de alquileres hasta normalización de la situación y puesta en marcha de un plan de alquiler social para amortiguar las consecuencias de esta crisis para l@s trabajador@s.
– Puesta en marcha de servicios para dar cobertura a l@s más necesitad@s, el cual debe extenderse cuando se supere la actual crisis: vivienda social, medios básicos, inserción laboral…
-Obligar a las entidades financieras a devolver el dinero público empleado en el rescate bancario (más de 65000 millones de euros). Creación de una banca pública bajo control social que asegure la situación cuando se vuelva a la normalidad.
-No al pago de la deuda: derogación del artículo 135 de la Constitución para situar en primera línea la inversión en servicios públicos y necesidades sociales.
-Plan de actuación especial para frenar la violencia de género en el ámbito familiar que esta situación de reclusión en las viviendas puede profundizar.
¡La crisis del coronavirus no la pagamos l@s trabajador@s!
