En estos meses en que el pueblo catalán está probando toda la medicina reaccionaria desde de las instituciones del estado, conviene recordar que los arrestos, cargas, acusaciones de terrorismo, montajes y prohibiciones fueron el pan de cada día y el objetivo de las fuerzas represivas de Madrid para las y los militantes de la izquierda abertzale en Euskal Herria y para el pueblo vasco en general. Una persecución política y judicial que no ha dado ni un segundo de tregua incluso después del anunciado final de la lucha armada por parte de ETA y la renuncia a la agitación urbana por parte de la juventud vasca.
El caso de los 8 jóvenes de la localidad navarra de Altsasu acusad@s de terrorismo por una pelea de bar y la consiguiente militarización del pueblo no ha dejado de sacudir a la opinión pública desde aquella noche del 15 de octubre el año 2016. Dos agentes de la guardia civil y sus parejas fueron partícipes, junto a quienes llevan más de 520 días pres@s sin juicio, de una pelea con fractura de tobillo y hematomas que tuvo como respuesta desde Madrid la consideración de delito de terrorismo. Esta semana se ha iniciado el juicio, en el que el fiscal general del estado exige para l@s acusad@s un total de 375 años de prisión: uno se enfrenta a 62 años de prisión, 6 podrían ser condenados a 50 años y una a 12 años.
La denuncia desde Covite, un poderoso grupo de presión en los intereses de las víctimas de ETA y que representa los impulsos más reaccionarios del nacionalismo español, convenció a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la misma que ordenó la detención de los Jordis tras el 1 de octubre en Catalunya, para magnificar las acusaciones. El caso Altsasu ha reactivado la estrategia del laureado juez Baltasar Garzón a finales de los 90 con el sumario 18/98 y la teoría del entorno o del “todo es ETA”. En efecto, la jueza y el fiscal se apoya en la pertenencia de uno de ell@s a Ospa Mugimendua, organización local que lucha por la “expulsión de las fuerzas de ocupación españolas” de a través de las iniciativas como Alde Hemendik (Sal de aquí).
De acuerdo con la política ejecutada y heredada de los tribunales de la dictadura franquista, el haber sido “Alde Hemendik” un eslogan utilizado por parte de las organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, l@s jóvenes de Altsasu serían considerad@s automáticamente “terroristas”. Y esto a pesar del hecho de que el movimiento local en cuestión, Ospa Mugimendua, nunca ha sido objeto de procedimientos judiciales de ningún tipo. Sus amig@s y familiares, organizad@s en el movimiento Altsasu Gurasoak, sufren la política de dispersión inaugurada por los gobiernos del PSOE en los años 80 recorriendo 1000 kilómetros cada fin de semana.
En defensa de l@s 8 de Altsasu se han desplegado mociones en decenas de ayuntamientos, las instituciones forales vascas, el parlamento y gobierno navarros, diputad@s, intelectuales, jueces, periodistas y 52 eurodiputad@s expresión de 15 países diferentes que en julio de 2017 pidieron al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una intervención urgente para frenar al gobierno Madrid. Obviamente no obtuvieron ninguna respuesta. En estos 520 días las paredes de Euskal Herria se han llenado de pancartas, carteles, escritos y murales, las calles y plazas se llenaron de sentadas, desfiles y asambleas por la libertad de est@s últim@s pres@s acusad@s de terroristas en la espiral represiva del gobierno español.
