Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR rechazamos frontalmente y denunciamos la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) dada a conocer el pasado 12 de febrero que avala las las devoluciones sumarias de migrantes en la frontera de Melilla, conocidas como “devoluciones en caliente”, autorizadas por los gobiernos del estado español. A este pronunciamiento favorable se agarraba el gobierno Sánchez y el ministro de Interior Grande-Marlaska para llevar a cabo las deportaciones que criticaba a Rajoy en los meses que ha estado gobernando y que ahora compromete a Unidas Podemos.
Consideramos que Estrasburgo, con esta sentencia definitiva, cuelga los derechos humanos en una verja al servicio de la Europa-fortaleza del capital, y aclara las dudas de quienes pensasen que podría ser el último baluarte de los más fundamentales derechos de las personas. Es contraria a los principios básicos del Derecho Internacional, pues deja vacías de contenido cuestiones tan básicas como el derecho de asilo, el principio de no devolución o el acceso a un recurso efectivo frente a la expulsión, entre otras.
El mismo Tribunal de Estrasburgo invalida con esa decisión su propia sentencia de octubre de 2017, cuando condenó al estado español por devolver a Marruecos a 2 migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014, sin recibir asistencia sanitaria ni jurídica como establecen, tanto la Convención de Ginebra, como el Convenio de Derechos Humanos de la UE, al tratarse de una expulsión colectiva sin posibilidad efectiva de recurso judicial. Desde 2015 la ley de Seguridad ciudadana, todavía en vigor, da cobertura legal a estas devoluciones.
El estado español lleva al menos más de una década ejecutando devoluciones sumarias de inmigrantes en la frontera sur e incumpliendo de sistemáticamente la propia normativa internacional y europea, ya que no se puede intentar legalizar lo ilegal, y menos cuando ponen en riesgo a quienes se han visto obligad@s a huir. Los diferentes gobiernos no garantizan una política de visados efectiva en material laboral, tal y como lo justifica el tribunal, lo que supone un preocupante desconocimiento de la realidad migratoria en el estado español.
Consideramos inaceptables y miserables las declaraciones del ministro Grande-Marlaska cuando afirmó el pasado 18 de febrero que “La sentencia de Estrasburgo manifiesta que la violencia es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales” así como la valoración desde el gobierno de que “el fallo da mayor seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil”, ambas del sello de las políticas migratorias del PP e incluso perfectamente compartidas por la ultraderecha, que no han sido respondidas por Unidas Podemos.
De un ministro de Interior con un pasado tan poco comprometido con los derechos humanos que se compromete a pie juntillas con medidas tan reaccionarias como elevar un 30% la valla de Melilla, remodelar las cárceles-CIEs y retirar las concertinas que a la vez paga a Marruecos para que las levante en su territorio en ningún caso podemos esperar políticas migratorias que vayan mínimamente en otra dirección.
Exigimos al gobierno PSOE-UP y en concreto a Unidas Podemos, si de verdad quiere convencer a quienes apoyan al llamado “gobierno de izquierda” de que otra política migratoria es posible dentro de los marcos de la Europa-fortaleza, que lleven hasta el final el acuerdo programático de coalición que los compromete a una “acogida digna” para las personas migrantes y rechace expresamente aplicar este tipo de devoluciones.
El derecho al asilo no es negociable. No a las devoluciones en caliente.
