Referéndum, represión y reformas constitucionales
El referéndum previsto para el próximo 1 de octubre en Catalunya está mostrando el verdadero rostro del régimen del 78. Toda la maquinaria se ha puesto en marcha para impedir por todos los medios que se celebre dicho referéndum. Jueces, policías y gobierno central están llevando a cabo una política represiva que no deja de ir en aumento conforme se va acercando el día de la consulta. Prueba de ello es el envío masivo de policías y guardias civiles albergados en cruceros por parte del Ministerio del Interior así como el nombramiento por parte de la Fiscalía Superior Catalana del Coronel de la guardia civil, Diego Pérez de los Cobos, como jefe de los Mossos.
El estado español va en serio y su política es la de impedir a toda costa y mediante el uso de la fuerza que los y las catalanas puedan votar. Y para ello, todo vale. Detenciones, prohibiciones de actos dentro o fuera de Catalunya, incautación de papeletas y propaganda electoral y por último denuncias por delito de sedición que conllevarían años de cárcel. Esa es la democracia del régimen del 78.
Mientras tanto, C’s y PSOE defienden sin fisura la actuación del estado español y a los intereses de su bando social aunque con diferente discurso alineándose de ese modo con la política llevada a cabo por el gobierno del PP. Así lo han escenificado tanto Rivera como Sánchez reuniéndose con Rajoy en la Moncloa. Todos a una para defender la unidad de España y la Corona. Y eso por varios motivos. En primer lugar porque es uno de los pilares del régimen del 78 y de la Transición pero por otro porque saben que la lucha por este derecho democrático puede abrir nuevos frentes democráticos en el conjunto del estado como la cuestión de la Monarquía o República o el derecho a decidir de otros pueblos sin estado, pero también nuevos frentes sociales en función de si la clase trabajadora y la juventud encabezan la lucha por el derecho a decidir con una hoja de ruta y un programa propio e independiente al de la burguesía catalana. Eso es lo que verdaderamente asusta al régimen del 78. Temen que la lucha por el derecho a decidir pueda extenderse a otras luchas con contenido social como por ejemplo la cuestión del paro, la precariedad, los salarios, la deuda, las pensiones o los servicios públicos.
En cuanto a Unidos Podemos y a sus diferentes variantes en Catalunya, siguen algo incómodos con la movilización que se está llevando a cabo. Si bien se oponen a la represión del estado español, se oponen sin embargo a dicho referéndum. Para ellos la solución pasaría por el diálogo entre todas las fuerzas para alcanzar una consulta pactada mediante una reforma constitucional. Una quimera dado que cualquier reforma constitucional supone los 2/3 del parlamento y porque eso supondría que PSOE, PP y C’s estuvieran de acuerdo en pactar un referéndum que permitiera al pueblo catalán independizarse del resto del Estado Español.
Unidos Podemos sabe que es una quimera. Pero trata de hacer política institucional desmarcándose del PSOE pero a la vez tendiéndole la mano para tratar de repetir a escala estatal el acuerdo de gobierno alcanzado en Castilla-La Mancha. Eso es lo que verdaderamente preocupa a la dirección de Unidos Podemos y no de dar respuesta a cómo se defiende hasta las últimas consecuencias un derecho democrático como es el derecho de autodeterminación. En lugar de fortalecer, mediante la movilización, la agudización de la crisis abierta, Unidos Podemos trata una vez más de encauzar institucionalmente la movilización naciente en contra de la represión en lugar de fortalecerla.
Bancarrota de la desobediencia institucional del govern de Catalunya: para imponer el derecho a decidir hace falta la movilización y la huelga de la clase trabajadora y de la juventud
La estrategia del govern de Catalunya de lucha por el derecho a decidir mediante la desobediencia institucional está mostrando sus límites. Frente al duro ataque del estado español usando toda su maquinaria represiva no es posible imponer el derecho de autodeterminación del pueblo catalán sin que se exista una movilización sostenida en el tiempo del conjunto de los y las trabajadoras y la juventud usando sus propios métodos de lucha. Para ello es necesario que las organizaciones políticas y sindicales con implantación en la clase trabajadora y en la juventud propongan que se vayan creando en centros de estudios y de trabajo asambleas por la defensa de este derecho democrático. Sólo de esa forma se podrá imponer el derecho a decidir y hacer frente al estado español y sólo de esa forma se podrá ampliar la movilización también a cuestiones sociales.
El PDeCAT y ERC que han llevado a cabo en Catalunya políticas de ajuste que nada tienen que envidiar al PP de Rajoy no tienen ningún interés en que eso ocurra. La negativa por parte de los y las estibadoras de atender a los barcos que albergan a la policía nacional y a la Guardia civil en Barcelona y Tarragona y las ocupaciones de facultades del movimiento estudiantil dejan entrever la fuerza que podría llegar a tener un movimiento por el derecho a decidir en el que la clase trabajadora y la juventud jugaran un papel predominante.
En ese sentido, algunos sindicatos como la CGT de Catalunya y la IAC ya han anunciado una huelga después del 1 de octubre. La CUP ha apoyado dicha propuesta. Esta convocatoria de huelga debe ser una ocasión para que la clase trabajadora se autoorganice por le defensa del derecho a decidir así como para abrir dicho proceso a reivindicaciones sociales que se llevan exigiendo desde el inicio de la crisis del sistema capitalista.
Estos últimos días se llevan dando muestras de solidaridad con el derecho a decidir del pueblo catalán en el conjunto del estado español con movilizaciones significativas en diferentes ciudades. Ampliar la lucha democrática a una movilización más amplia y de carácter social puede ayudar a aumentar la respuesta del mundo del trabajo y de la juventud más allá de Catalunya. En ese sentido es imprescindible tratar la cuestión del derecho a decidir también en los centros de trabajo del conjunto del estado español y defender también la necesidad de la movilización y de la huelga general en solidaridad con los derechos democráticos del pueblo catalán y en contra de la represión del estado español.
Esto último no interesa ni al gobierno central ni al gobierno catalán ya que enfrentarse a día de hoy a las políticas de ajuste llevadas por ambos gobiernos y movilizarse por los salarios, en contra del paro, de la deuda y por la defensa los servicios públicos supone en definitiva enfrentarse a los intereses que tanto Rajoy como Puigdemont defienden: los de los capitalistas.
¿Y después del 1 de octubre?
El próximo 1 de octubre es la fecha prevista para el referéndum en Catalunya. Más allá del resultado que salga de las urnas (si al final el pueblo catalán consigue votar) es importante insistir en que el derecho de autodeterminación y la propia independencia del pueblo catalán sólo podrán hacerse efectivo si así lo desean los y las catalanes mediante la movilización y las huelgas. Ningún referéndum conseguirá eso. Desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR defendemos hasta las últimas consecuencias que el pueblo catalán pueda ir a votar el próximo 1 de octubre. Nos opondremos a cualquier política represiva solidarizándonos allá donde estemos con el derecho a decidir.
A día de hoy Izquierda Anticapitalista Revolucionaria IZAR no existe en Catalunya. Pero si allí estuviésemos llamaríamos a votar Sí porque supone reforzar a día de hoy el enfrentamiento con el Estado y con el régimen del 78. Sin embargo lo haríamos desde una perspectiva independiente al govern y exigiendo a Puigdemont y a Junqueras que no aplicarán ninguna política de ajustes.
Pensamos que la crisis abierta a raíz de la represión y de la negación de un derecho democrático básico sólo puede seguir agudizándose mediante la movilización independiente de la clase trabajadora y de la juventud con respecto a cualquier burguesía. Seguir supeditados a un proceso dirigido por la burguesía catalana no sólo no permitirá hacer efectivo el derecho a decidir ni la independencia sino que además no permitirá en ningún caso que la movilización de estos días en contra de la represión pueda incorporar en su seno cuestiones como la subida de los salarios, la prohibición de los despidos, el no pago de la deuda, la derogación de las reformas laborales, la defensa de las pensiones y de los servicios públicos y por tanto pueda extenderse al conjunto del estado español.
Sabemos que el gobierno de Puigdemont y de Junqueras han llevado y seguirán llevando a cabo políticas antisociales. Por eso mismo es necesario defender una estrategia de movilización de clase e independiente de dicho gobierno que sea capaz de defender al mismo nivel y hasta las últimas consecuencias tanto el derecho de autodeterminación como otro tipo de sociedad que haga que la crisis la paguen los capitalistas y no los y las que producen las riquezas. Ese es el camino de la huelga general y esa es la perspectiva que hay que defender desde ya en todos los centros de trabajo y de estudio.
