Si hay algo que está poniendo de relieve la crisis del coronavirus que azota la economía mundial y tiene el actualmente el foco en Europa, ya epicentro de la pandemia, tras haberse superado el pico en China, es que aquello que nos contaron y prometieron asegurar, que la “refundación del capitalismo” tras la caída de Lehman Brothers en 2008 había servido para reforzar los controles en la economía para evitar otra crisis– que por otra parte nunca se creyó el conjunto de la clase trabajadora y que nada nos sirve a l@s anticapitalistas y revolucionari@s- se ha derrumbado como un castillo de naipes en las últimas semanas.
El coronavirus ha irrumpido en un escenario económico inestable. Ha afectado a una economía china más interconectada con el mercado global que en la década del 2000 y golpea al capitalismo europeo a partir de Italia, ya arrastrado hacia abajo por la crisis alemana. El mismo colapso de los precios del petróleo es el efecto no sólo de la guerra de Arabia Saudí y Rusia con EEUU, sino también de la enorme caída en la producción industrial de empuja el virus. Las bolsas mundiales registran este escenario como un sismógrafo porque el virus puede actuar como un punto clave en la nueva burbuja financiera alimentada esta década.
Italia ya está en recesión, con elemento de auténtico colapso para los principales sectores de su economía, y esa crisis en el 2º estado industrial de la UE arrastrará a su vez a la economía continental, ya estancada. El coronavirus ya golpea también en EEUU, un país con pies de barro sin sistema de salud público, donde l@s pacientes tendrán que esconderse para evitar el despido o el precio insostenible del tratamiento, con el riesgo de una propagación aún más dramática que en Europa. Lo único claro de esta nueva crisis es que volverá a cargarse sobre las espaldas de l@s trabajador@s: el mismo sistema que ha demolido en todas partes la sanidad pública para apoyar a los bancos recaerá como bola de nuevo sobre la mayoría social.
Requisemos los hospitales privados para ponerlos al servicio de la sanidad pública
Una emergencia de estas características que alcanza la velocidad máxima de contagio de toda la UE esta semana en el estado español no podía más que revelar las enormes fallas de una sanidad pública atacada por al menos una década de salvajes recortes y privatizaciones, no sólo pero especialmente en la comunidad de Madrid, donde el coronavirus se ha convertido en un agente que puede llegar a ser mortífero en los próximos días y semanas. L@s trabajador@s sanitarios, primera línea en el frente de batalla, son quienes más sufren en cifras y problemas laborales derivados de la gestión privatizadora y de externalizaciones de Madrid.
Desde que arrancó esta crisis sanitaria, el gobierno de la comunidad ha tenido que hacer frente a 300 nuevas contrataciones y ha asumido la prolongación de los 1300 contratos de trabajador@s sanitari@s que iban destinad@s en origen a la campaña de la gripe. Frente a los más de 1500 casos de infectad@s a finales de esta semana, la consejería de Sanidad dispone de 2100 camas menos respecto a hace una década. Hoy la región tiene 33 hospitales públicos y 50 privados, que no cubren el tratamiento de la pandemia, de los 300 euros por prueba que alguno cobraba obscenamente a principios de semana. En cuanto al conjunto del estado, los hospitales de gestión sanitaria privada representan el 55% del total de hospitales. Con un 33% de camas existentes.
Ante estas cifras de una sanidad pública esquilmada en todo el estado y especialmente en Madrid, la inyección de 3800 millones al Sistema Nacional de Salud a repartir entre las comunidades autónomas que anunció Pedro Sánchez el jueves, sin duda importantes, se quedan solamente a medio camino y no afrontan plenamente la realidad: la sanidad pública no puede ser sólo coyunturalmente atendida económicamente y volver a la situación previa en cuanto remita la pandemia. Es el momento de revertir toda privatización en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Frente a ello, proponemos requisar el total de hospitales privados y de la gestión sanitaria privatizada y externalizada, y no sólo una intervención selectiva, para ponerlos al servicio íntegro de la sanidad pública, así como una amplia contratación de personal sanitario, administrativo y de limpieza, entre otros sectores profesionales, en todos los niveles de la administración del estado capaz de cumplir bajas, y de la misma forma dotar al Sistema Nacional de Salud de todo el material sanitario y de limpieza que se haga necesario; nacionalizar la industria farmacéutica y biotecnológica y controlar la distribución y precios de sus productos. Para ello es obligación que todos los recursos económicos del servicio de salud privado se coordinen y controlen desde las autoridades sanitarias y asuma todas sus competencias el Sistema Nacional de salud.
Ni un solo despido de trabajador@s: ni EREs ni ERTEs de empresas afectadas
La crisis originada por el coronavirus a nivel internacional y sus consecuencias económicas para el capital y las multinacionales en el el estado español de ninguna manera se puede convertir en la excusa perfecta para la clase dominante, justificada hábilmente con todo tipo de argumentos por el gobierno, la patronal y los medios de comunicación, mediante la coacción del shock y la histeria desatados, para llevar a a cabo una poda de despidos en las empresas y administraciones públicas afectadas económicamente durante las semanas o meses en que el coronavirus afecte a la vida cotidiana del estado.
A principios de esta semana han sido varias las empresas que ya han anunciados despidos de trabajador@s, apoyadas en la todavía vigente reforma laboral de 2012 que los facilita incluso en una situación de emergencia como la actual: cadenas hoteleras en la costa, como Meliá, las aerolíneas Air Europa, Vueling, Ryanair, las empresas Nissan, Seat, Ford, Opel, Fujitsu, Kostal Eléctrica, Cortefiel e Inditex, además de muchos contratos derivados o relacionados indirectamente con las consejerías de Educación en Madrid y Euskadi (servicios de comedor, monitores de apoyo, limpiadoras, escuelas infantiles, asesores de lengua de signos y traductores e intérpretes), son sólo los primeros casos ya anunciados.
Para salir al paso de esta riada de decenas de miles despidos, aparentemente temporales mientras dure el estado de cuarentena, a lo largo y ancho del estado, la CEOE y Cepyme junto a las direcciones de CCOO y UGT, acordaron en una reunión conjunta el jueves presentar al gobierno PSOE-UP una serie de medidas conjuntas en el marco del llamado “diálogo social” para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en el mundo laboral. Ya apunta en una dirección bien definida el hecho de que el líder de la patronal, Antonio Garamendi, reclame “unidad” para afrontar la crisis.
Cabe señalar que las empresas del Ibex ya recuperaron en 2017 las ganancias previas a la crisis y desde el año 2013, cuando el conjunto de la clase trabajadora sufría los mayores recortes sociales y la reforma laboral de Rajoy se estrenaba como una máquina de destrucción masiva de empleo y precariedad, ya había una mayoría de empresas en el estado español que obtenía beneficios, y el total de éstas ya había recuperado un 75% de su valor. Resulta más que insultante que la CEOE olvide que no hemos salido la clase trabajadora y la empresarial de igual manera y ahora exija “unidad” a los sindicatos como forma de interpelar al conjunto de l@s trabajador@s.
El documento incluye una flexibilización de los despidos temporales para adaptar los ERTEs a un escenario menos productivo: propone que las empresas y administraciones públicas puedan justificar sus expedientes de regulación de empleo, temporal o no, por el cierre de centros educativos y de mayores, la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad y el aislamiento, por “fuerza mayor”. Se trata en definitiva de rescatar una vez más a las empresas y despedir a miles de trabajador@s, coaccionad@s por la situación de emergencia, verdadera fuerza de trabajo. Y este acuerdo viene amparado por las direcciones sindicales y un “gobierno de izquierdas” que apelará, una vez más, a la situación de excepcionalidad y a evitar que el coronavirus contagie a la economía.
Frente a ello, proponemos no dejar que esta crisis sea otra coartada para que la clase trabajadora pague los platos rotos y la patronal y el Ibex salgan prácticamente indemnes de estas semanas y meses: hay que prohibir todos los despidos de trabajador@s, temporales o no, así como ejecutar una suspensión de las hipotecas; garantizar íntegramente la seguridad de l@s trabajador@s en situación de riesgo por contagio que no podrán ausentarse de su puesto de trabajo (estibadores, transportistas, trabajador@s de la dependencia, sanitari@s) durante la pandemia; mantener de manera íntegra y sin excepción el pago del salario para el conjunto de la mayoría social durante esta crisis; extender las prestaciones sociales tanto a trabajador@s en activo como en desempleo y ampliar los derechos de conciliación sin ningún tipo de perjuicio económico.
Para tal objetivo, los capitalistas, la banca y las multinacionales, deben contribuir económicamente con, como mínimo, la cantidad de dinero inyectada en los sucesivos rescates por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, por una parte,y un impuesto extraordinario a las grandes empresas, prorrogable en el tiempo hasta que recuperen las condiciones económicas l@s trabajador@s afectad@s por el coronavirus, por otra. Creemos igualmente que las políticas de austeridad fiscal son más que nunca injustas e incompatibles con una situación de emergencia social, por lo que llamamos a derogar el artículo 135 de la Constitución, eliminar indefinidamente el techo de gasto de deficit recientemente aprobado y el pago de la deuda pública.
Ni una sola familia desahuciada: prohibición de las ejecuciones hipotecarias
Una de las primeras medidas adoptadas por Italia cuando el coronavirus se cernía sobre su población fue la suspensión de los pagos de hipotecas para las familias más vulnerables. Siendo una medida tímida, ya supuso un paso por delante de las tomadas por el gobierno PSOE-UP en el estado español, que en su primera comparecencia pareció obviar los cientos de desahucios ejecutados en este 2020 y lo que éstos suponen bajo la amenaza del virus. El movimiento por el derecho a la vivienda va más allá y exige desde el jueves la suspensión de los desahucios de hipoteca y de alquiler hasta que finalice la cuarentena.
El Poder Judicial ni suspende los desahucios ni se ve concernido por el anuncio de decretar el “estado de alarma”. Por lo tanto proponemos que no cabe marcar límites temporales cuando se pide mantenerse bajo techo y que una ejecución hipotecaria era y será un golpe de clase tan violento que no cabe de ninguna manera posponerse: hay que prohibir todo tipo de desahucios en todo el estado, saludando las suspensiones ya anunciadas en Catalunya, Euskadi, Madrid, Asturies y Aragón; poner para tal fin a disposición de las familias vulnerables todas las viviendas en manos de la banca; asegurar igualmente el total de los suministros de luz, agua y gas, así como bienes y productos de primera necesidad, tomando el control de las empresas eléctricas y de abastecimiento de agua, así como controlar el stock de mercancías.
Ninguna persona encarcelada en CIEs ni deportada
Ante la actual emergencia humanitaria, cabe recordar una vez más, y a pesar de los oídos sordos del ministro Grande-Marlaska que pretende “humanizarlos”, la violación de derechos humanos que suponen los centros de internamiento de extranjer@s, auténticas cárceles monumento al racismo institucional. La Campaña estatal por el cierre de los CIEs pide acertadamente desde el jueves al gobierno PSOE-UP el cierre inmediato de estos centros y la puesta en libertad inmediata de las personas migrantes detenidas. Dado que a día de hoy más de 60 países han adoptado restricciones al acceso de personas del estado español, las expulsiones de est@s migrantes a sus estados de origen deben prohibirse auromáticamente.
Exigimos por tanto la liberación de las personas migrantes presas en los centros y el cierre definitivo de todos los CIEs en el estado español, para poder garantizar la protección de su salud y evitar el contagio del coronavirus en espacios de mayor concentración de personas y en lugares en que las condiciones higiénicas y sanitarias han sido denunciadas en ocasiones como muy deficientes; garantizar el acceso a la sanidad pública y al tratamiento frente al contagio a las personas detenidas en los CIEs; requisar las viviendas en manos de los fondos buitre para asegurar un techo a todas las personas migrantes liberadas y prohibir toda deportación desde cualquier punto del estado a cualquier país extranjero.
Izquierda Anticapitalista Revolucionnaria IZAR creemos que la factura de esta crisis esta vez sí debemos imprimirla la clase trabajadora, no los gobiernos y la patronal, que han salido reforzados de la de 2008, en forma de recortes de derechos laborales, sociales y despidos, repartiendo la riqueza de quienes no verán afectada su privilegiada posición económica, e interviniendo en la economía, en el consumo y poniendo en valor lo público para garantizar que l@s trabajador@s, pensionistas y la juventud no vean lesionadas sus condiciones materiales laborales, sociales y despidos. Nunca hemos estado en el mismo barco que los capitalistas y su explotación, que constituyen un “estado de alarma permanente” bajo el sistema capitalista, y tampoco saldremos de esta crisis del coronavirus en él.
